El fin del estado de alarma no puede llevar a la instauración de otros 17

EDITORIAL

El fin del estado de alarma, el próximo domingo, no puede dar paso a la posibilidad de "17 estados de alarma", tal y como da a entender el irresponsable Gobierno de Pedro Sánchez y como parece que le gustaría a más de un liberticida mandatario autonómico. En este sentido, la Fiscalía, con encomiable independencia, no ha podido contradecir de forma más clara al Gobierno –según el cual la limitación de derechos fundamentales podría continuar sin el estado de alarma– al asegurar: "No pueden adoptarse medidas limitativas de derechos fundamentales a un conjunto indeterminado de personas al amparo de la legislación sanitaria vigente".

Es más, el gabinete técnico del Tribunal Supremo, aun sin querer entrar en la cuestión de fondo, ha advertido de la "posible insuficiencia" del decreto-ley del Gobierno para regular derechos como los que se ven afectados con el toque de queda y los confinamientos.

Y es que la decisión de este Gobierno de incompetentes de lavarse las manos y dejar a las comunidades autónomas que hagan lo que les venga en gana, para que luego sea el Supremo el que diga si las medidas adoptadas son o no acordes a Derecho, provoca no ya "problemas procesales", tal y como tímidamente apunta el Supremo, sino una inseguridad jurídica tremenda.

Ya resultó una vergüenza que el estado de alarma de seis meses que este domingo llega felizmente a su fin se estableciera de una tacada y no por prórrogas de quince días, tal y como textualmente señala el artículo 116.2 de la Constitución. Pero el colmo sería que las restricciones de derechos fundamentales que únicamente ampara el estado de alarma prosiguieran después del domingo en algunas comunidades bajo el insuficiente amparo jurídico de un mero decreto-ley.

Finalmente, hay que reiterar que ni la falta de libertad ni la inseguridad jurídica pueden ser solución a un problema que debe abordarse con medidas preventivas y de protección que no paralicen la actividad económica ni asfixien la libertad de movimientos de los ciudadanos; y, sobre todo, con una mayor celeridad y masividad en el proceso de vacunación.

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