El Supremo sentenciará que las eléctricas no paguen el bono social

La decisión abre la puerta a que consumidores y/o contribuyentes asuman el coste desde 2013, de casi 200 millones al año.

Libre Mercado

Todo apunta a que el Tribunal Supremo (TS) dará la razón a las eléctricas en el contencioso que mantienen con el Estado desde que el Gobierno del PP fijó el nuevo sistema de financiación en la Ley Eléctrica en diciembre de 2013, así como el real decreto de 21 de noviembre de 2014, que fijaba la metodología para repartir el coste del llamado "bono social" entre las empresa del sector. Desde entonces, las compañías han recurrido todas las órdenes de pago anuales. Según avanza Cinco Días, el TS ya tiene lista la sentencia, que será favorable a las eléctricas, ya que considera una discriminación que sólo una parte del sector financie la tarifa social.

El bono social es un mecanismo por el cual determinados colectivos (consumidores con menos de 3 kW de potencia contratada, familias numerosas, pensionistas con prestación mínima y hogares con todos los miembros en paro) pueden beneficiarse de un descuento del 25% en el precio regulado de la energía (PVPC) o un 60% del término fijo de los peajes. El coste, que ascenderá a 188 millones este año, es sufragado por las eléctricas en función del número de clientes y de los puntos de suministro. El grueso de la factura recae en Endesa (41%), Iberdrola (38%), Gas Natural Fenosa (14,8%), EDP (3,2%) y Viesgo (2,2%), mientras que el 0,5% restante lo pagan 20 pequeñas eléctricas.

La sentencia del Supremo, cuya publicación se prevé en octubre, invalidaría todas las órdenes de pago, de modo que el coste recaería sobre los consumidores y/o contribuyentes.No es la primera vez que sucede. Entre 2010 y 2012, el Estado cargó la factura del bono social sobre los hombros de las cinco grandes del sector, pero este sistema también fue anulado por el TS al considerarlo discriminatorio, obligando al Gobierno a cambiar el sistema, el cual endosó el coste de esos años a los consumidores.

De adoptarse similar decisión, los consumidores (vía tarifa) o bien los contribuyentes (vía impuestos) deberán devolver los cerca de 200 millones de euros al año que han desembolsado las eléctricas desde 2013 por el bono social.

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