La Audiencia Provincial de Barcelona investigará a Interior por el operativo de la sentencia del 1-O

El sindicato JUPOL se felicita por la admisión a trámite de la querella que presentó contra un operativo que se saldó con más de 300 agentes heridos.

Sandra León

La Audiencia Provincial de Barcelona ha admitido a trámite la querella que el sindicato JUPOL presentó contra la cúpula de Interior por el operativo policial de la sentencia del 1-O, que se saldó con más de 300 agentes heridos. En la demanda, el sindicato mayoritario de la Policía acusa al director general del cuerpo, Francisco Pardo, y al director adjunto operativo, José Ángel González, de un posible delito contra la seguridad de los agentes durante los altercados vividos en las calles de Barcelona en octubre de 2019.

Una situación que, según denuncia JUPOL, "podría haberse evitado" si se hubieran puesto a disposición del operativo los medios humanos y materiales necesarios para afrontar con seguridad los graves disturbios. "Los altos mandos no ajustaron su actuación a las normas de prevención que amparan a todo funcionario policial y, de ahí, que se tradujese en casi 300 agentes heridos", asegura el sindicato.

Ahora, la Audiencia Provincial de Barcelona será la encargada de investigar las deficiencias organizativas, la asignación de relevos o refuerzo de efectivos policiales y la falta de dotación de material antidisturbios ante la "desatada violencia extrema" que los agentes sufrieron aquellos días. Entre otras cosas, la organización sindical ya denunció en su día la falta de refuerzos y la ausencia de vehículos aptos para repeler los ataques llevados a cabo por los manifestantes.

Por estos motivos, JUPOL decidió presentar esta querella, amparándose en un presunto incumplimiento del artículo 316 del Código Penal, que castiga a "los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física".

Según el sindicato, esta situación "fue advertida en reiteradas ocasiones tanto a la cúpula, como al propio Ministerio del Interior", que hicieron "caso omiso" en todo momento a las observaciones y peticiones de la organización sindical.

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