La Junta quiere que las aguas residuales se depuren según la directiva europea de 1991

El Gobierno de PP y Cs pone en marcha macrolicitaciones de más de 150 proyectos que el PSOE no afrontó en 36 años.

Pedro de Tena

La Junta "del cambio" quiere que se pongan en marcha todos los estudios de ingeniería de las obras que se señalaron como prioritarias en 2010 para cumplir con las normas de la UE sobre la depuración de aguas residuales en aglomeraciones urbanas. La situación de incumplimiento motivó que Andalucía fuese multada en julio de 2018 por incumplimiento de una directiva de ¡1991!

La Consejería de Agricultura y Desarrollo Sostenible afrontará la licitación de más de 150 actuaciones de depuración para la región con un presupuesto inicial de entre 15 y 20 millones de euros. Se trata con ello de que, dentro de seis años, Andalucía no tenga aguas residuales sin depurar. O sea, que tras la directiva de 1991, habrán pasado 35 años sin que las obras se hayan terminado, 27 de ellos transcurridos bajo gobiernos socialistas.

Hace diez años, en 2010, recuerda ABC, la Junta realizó un listado de obras hidráulicas calificadas de "interés para la Comunidad Autónoma" que debían lograr que Andalucía cumpliera con la directiva europea de 1991. Hacían falta entonces 300 actuaciones para evitar la contaminación de los ríos, pero más de la mitad de ellas nunca se hicieron.

El Gobierno de Juan Manuel Moreno quiere ahora poner en marcha los proyectos de las 150 iniciativas sobre las que aún no se ha hecho nada y terminar aquellas que se iniciaron, pero se nunca se terminaron. Todo un escándalo de mala gestión. a pesar de que la Junta impuso en 2010 un "canon de mejora" sobre la factura del agua para el desarrollo de proyecto que nunca se afrontaron.

Dicho de otro modo, desde 2010 a 2019, la Junta recaudó alrededor de 140 millones de euros al año que solo podían destinarse a obras de depuración. Desde 2019, una modificación de la norma permitió que el dinero pudiera dedicarse también a iniciativas relacionadas con el ciclo integral del agua.

Según la Junta, se han ingresado alrededor de 600 millones de euros que aún deben invertirse en la mejora de las aguas residuales y a ellos deberán sumarse los que se recauden en cada ejercicio por medio del canon.

La comunidad ha llegado a tener más de 300 aglomeraciones urbanas en riesgo de ser sancionada por el incumplimiento de la directiva europea. De ahí las licitaciones masivas de proyectos que se unirán a la construcción de depuradoras en algunas capitales andaluzas como Málaga y Sevilla.

Un escándalo de mala gestión socialista

El escándalo de la depuración de aguas en diferentes municipios andaluces ha salido una y otra vez desde que la directiva europea de 1991 obligó a terminar la tarea, tarea esencial, además, en una región que dispone de un gran negocio turístico.

Pero el escándalo estalló cuando el 25 de julio de 2018 se conoció la sentencia comunitaria que imponía una cuantiosa multa a España y a su política medioambiental. El caso era que nueve municipios o aglomeraciones urbanas de más de 15.000 habitantes seguían sin cumplir una directiva europea de ¡1991!, y todavía no depuraban correctamente sus aguas residuales. Se trataba de siete municipios andaluces —Matalascañas, Alhaurín el Grande, Isla Cristina, Tarifa, Coín, Nerja y Barbate—, a los que se sumaban otro de Asturias (Gijón Este) y uno más de Canarias (Valle de Güímar).

La directiva de 1991, que exigía la depuración adecuada de las aguas residuales urbanas para evitar contaminaciones por bacterias y virus nocivos, esperó diez años hasta 2001. Luego, en 2011, veinte años más tarde, el Tribunal de Justicia Europeo dictó sentencia condenando a España. Pero tardó otros siete años en multar a quienes incumplían aún aquella directiva.

Todos los medios, Libertad Digital entre ellos y, especialmente, El País y ABC, se hicieron eco de esta realidad que reponía en la cola de España a una Andalucía que la encabezaba en los peores parámetros de paro, inmigración ilegal, corrupción y servicios sociales en general. Desde 2018, la Junta de Andalucía era responsable de una multa de 12 millones de euros, que serían ampliables cada seis meses en 10,9 millones más si seguían retrasándose los trabajos.

Todos los municipios que originaron la multa impuesta a España tenían que haber depurado correctamente sus aguas residuales en 2001, pero no lo hicieron. Es más, con la planificación de depuradoras, no iba a ser hasta 2022 cuando las nueve aglomeraciones urbanas cumplieran con la normativa europea. Eso querría decir que la multa podrá subir hasta superar los 60 millones de euros e incluso más.

El último municipio que contará con la depuración de aguas residuales será Barbate, en la provincia de Cádiz, que, en principio, no estará ajustado a la normativa europea hasta 2022.

A pesar de este proceso, la gestión en Andalucía ha sido absolutamente escandalosa e incomprensible, no sólo por el tiempo perdido, sino por la dimensión y las características de los núcleos urbanos implicados. Que Tarifa, que además de ciudad turística es centro de acogida masiva de inmigrantes, no haya dispuesto de aguas depuradas hasta 2017, es inexplicable.

Como lo es que Matalascañas, conocida como "playa popular de los sevillanos" en Huelva y vecina íntima del coto de Doñana, Barbate y Nerja, ciudad con monumentos prehistóricos, sigan sin depurar sus aguas de manera correcta, a pesar de que disponen de declaración de Interés del Estado y la Comunidad. Igual ocurre con los casos de Alhaurín el Grande, Coín e Isla Cristina.

Más inexplicable aún es que la depuradora de Tarifa, publicitada al máximo por la Junta de Andalucía, seguía siendo considerada inadecuada en 2018 porque casi un año después de su puesta en marcha, la calidad de las aguas depuradas no se adecuaba a las normas europeas.

Recuérdese como dato asombroso que, en el año 2008, 26 años después de su llegada a la Junta de Andalucía y con dos gobiernos socialistas nacionales de 18 años de duración, la exconsejera socialista Cinta Castillo reconocía que faltaban por construir 300 depuradoras.

Como asombroso es que desde el año 2010, como hemos adelantado, la Junta de Andalucía haya cobrado una cuota especial en el recibo de agua de los andaluces llamado "canon de mejora" para la depuración del agua, que se puso en marcha precisamente cuando se aprobó la Ley del Agua que preveía construir 300 depuradoras en los municipios andaluces para cumplir con las exigencias de la Unión Europea.

El PP destacó en su día una desviación de dinero inexplicada de más de 350 millones de euros de este canon.

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