Lo que dijo el juez Ruz sobre la caja B del PP y Libertad Digital

En febrero de 2015, el juez Ruz tumbó la querella del Observatori DESC de Gonzalo Boye afirmando que carecía de "relevancia jurídico penal".

Miguel Ángel Pérez

El que fuera juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, desestimó en febrero de 2015 con un contundente auto la disparatada querella presentada por el Observatori DESC que ejerce la acusación popular en el caso Gürtel a través del abogado Gonzalo Boye por la presunta compra de acciones de Libertad Digital con la caja B del PP.

En la citada querella, se pedía al juez Ruz la imputación del presidente de Libertad Digital, Federico Jiménez Losantos, y de otros seis miembros del Consejo de Administración en el año 2004 por un supuesto delito de blanqueo de capitales y otro delito contra la Hacienda Pública. Dicha solicitud de diligencias se basó en una información falsa publicada por el diario El País, desmentida por Libertad Digital, que decía que el Partido Popular (PP) había adquirido la mayoría de las acciones en la ampliación de capital de Libertad Digital en 2004.

La querella afirmaba en falso que la ampliación de capital de Libertad Digital se produjo a partir de "fondos de origen ilícito y su posterior afloramiento al sistema económico de importantes cantidades de dinero". Recordamos que Gonzalo Boye, que representa a esta asociación, fue condenado a 14 años por prestar ayuda logística a los terroristas de ETA en el secuestro de Emiliano Revilla en 1988, delito por el que cumplió 10 años de prisión. Actualmente, es el letrado del fugado Carles Puigdemont y, recientemente, ha sido procesado por blanquear capitales procedentes del narcotráfico para Sito Miñanco.

En su auto, Ruz rechazaba con contundencia la imputación de los siete directivos de LD alegando que "la propia descripción de hechos sobre la que pretende construir la existencia de un delito fiscal, además de confusa, no constituye un hecho imponible configurador de una obligación tributaria que haya de ser tenida como infringida y generadora del fraude fiscal que se pretende".

"Es confusa", añadía, "por la mezcolanza que realiza entre el importe nominal del capital suscrito en la ampliación de capital de Libertad Digital SA, y el importe total que resulta de las anotaciones realizadas en los denominados papeles de Bárcenas, como destinadas a la compra de acciones de la referida sociedad". Por ello, apuntaba Ruz, "carece de relevancia jurídico penal, teniendo en cuenta la naturaleza de norma penal en blanco del delito fiscal".

El magistrado señalaba también que la acusación tampoco mencionaba el impuesto que supuestamente se habría dejado de pagar y apuntaba que, si se tratara del de Sociedades correspondiente a 2005, "los hechos estarían en todo caso prescritos". "No se llega a comprender el análisis que realiza la acusación popular para deducir el delito fiscal", reiteraba.

En relación al presunto delito de blanqueo de capitales atribuido a los exdirectivos de LD, Ruz señalaba que "el conjunto de diligencias hasta el momento practicadas durante la instrucción no han revelado indicio alguno" acerca del "conocimiento" por parte de los componentes del Consejo de Administración de Libertad Digital sobre la procedencia del dinero" con el que suscribieron acciones de esta sociedad. Un punto clave, ya que ninguna empresa que procede a una ampliación de capital está obligada, ni siquiera tiene la capacidad de hacerlo, a conocer el origen de los fondos con los que se suscriben las acciones.

La mujer de Luis Bárcenas, Rosalía lglesias, y el ya fallecido Álvaro Lapuerta, extesorero del PP, y Francisco Yáñez, compraron 410.000 euros en acciones, menos del 10 por ciento de los 4.774.000 euros en los que se cerró la ampliación a la que acudieron 1.007 suscriptores en el año 2004. Los tres vendieron las acciones al poco tiempo de adquirirlas obteniendo una plusvalía por ello.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) autorizó como es preceptivo la ampliación de capital (ver documento) y Libertad Digital declaró a Hacienda los 4.774.000 euros (cuatro millones setecientos setenta y cuatro mil euros) (ver documento).

Ataques de la condenada Isa Serra a LD

A pesar de que el magistrado de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, daba carpetazo a la disparatada querella del Observatori DESC y Gonzalo Boye en el 2015, Podemos ha solicitado nuevamente este lunes a la Audiencia Nacional que Federico Jiménez Losantos declare por el supuesto uso de fondos de la caja B del PP para financiar el medio.

La portavoz de Podemos, Isa Serra, condenada a 19 meses de prisión por lesiones a una agente de Policía Municipal de Madrid, a la que llamó "cocainómana, mala madre, hija de puta", atacaba hoy a Libertad Digital con falsedades ya desmentidas judicialmente.

Según Serra, es "absolutamente vergonzoso" que el digital hubiera sido "financiado" por la caja B de los populares "a cambio de campañas como la que trataba de contarle a la ciudadanía que la autoría del 11-M era de ETA". Y, por ello, añadía, "vamos a pedir a la justicia que llame a declarar a Losantos y le investigue porque es evidente que ha reconocido que Libertad Digital se financió con dinero irregular de la caja B del PP".

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