La sentencia del caso de los ERE no verá la luz antes de las elecciones de mayo

La enfermedad del ponente y la imposibilidad de los dos miembros restantes del Tribunal lo va a hacer imposible.

Pedro de Tena

La sentencia del caso del procedimiento específico de los ERE, que afecta a dos decenas de ex altos cargos de la Junta de Andalucía de las épocas de Manuel Chaves y José Antonio Griñán, parece que no podrá ser dictada antes de que culminen los procesos electorales en marcha. No sólo ya las elecciones generales de abril, sino tampoco las elecciones municipales y autonómicas de mayo. La enfermedad del ponente y la imposibilidad de los dos miembros restantes del tribunal lo va a hacer imposible.

Ciertamente, el tiempo de las sentencias no deberían ir ligadas a los tiempos electorales. En general, ningún tiempo judicial debería respetar los tiempos políticos, pero no es la primera vez que ocurre. La excusa de no interferir en la vida política es muy frágil porque se interviene incluso más alterando los tiempos obligados que respetándolos.

La verdad es que, dado lo que es el caso ERE y su significación política andaluza y nacional, nadie lo esperaba. De hecho, el pasado mes de febrero, el presidente del tribunal, Juan Antonio Calle Peña, vio ampliada su liberación total de otros casos por seis meses más. Es decir, que la misma audiencia ha previsto que el dictado de la sentencia podría alargarse hasta septiembre o incluso alargarse más.

Imagínese que, en plena campaña electoral de las próximas elecciones generales, sale al escenario una sentencia condenatoria para el núcleo rector de la Junta durante diez años. O imagínese que lo que resulta al final es una absolución decisiva, si no de todos, sí de los principales responsables del gobierno andaluz, que han sido altísimos cargos del PSOE. La Justicia debería ser ciega, pero no lo es.

El juicio del caso del procedimiento específico de los ERE, que trata de los mecanismos que permitieron un fraude generalizado en las ayudas sociolaborales de empresa y trabajadoras que usaron más de 850 millones de euros de manera irregular, ha sido un espectáculo durante un año aproximadamente. Si ha durado tanto, entre otras cosas, ha sido por su complejidad procesal y por el número de procesados y de defensas implicadas.

Ya parecía difícil que pudiera obtenerse una sentencia antes de junio porque la cantidad de folios sumariales a leer y sopesar, la cantidad de declaraciones de testigos y peritos y la dificultad de analizar las pruebas periciales y los argumentos técnicos de unas partes y otras, son tremendas.

Pero ahora casi se tiene ya la confirmación de que la sentencia no ocurrirá antes de los procesos electorales. Por una parte, se ha conocido gracias a Diario de Sevilla que el magistrado presidente del Tribunal del caso, Juan Antonio Calle Peña, está de baja por enfermedad desde hace dos semanas y nadie sabe cuánto duraría su ausencia de los trabajos que conducen a la emisión de la sentencia.

Por otra parte, las magistradas Pilar Llorente y Encarnación Gómez, miembros asimismo del Tribunal, no están liberadas siquiera parcialmente para poder atender los trabajos relativos a la sentencia de los ERE. Esto es, siguen en sus juzgados con la dinámica laboral habitual y, además, cuando tienen algún rato libre, se dedican a colaborar en la reflexión sobre la sentencia y, en su caso, a su redacción. De hecho, un mes después de terminar el juicio en diciembre de 2018, sólo se reunieron una vez con su presidente para deliberar sobre la sentencia.

Se ha pedido la liberación parcial de ambas juezas, pero el presidente de la Audiencia de Sevilla ha aplazado la decisión precisamente porque, dada la enfermedad del ponente, no pueden reunirse para deliberar nada y no tiene sentido disponer de tiempo libre para algo que no puede hacerse.

De todos modos, es algo esperpéntico que en un caso como el de los ERE, con la relevancia de acusados, delitos y repercusión social, ni siquiera se haya liberado parcialmente a las dos magistradas del tribunal que auxilian al presidente en la deliberación y redacción de la sentencia.

Es decir, que los procesos electorales inmediatos quedarán libres de sufrir el impacto de una sentencia que, sea la que sea, será llamativa y provocará una polvareda política. Pueden hacerse cábalas sobre a qué partido conviene la situación, si al PSOE, implicado hasta el tuétano en los hechos, o si al PP, implicado desde el principio como acusación particular.

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