La gota malaya de la mala gestión socialista, arma esencial del nuevo gobierno andaluz

34.000 andaluces dependientes ni siquiera han sido evaluadas para recibir las ayudas legales.

Pedro de Tena (Sevilla)

No pasa día en que no se conozcan nuevos y alarmantes datos acerca de la gestión socialista de los fondos públicos en Andalucía en los últimos años desde las listas de espera sanitarias a las becas para la construcción curricular de sus dirigentes. Si a ello se suma que las formaciones andalucistas dejan el barco de Podemos e IU en las próximas elecciones, se comprenderá que la izquierda andaluza ha comenzado una vía "dolorosa" a muy pocas fechas de una Semana Santa en la que, precisamente, ya se estará en campaña electoral.

El rosario de escándalos sobre la gestión socialista no hace sino crecer día tras día tras haberse decidido el nuevo gobierno a afrontar algunos cambios que empiezan a ser visibles. Por ejemplo, el último alboroto político lo ha causado el asunto de las becas que costeó la Junta de Manuel Chaves para que políticos afines pudieran disponer de un currículo presentable. Pero el Tribunal de Cuentas las ha declarado ilegales.

Cursos para directivos de la Junta

El Tribunal de Cuentas ha sentenciado que hubo "desvío" de dinero público desde la partida 31L destinada a ayudas sociolaborales a la ayuda para cursos de alta dirección del Instituto Internacional o Fundación San Telmo de Sevilla. En estos cursos, cuenta El Mundo, participaron más de 50 "directivos de la Administración andaluza", entre los que había decenas de dirigentes del PSOE andaluz.

Por piernas se ha salvado la propia Susana Díaz de este nuevo marrón puesto que ella sí hizo los mismos cursos que fueron becados para otros, pero los hizo antes del período judicialmente considerado. No lo ha logrado su mano derecha en Sevilla, Verónica Pérez, secretaria general del PSOE sevillano.

El motivo de la "salvación" de Susana Díaz es que la Junta empleó 1.052.000 euros entre 2001 y 2010 en estos cursos de alta dirección de la Fundación San Telmo, pero el Tribunal de Cuentas ha analizado solamente tres periodos en los que hay "evidencia documental de haberse efectuado materialmente el pago" por importe de 800.000 euros. Y en esos períodos, no estaba el nombre de Susana Díaz.

Ese nueva malversación ascendió a 800.000 euros y fue perpetrada por el ya famoso ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Javier Guerrero, implicado en casi todos los flecos del caso ERE y otro ex director, Juan Márquez, que deben devolver el dinero como «responsables contables directos» más las costas y los intereses legales.

Además de este nuevo baldón para la Junta gobernada por el PSOE, el descrédito afecta a la Fundación San Telmo, una institución que impartía formación para directivos que tampoco se preguntó si lo que estaba consumando era una acción que cabía dentro de la legalidad, dado que quien pagaba era la asimismo famosa agencia IDEA, que pagaba los ERE como es conocido.

Ahora queda el caso, desde otro punto de vista, entre las piezas separadas del caso ERE que instruye la juez María Núñez Bolaños. Además de la contabilidad del dinero, queda dirimir si se cometieron delitos y cuáles.

El víacrucis de una gestión socialista

Cada día se descubren nuevos agujeros, nuevas pérdidas, nuevos desaires a la ciudadanía, nuevas conductas incalificables. Ayer mismo, el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, mano derecha de Juan Manuel Moreno, denunciaba "la política de brazos caídos" del anterior gobierno socialista.

Esa inacción ha provocado que en Andalucía "cada día prescriban 500.000 euros" de subvenciones pendientes de reintegro, o que la Junta andaluza "sea embargada varias veces al día". O sea, que en un año se habrán perdido más de 150 millones de euros por esta causa. Pero ante se han perdido muchos más, 900 millones de euros prescritos.

Estos 500.000 euros que "se pierden al día" responden a ayudas o subvenciones que el anterior ejecutivo que lideraba Susana Díaz debería haber reclamado por no haberse destinado las cantidades para el fin que se consignaron o porque "no se hayan ejecutado bien".

Añadió Bendodo que la Junta de Andalucía tiene 3.400 millones en derechos pendientes de recaudación, a lo que "hay que sumar otros 2.000 millones de euros en subvenciones y otras ayudas pendientes de reintegro por parte de ayuntamientos, otras administraciones y empresas".

Así, de esos 2.000 millones, "900 ya han prescrito y 176 lo harán en 2019", de lo que trasciende que "cada día prescriben en Andalucía 500.000 euros", lo que provoca que "a la Junta de Andalucía le embargan varias veces al día", todo "por la huelga de brazos caídos del anterior gobierno".

Lo escandaloso del caso es que el anterior gobierno no daba instrucciones a nadie de modo que se pudieran recuperar los dineros que no se habían ejecutado bien o que se habían destinado para un fin distinto del que se concedió.

A pesar de las apariencias, no es sólo la Consejería de Empleo, la de los ERE, la que tiene dinero pendiente de reclamar, que tiene pendientes 616 millones de euros. Se ha informado de que la Consejería de Educación tiene otros 559 millones pendientes de reintegro a la Hacienda Pública andaluza.

A ello hay que unir que la Junta dejó de gastar 2.244, 4 millones de euros durante el año 2018 y en los últimos diez años, los dineros sin ejecutar ascendieron a casi 27.000 millones de euros, casi un presupuesto completo anual. Además, hay impuestos sin cobrar que ascienden a 3.400 millones. Por si fuera poco, Bendodo informó que la Junta debe a las entidades de crédito el importe de un presupuesto anual completo de la Junta, esto es, 33.867 millones de euros a 31 de diciembre de 2018.

Inhumanidad del trato a los "dependientes"

Precisamente hoy el consejero de Salud y Familias de la Junta, el médico Jesús Aguirre, informará sobre la situación de los pacientes en listas de espera que fueron maquilladas por el anterior gobierno. Fue Aguirre el que denunció públicamente que el anterior gobierno socialista había ocultado a unos 500.000 andaluces, que no aparecían en las citadas listas.

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, destapó otro fraude social más sangrante, si cabe, que el anterior porque se refiere a 34.500 personas que teniendo derecho a las ayudas por Dependencia ni siquiera habían sido valoradas por los expertos. Esto es, hay 34.000 pendientes de saber qué grado de dependencia tienen y qué ayudas deben recibir según la legalidad vigente.

Por ejemplo, en Córdoba, provincia de origen del consejero de Salud y Familias, hay 4.624 cordobeses no están contabilizados en las estadísticas oficiales publicadas mensualmente. Son personas que han presentado su solicitud, pero están pendientes de ser valoradas para determinar su grado de dependencia, según ha informado la Junta en un comunicado.

Según el informe de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación sobre el "colapso" de la atención a la dependencia en Andalucía que recoge Europa Press, hay más de 212.000 personas atendidas y más de 109.000 "pendientes de ser atendidas" por el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), lo que supone "34.000 más de los reconocidos por el gobierno socialista".

Verdaderamente alarmante es que estas 34.000 personas estuviesen "ocultas" en las listas de espera de dependencia, aunque el anterior Ejecutivo creó una Agencia específica para la dependencia con una plantilla de 2.000 personas.

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, dijo que la situación de estas listas "ha conmovido a todo el consejo" y ha asegurado que "es vergonzoso" saber que hay tantas personas aún en esta situación. Ha habido un incumplimiento total y absoluto por parte de la Ley de Dependencia desde hace 12 años, "una dejación de funciones" y, sobre todo, "una falta de humanidad que da vergüenza".

Ruiz ha indicado que existen un total de 75.097 personas con grado de dependencia reconocido, pero pendientes de que se les realice el informe técnico correspondiente, el PIA, para poder disfrutar de algún recurso del catálogo de la Ley de Dependencia.

De este modo, ha añadido que en el caso del grado III, grandes dependientes, "hay 8.196 personas esperando en su casa, de las que 313 son menores", mientras que valorados con el grado II, dependencia severa, "hay 17.229 personas esperando" y con el grado I, "esperan 49.672".

Además, ha manifestado que este informe ha concluido que "34.373 andaluces que no están contabilizados en las estadísticas oficiales publicadas mensualmente". Son personas que han presentado su solicitud, pero están pendientes de ser valoradas para determinar su grado de dependencia.

Rocío Ruiz ha anunciado un plan de choque previsto con una inversión de 77 millones, de los que ha subrayado que "la mayor parte irá para ayuda directa para prestaciones de los usuarios". Este plan de choque tiene como objetivo simplificar los trámites, agilizar la lista de espera y garantizar el cumplimiento de los plazos de concesión de las prestaciones y servicios.

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