Prostitución: ¿hay alternativas más allá de la prohibición que quiere Sánchez?

Crecen los partidarios de una regulación a la sueca, con fuertes sanciones para los clientes, aunque no hay consenso sobre sus resultados.

D. Soriano

Abolición de la prostitución. Impulsaremos una Ley integral contra la trata con fines de explotación sexual para sancionar penalmente a quienes contribuyan o se beneficien de la prostitución ajena, sancionando la demanda y la compra de prostitución.

Es la medida número 8 de los 35 "compromisos sociales" con los que Pedro Sánchez se presenta a las próximas elecciones. En medio del programa económico, entre la racionalización de horarios y la renta básica, el PSOE recupera una de las banderas de parte de la izquierda europea de las últimas décadas: la prohibición de la prostitución, con un modelo a la sueca, que sanciona con dureza al cliente. No es la primera vez que se plantea esta alternativa (de hecho, este mismo año ya se tramitó una proposición no de ley en el Congreso al respecto) y viendo lo que dicen las encuestas y la beligerancia del resto de grupos de la izquierda, sí es el momento en el que más probabilidad tendría de salir adelante. Porque, además, éste es un tema que incomoda, y mucho, también a la derecha, que no ve con malos ojos una solución como ésta. Nadie quiere aparecer como defensor de proxenetas o dueños de clubes. Así que, si finalmente alguien presenta una ley en el Congreso en esta línea, lo normal es que salga adelante.

De esta manera, los colectivos de prostitutas son los únicos que se muestran beligerantes con una normativa que, en teoría, busca proteger a las mujeres que se dedican al oficio más antiguo del mundo, pero que, en la práctica, las sitúa fuera de la legalidad. Todos partidarios y detractores de este tipo de medidas echan mano de diferentes estudios sobre lo ocurrido en Suecia, Nueva Zelanda u Holanda (países en los que se ha prohibido o legalizado la prostitución) para sostener sus argumentos. Y mientras, los economistas hablan de incentivos, costes o externalidades para intentar poner racionalidad en un debate en el que es muy complicado mantener la cabeza fría.

De Sunset Boulevard a la trata de blancas

En lo que tiene que ver con la prostitución, hay una doble realidad que cuesta mucho reconocer a los defensores de una y otra posición.

Por ejemplo, para los prohibicionistas: imaginen a un multimillonario recorriendo Sunset Boulevard con su deportivo; allí recoge a Vivian, una chica que hace la calle en Los Ángeles después de que un novio la dejara tirada; se la lleva al Beverly Wilshire y allí negocia con ella por un servicio un tanto especial, le ofrece ser su acompañante por una semana a cambio de 3.000 dólares… El resto es un pequeño cuento de hadas.

Sí, estamos hablando de Pretty woman y, más allá del edulcorante Made in Hollywood, es un ejemplo que nos sirve para explicar el principal punto débil de los que proponen una solución radical: nadie (o casi nadie) cree que lo que hacen Vivian Ward (Julia Roberts) y Edward Lewis (Richard Gere), en la mítica escena en la que regatean el precio de los servicios de la primera ("Me hubiera quedado por 2.000", "Te hubiera pagado 4.000"), deba ser perseguido por la ley. Por ahí es por donde se cuelan los defensores de la legalización: no tiene sentido prohibir una transacción libre en la que dos personas pactan un precio a cambio de unos servicios.

¿El problema? Que esto no es sólo una idealización propia del cine. Es cierto que puede haber casos similares. Pero también es verdad que en cientos de clubes o zonas de prostitución lo que encontramos es un mundo sórdido, que se mueve en los márgenes de la ley y en el que muchas mujeres son explotadas o chantajeadas para el beneficio de otros. Sí, hay prostitutas que ejercen su oficio de manera voluntaria, en sus casas o clubes privados; pero también hay muchos casos en los que todos estos argumentos son sólo una tapadera para enmascarar la trata de personas.

Y en medio de estas dos evidencias queda un debate viciado. Con exageraciones de las dos partes y pocos argumentos racionales. En el que la economía podría tener algo que decir, si es posible, y en el que las soluciones quirúrgicas, como la prohibición total, pueden acabar generando más problemas de los que resuelven.

Apunte: a lo largo del artículo hablaremos de prostitución femenina, aunque está claro que no es la única actividad en la que se intercambian servicios sexuales por dinero. Los prohibicionistas, que aluden a la explotación de las mujeres que se dedican a estas prácticas, tienen en este punto una incómoda piedra en su zapato. Reconocer la prostitución masculina hace que ese argumento se debilite. Así, lo normal es que pasen de puntillas por este fenómeno (minoritario desde el punto de vista económico, pero no por eso menos real). Como la polémica se centra en la regulación de la prostitución femenina, nos ceñiremos a ésta, pero sin olvidar estas otras realidades.

De Suecia a Nueva Zelanda

El modelo prohibicionista es Suecia. El país escandinavo hace años que prohibió la práctica a través de un sistema que penaliza, con fuertes multas y también, en ciertos casos, con la cárcel, a los clientes. ¿Cuáles han sido los resultados? Pues no está muy claro. Depende de con quien hable cada uno, puede llegar a conclusiones muy diferentes. Los defensores de la medida aseguran que ha reducido la demanda; algo lógico, porque una medida así dispara los costes de la actividad: no sólo los costes monetarios, sino también el resto.

Enfrente, los críticos aseguran que, tras unos primeros años en los que sí descendió el número de prostitutas en las calles, ya ha vuelto a los niveles previos a la prohibición (en ocasiones, apunta aquí The Economist, enmascarado como "casas de masajes", que proliferan en algunas ciudades). El punto de partida es que siempre habrá mercado para una actividad que ha existido incluso en las sociedades que con más dureza la han perseguido, por lo que merece la pena aceptarlo. Si no, lo que se consigue es la marginalización de las prostitutas y hacer todavía más complicado perseguir los delitos relacionados con la trata. En Suecia, aseguran los defensores de la legalización, estas mujeres declaran que la prohibición ha tenido un doble efecto negativo: por un lado, hace que la negociación con el cliente sea más complicada, rápida y oculta, lo que dificulta a las chicas descubrir rasgos indeseados en un cliente (esas señales de alarma que te da la experiencia de que un tipo no es de fiar); por el otro, también es más complicado que alguien (otro cliente, una compañera) que conozca que una prostituta ha sido víctima de un delito lo denuncie, por miedo a las consecuencias penales.

También es verdad que, a la hora de decretar su prohibición o legalización, habría que diferenciar entre los diferentes tipos de prostitución. No es lo mismo una escort de lujo que se anuncia como "modelo" y "acompañante", que una inmigrante sin papeles que hace la calle en alguna de las zonas habituales en las grandes. Hace ya más de una década, Fedea publicaba un informe muy interesante al respecto (aquí, en inglés) en el que diferenciaba entre cuatro situaciones muy diferentes:

  • Servicios de escort
  • Burdeles
  • Prostitución en el domicilio
  • Prostitución callejera

Cada uno de ellos, es evidente, tiene una problemática muy diferente. Y tratar de solventarlo todo con el bazooka legislativo de la prohibición haría que muchas situaciones tipo Vivian-Edward quedasen penalizadas, lo que no deja de ser hipócrita: castigar aquello que casi nadie piensa que deba ser castigado, aunque luego, en la práctica, todo el mundo sabe que no se perseguirán esas situaciones. Es decir, lo prohibimos, pero luego miramos hacia otro lado en los servicios no problemáticos (o en lo que respecta a algunas casas de masaje que todo el mundo sabe que no lo son) y la persecución queda confinada a la prostitución en la calle que es la que genera alarma social.

Porque ésa es otra: para la mayoría de la población, la situación de alegalidad que se vive ahora mismo en España es muy cómoda, salvo que afecte a tu vecindario. En la situación actual, los únicos que protestan (y tienen motivos) son aquellos vecinos de calles o zonas en las que se sitúan las chicas o los clubes. Ahí sí hay quejas y tienen todo el sentido del mundo, pero no son tanto contra la actividad en sí o contra la idea de que la transacción sea ilegal, como sobre las consecuencias negativas que tienen que sufrir los que lo viven de cerca. Aquí tenemos un ejemplo de manual de externalidad negativa: esa situación en la que los costes de tu actividad repercuten en un tercero que no tiene forma de cobrarte por esos costes.

Por eso es interesante distinguir entre los diferentes tipos de prostitución, como hacía el informe de Fedea y en los problemas de cada uno. Porque, además, también debemos darle una vuelta a si es un problema de orden público o de la actividad. En este sentido, los experimentos de zonificación no han salido demasiado bien: no hablamos sólo del famoso Barrio Rojo de Amsterdam, que cada día cuenta con más detractores; otros menos conocidos, como el de Leeds, en Reino Unido, también están siendo revisados tras las críticas de los vecinos. Aquí se encuentra el principal reto de la prostitución: incluso si se legaliza, nadie ha sido capaz de ofrecer una alternativa válida a la cuestión del dónde y cómo hacerlo sin enfrentarse a los vecinos, que tienen muy buenas razones para no querer que aquello ocurra en la puerta de sus casas.

Y si se legaliza, cómo hacerlo. Porque también sobre esto hay controversias. En Holanda, el modelo ha funcionado, más o menos, con una mezcla de legalización en casas y burdeles pero prohibición en las calles. Los críticos aseguran que no se han reducido (incluso han aumentado) las denuncias por trata o actividades delictivas relacionadas con la prostitución. Los defensores aseguran que las chicas están más protegidas y tienen derechos laborales como autónomos. En Nueva Zelanda, otro de los sistemas de moda para los pro-legalización, incluso hay casos de prostitutas que han llevado (y ganado) a los dueños de burdeles ante los tribunales. En este punto, sus defensores aseguran el mejor efecto de la legalización es que hace que sea mucho más sencillo que las chicas o alguien de su entorno denuncia los delitos que puedan cometerse contra ellas.

Un modelo alternativo

¿Hay algún punto intermedio que pueda contentarles a todos? Desde Libre Mercado, proponemos una aproximación que mezcla elementos de los dos modelos, por si puede servir como punto de partida para una discusión racional. La idea sería la siguiente:

- Por un lado, legalización de la prostitución a cambio de algún tipo de registro de la actividad. Como esto es complicado por temas de privacidad (existe una enorme reticencia entre las chicas a sacarse un carnet de prostituta o similar por miedo a que pueda conocerse su actividad), habría que buscar un formato que protegiese al máximo los datos de las personas involucradas.

En esto, como en muchas otras actividades, la tecnología podría ayudar. Los nuevos sistemas de cifrado podrían lograr que cada chica tuviera simplemente un código asignado que nadie pudiera asociar a una identidad real. De esta manera, estarían controladas, pero al mismo tiempo protegidas ante el exterior. Para conseguir ese código sólo tendrían que pasar una pequeña entrevista ante algún responsable público (en una comisaría, en una dependencia específicamente diseñada para esto, una asociación de ayuda a las prostitutas con licencia para facilitar ese registro, etc…)

- En segundo lugar, esa medida se completaría con multas fuertes y con la persecución de clientes y proxenetas que contraten chicas sin carnet (hablamos de carnet para que la idea quede clara, pero podría ser simplemente un usuario secreto en una web destinada sólo a este fin).

¿Qué se lograría con esto? Por un lado, desde el lado del cliente, el incentivo está claro: sólo acudir a clubes o casas en las que haya una cierta seguridad de que todas las chicas están legalizadas. Para qué arriesgarse con una ilegal que le puede reportar una pena muy dura, pensará un cliente normal, si puede contratar sin temor con una comprobación mínima. No decimos que esto erradicaría sin más las situaciones ilegales, pero cambiaría los incentivos de los involucrados.

Desde el lado de las prostitutas, también cambia la forma de plantearse la actividad. Si muchos clientes te rechazarán si no estás legalizada, los incentivos a sacarse el numerito crecen, sobre todo si hay un sistema que garantice al 100% la privacidad (y, como decimos, parece que eso ya es más sencillo con las nuevas tecnologías de cifrado).

Por último, un modelo así haría muy costosa la trata de personas. Imaginemos un club con 50 prostitutas: si la Policía controla que todas tengan que tener el permiso requerido con inspecciones periódicas, para los dueños sería muy complicado mantener chicas contra su voluntad. Sólo con que una hablase (y para sacarse el permiso o renovarlo sería obligatorio tener una pequeña entrevista a solas con aquel a quien la administración nombre responsable) se les vendría abajo el negocio y se expondrían a penas muy contundentes. Por lo tanto, esa entrevista hacer sacar el carnet a una persona víctima de trata es casi imposible; y al mismo tiempo, tener un negocio clandestino sería mucho menos rentable y más peligroso.

Eso sí, ya sea con esta alternativa o con otras, lo que sí debe quedar claro es que dos de los grandes problemas asociados a la prostitución no quedarían resueltos. Pero es que quizás es imposible que lo estén. En primer lugar, la cuestión de dónde permitir la actividad. Porque es lógico que nadie la quiera en su barrio. Aquí quizás la única alternativa es que sean los ayuntamientos los que regulen dónde se permite (lo normal es que muchos la prohíban salvo en domicilios o clubes que no se anuncien como tales).

Y luego está el tema de la trata o las actividades ilegales (desde personas explotadas, inmigrantes ilegales o menores). Siempre habrá desalmados que quieran pagar por estos servicios. Con prohibición y con legalización, los malos buscan una forma de saltarse las normas. La clave es qué modelo hace que sea más sencillo perseguirles. Hasta ahora se ha probado casi de todo y ninguna alternativa ha conseguido un consenso universal. Quizás porque es imposible lograrlo en temas tan complejos como éste.

Porque, además, que una actividad sea legal no quiere decir que sea buena o que el resto debamos tolerarla. Por ahí se abre otro debate muy interesante: cómo penalizar socialmente (boicot, exclusión social, reprobación…) este tipo este tipo de conductas, incluso aunque decidamos que deben ser legalizadas.

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