El Consejo General del Poder Judicial inicia el caso por la conducta de la juez Núñez Bolaños

Le pide que conteste a las quejas detalladas de la Fiscalía Anticorrupción.

Pedro de Tena (Sevilla)

Ricardo Conde, promotor de la acción disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, no esperará a que la juez María Ángeles Núñez Bolaños sea dada de alta porque su situación laboral no interfiere en la tramitación de la denuncia que la Fiscalía Anticorrupción representada por Alejandro Luzón presentó tras el informe de seis fiscales de Sevilla emitido el día 20 de junio, al día siguiente de la baja de la magistrada.

Reglamentariamente, Conde tenía que abrir diligencias informativas para que la juez Bolaños pudiera alegar sus razones ante las acusaciones de la Fiscalía. Eso es precisamente lo que ha hecho, según informa ABC, tras conocer el "trabajado" y "detallado" informe de los seis fiscales anticorrupción de Sevilla que intervienen en diferentes macrocasos de corrupción, informe que fue asumido por su superior jerárquico, Alejandro Luzón.

Ahora, tendrá que determinar, tras la respuesta de la juez, que incluso puede ser llamada a Madrid a declarar ante el promotor, si encuentra indicios para abrir un expediente disciplinario a la juez por alguna falta leve, grave o muy grave. Según la Fiscalía las faltas son graves o muy graves. No hay falta leve. Y pueden tener, de confirmarse, consecuencias como multas importantes e incluso separación de la carrera judicial.

Conde ha pedido a la magistrada que conteste por escrito a las acusaciones de los fiscales sin exigir el habitual plazo de siete días atendiendo a la amplitud y extensión de las causas a que se refieren las denuncias, que se centran en el caso ERE, al caso Avales y al caso de la Agencia IDEA.

Por si fuera poco, y aumentando así la tensión judicial que se vive en torno a la juez Núñez Bolaños, este lunes la Audiencia Provincial de Sevilla dio a conocer, e hizo público el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que corregía la instrucción de la juez en la llamada pieza "política" del fraude de la formación y la obligaba a reabrir el caso que archivó hace casi tres años. La baja de la juez puede aumentar aún más el tiempo que durará el procedimiento.

El caso Núñez Bolaños

Tras la polémica instrucción de la juez Núñez Bolaños, adobada con troceos de sumarios, hostilidad y fianzas suculentas a la personación del PP, archivos parciales, desimputaciones de altos cargos, desobediencias a la Audiencia e indiferencia ante las peticiones de diligencias de la Fiscalía, los escándalos que suscitaron los casos que afectaban al PSOE andaluz han sido indudablemente amortiguados ante la opinión pública.

Hasta tal punto ha sido así que, aunque en su conjunto y algunos de ellos por separado, son mucho más relevantes y escandalosos que otros casos de corrupción protagonizados por otros partidos como el PP, Pedro Sánchez pudo oscurecerlos centrando la atención nacional en la corrupción relacionada con la presidencia de Mariano Rajoy. Sin embargo, no uno, sino dos son los presidentes nacionales del PSOE, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, procesados en el caso ERE, pendiente actualmente de sentencia tras siete meses de haber terminado el juicio. Además, hay una larga lista de investigados del PSOE andaluz y de afines en el conjunto de casos judicialmente activos.

Desde el principio, la juez fue discutida por su insólita decisión de pasar de un juzgado de familia a un juzgado de instrucción sin previo aviso ni indicios de formación adicional previa y sólo aduciendo su mayor antigüedad. Luego se conocieron sus relaciones de amistad con el consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, Emilio de Llera, por cierto, hasta entonces fiscal en Sevilla y detractor habitual de la juez Mercedes Alaya.

Además, se supo cómo el PSOE había aupado profesionalmente a su actual marido, Julio Guija, forense. Y finalmente, se extendieron las primeras dudas sobre el troceo sistemático de los dos casos de corrupción más importantes, ERE y fraude de la formación, que su antecesora, la juez Alaya, consideró fatales para la instrucción global de los sumarios.

Poco a poco se fueron conociendo decisiones muy discutidas hasta el punto que el PP llegó a insinuar la existencia de indicios de delito en su conducta y finalmente los seis fiscales anticorrupción de Sevilla elevaron una queja formal a su superior jerárquico, dando cuenta de los defectos y anomalías de la instrucción de la juez.

Además de elevar un recurso de apelación advirtiendo por la posible prescripción del caso Avales, la delegación de la Fiscalía Anticorrupción en Sevilla, que está compuesta por seis fiscales que están interviniendo en las macrocausas de corrupción instruidas por el juzgado de María Núñez Bolaños, redactó un informe sobre el comportamiento de la juez y remitieron al fiscal jefe de la sección, Alejandro Luzón.

Con la Fiscalía Anticorrupción se han ido apreciando diferencias sustanciales poco a poco, después de una primera etapa de aparente colaboración que permitió el troceo del gran sumario de los ERE en casi dos centenares de piezas y también el del fraude en la formación, cuya pieza política archivó de acuerdo con la Fiscalía.

Pero fueron cada vez más frecuentes los reproches a la juez: por su tardanza en instruir, por una desatención a las diligencias pedidas por el Ministerio Público, por el peligro de impunidad en algunas causas, por archivos injustificados, por desimputaciones sucesivas de ex altos cargos y por el riesgo de prescripción de otras causas.

Tras el último archivo, no justificado ni para la Fiscalía ni para el PP, del caso Avales, los seis fiscales anticorrupción elevaron su escrito haciendo un recordatorio y un memorial de todos sus enfrentamientos con la juez. Con ello, trataban de que se dirigiera una queja contra la juez ante el Consejo General del Poder Judicial.

La propia juez comprendió que se habían sobrepasado los límites soportables y un día antes de darse de baja rectificó dos instrucciones decisivas: la de Fundación Faffe y la del caso del ex consejero de la Junta, Ángel Ojeda, en el macrocaso del fraude de la formación. Pero la queja de la Fiscalía ya seguía su curso hacia el Consejo General del Poder Judicial.

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