Qué hacer con los jueces

José García Domínguez

Lo escandaloso no es que el miembro más mediático del Gobierno de la Comunidad de Madrid resulte ser un juez de carrera sometido a la estricta disciplina militante del Partido Popular. Como tampoco es lo más escandaloso que un colega suyo en la misma carrera judicial, si bien sometido a la obediencia no menos estricta del PSOE, también resulte ser uno de los miembros más adictos a las cámaras de televisión del Gobierno de España. A fin de cuentas, los jueces son personas, no amebas. Y las personas, a diferencia de las amebas, no pueden renunciar a construir su visión personal de la realidad a través de algún prisma ideológico. En algún sitio le he leído a Francisco Sosa Wagner, jurista que probó en sus propias carnes lo que significa verse sometido a los comisarios políticos del partido o partidito de turno, que en Alemania, la ejemplar y respetable Alemania, dos de cada tres jueces federales resultan ser militantes de algún grupo político, algo perfectamente legal allí. Y no pasa nada, por cierto. 

Porque el problema no reside en que haya jueces de izquierdas y jueces de derechas. El problema, el de verdad, es que los jueces, e igual los de izquierdas que los de derechas, no puedan seguir siendo independientes si pretenden ocupar alguna plaza en los más altos y codiciados tribunales, los que forman la cúspide del sistema. Y eso no se resuelve dejando el CGPJ en manos de los partidos políticos, pero tampoco entregándolo a las asociaciones judiciales, ficticios escaparates profesionales para la galería tras los que se esconden esos mismos partidos políticos disfrazados de lagartera. Porque hay alternativas, y perfectamente ajustadas a la letra y la música de la Constitución del 78, que nos permitirían liberarnos de la maldición de tener que ir saltando siempre de los jueces que obedecen al PP a sus iguales que obedecen al PSOE. Y esa alternativa viable y constitucional se llama sorteo. Nada, absolutamente nada, impediría elegir por sorteo, por ejemplo entre los jueces y fiscales que lleven más de veinticinco años en activo, a los miembros del CGPJ. La independencia, sí, es factible. Lo que ya no está tan claro es que sea deseada

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