Un indulto contra la Nación

EDITORIAL

El Gobierno social-comunista ya ni se preocupa en disimular su autoritarismo bananero y tiránico, de modo que tanto José Luis Ábalos como Carmen Calvo han dejado claro que no se van a tener en cuenta las resoluciones de la Fiscalía y el Tribunal Supremo contrarias al indulto a los sediciosos presos por el golpe separatista de octubre de 2017. El desprecio por las instancias judiciales revela el verdadero carácter del Ejecutivo del comunista Pablo Iglesias y el socialista Pedro Sánchez, el cariz despótico de sus planes y sus pretensiones totalitarias.

El ministro de Transportes se ha referido a la concesión de los indultos a los golpistas como una "obligación moral" para "aliviar tensiones en Cataluña", mientras que la vicepresidenta segunda, con su habitual desparpajo para la infamia, ha dado por seguro lo que es un secreto a voces desde que ERC comprometió su voto favorable a los Presupuestos Generales del Estado. Los golpistas serán indultados.

No es que los golpistas no se hayan arrepentido de sus gravísimos delitos, sino que se jactan de que los volverán a cometer, hasta el punto de que "ho tornarem a fer" se ha convertido en otro mantra separatista, como el repulsivo "España nos roba". En octubre de 2017 esos sujetos, condenados por sedición y malversación en una muy benévola interpretación penal de sus actos, trataron de poner al Estado contra las cuerdas, provocaron un éxodo masivo de empresas, intentaron utilizar a los Mozos de Escuadra como fuerza de choque frente a la Guardia Civil y la Policía Nacional, llevaron a cabo un referéndum ilegal, se parapetaron detrás de sus votantes y estuvieron a punto de arrasar definitivamente con los derechos de más de la mitad de la población de Cataluña, ciudadanos que habrían sido considerados definitivamente extranjeros en su propio país.

El arrepentimiento no está en la agenda de esos indeseables, que rivalizan entre sí en radicalidad y fanatismo y que disfrutan de unos privilegios carcelarios obscenos porque la Administración que controla las prisiones es la Generalidad, que sus partidos manejan a su antojo; partidos que son, al fin y al cabo, socios del Gobierno que planea indultarles por encima de cualquier consideración ética o jurídica.

La liberación de los golpistas supone una grave amenaza para la democracia. Representará la consagración del poder separatista, dará carta blanca a quienes pretendan quebrar la unidad de la Nación, despejará el camino a un nuevo referéndum y será la ominosa evidencia de que, en la España de Sánchez e Iglesias, saltarse las leyes tiene premio. El sistema constitucional de libertades y convivencia está en verdadero peligro.

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