"España nos mata": operación separatista para deslegitimar las elecciones del 14-F

Ataques contra el TSJC por un supuesto nuevo 155 y llamamientos velados a la insumisión de los miembros de las mesas para evitar contagios.

Pablo Planas (Barcelona)

El nervio argumental de la campaña electoral del independentismo vuelve a ser el 155. Al igual que en las elecciones del 21 de diciembre de 2017, convocadas y celebradas al amparo del artículo constitucional, los partidos separatistas arremeten contra los jueces, contra el Gobierno y contra España. La intervención del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) propiciada por los recursos contra la suspensión de las elecciones y su aplazamiento hasta el 30 de mayo es la palanca del eslogan que subyace en todas las críticas. Se ha pasado del "España nos roba" al "España nos mata".

La independencia vuelve a ser más urgente que nunca porque según la propaganda separatista, el TSJC puede obligar a los electores de Cataluña a votar en un contexto epidemiológico gravísimo, con la pandemia desbocada y las unidades de cuidados intensivos saturadas sólo para salvaguardar el supuesto "efecto Illa", en alusión a las encuestas que apuntan que el candidato socialista y aún ministro de Sanidad puede ser el vencedor de los comicios.

El hecho de que el TSJC mantenga la fecha del 14-F "provisionalmente" y que anunciará que decidirá sobre el fondo de la cuestión antes del 8 de febrero también es munición para los dirigentes independentistas. Así, Meritxell Budó (JxCat), la portavoz del Govern, insiste en que el TSJC no sólo altera el procedimiento electoral, "sino que pone en riesgo la salud de los votantes".

El economista vinculado al separatismo Xavier Sala i Martín fue el primero en aventar esa tesis cuando el TSJC decidió aplicar las medidas cautelares que solicitaban dos de los recursos contra el decreto de suspensión de la Generalidad. El pasado día 19 acusaba al TSJC por anticipado de una hipotética mortalidad entre los miembros de las mesas electorales: "Como los miembros de las mesas electorales son elegidos al azar, se podría diseñar un estudio que examine el impacto que las elecciones tendrán sobre la tasa de infección el día 14 de febrero. Así sabremos aproximadamente el número de muertos de los que será responsable el TSJC".

El mensaje del economista suscitó un vivo debate sobre los llamamientos a la insumisión de los componentes de las mesas electorales, una manera de boicotear las elecciones con la excusa de los riesgos para la salud implícitos en la jornada electoral si el 14-F no se ha superado el pico de la tercera ola. En las redes sociales y en las tertulias de los medios catalanes, la hipótesis de miles de miembros de las mesas se abstengan de comparecer el día de autos se maneja con total naturalidad. En total, 75.000 personas han sido designadas para formar parte de las ocho mil mesas previstas.

La Generalidad les ha enviado un documento en el que especifica que entre las 19 y las 20 horas deberán vestir equipos de protección de alta seguridad puesto que esa es la franja horaria en la que se recomendará el voto de los contagiados y los contactos.

Censura a los jueces

La veta del boicot comparte protagonismo con el nuevo 155 que el independentismo se ha sacado de la manga. Según Laura Borràs, la número dos en la lista de Puigdemont y candidata "efectiva" a presidenta de la Generalidad, el TSJC alimenta un "caos jurídico" y participa del "155 permanente que sufrimos desde 2017".

La teoría es compartida por ERC, cuyo líder, Oriol Junqueras, combinaba el ataque a los jueces con la acusación sobre la salud de los ciudadanos en el siguiente mensaje vía Twitter: "Estamos delante de un nuevo 155 encubierto, jueces y régimen del 78 dando un nuevo golpe a la democracia. Al candidato Illa le ganaremos otra vez en las urnas, como hacemos siempre con el PSOE, pero el ministro Illa debería valorar qué pone por delante, si la salud o los cálculos electorales".

Con estas acusaciones el separatismo trata de ocultar el hecho de que todo el embrollo parte de errores de cálculo y previsión como no haber designado un nuevo presidente de la Generalidad tras la inhabilitación de Quim Torra o haber convertido al vicepresidente Pere Aragonès en una especie de marioneta con el cargo de "vicepresidente en funciones de presidente" en vez de "presidente en funciones". Y todo ello fruto de los pactos de dos partidos en guerra abierta, JxCat y ERC.

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