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Se destapa en Granada un tráfico gubernamental de inmigrantes de Canarias a la península

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, aparece como principal señalado de este escándalo.

Pedro de Tena

Ha sido el Sindicato Unificado de Policía el que ha destapado este tráfico, de al menos 200 personas, que ha provocado la protesta oficial de la Junta de Andalucía y el alcalde de Granada entre otros. Según el SUP Andalucía, en la última semana llegaron al aeropuerto de Granada tres vuelos con inmigrantes procedentes de Canarias a los que no se les ha practicado la prueba obligatoria de PCR para detectar si están o no afectados de coronavirus.

César Calín, secretario general del SUP de Granada, expuso en una entrevista en Canal Sur que "efectivamente, tienen que guardar una cuarentena, tienen que someterse a unas pruebas PCR, y estos ciudadanos (los inmigrantes) deben cumplir estrictamente la ley como los demás ciudadanos". El propio sindicato ha compertido la entrevista en redes sociales.

El propio Calín explicaba que no se sabe quién los recibió a su llegada al aeropuerto, quién los atendió. Lo único que se sabe es que, cuando bajan del avión, sin haberse hecho las pruebas forzosas para la detección de la covid-19, se suben a autobuses o a taxis y desaparecen con destino a alguna ONG o a otra parte.

Además, según La Razón, fuentes policías han reconocido que hace diez días llegaron cuatro vuelos al aeropuerto de Chauchina (Granada). El primero de ellos lo hizo el lunes 30 de noviembre a las 10:30; el jueves 3 de diciembre aterrizaron dos vuelos, uno a las 19:45 y otro a las 20:15; y un cuarto vuelo lo hizo el sábado 5 a las 15:15.

Según tales fuentes, una vez que los inmigrantes pisaron suelo granadino ninguna organización humanitaria u organismo público estaban esperándoles. Los inmigrantes desembarcaron por sus propios medios y fueron desde la terminal al centro de la ciudad o hacia zonas desconocidas estando vigente el cierre perimetral de municipios, provincias y comunidad andaluza.

Irresponsabilidad y deslealtad del Gobierno

Tras la evidencia conocida, las reacciones se han sucedido en cascada. A mediodía de ayer, el presidente provincial del PP de Granada, Francisco Rodríguez, señalaba al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como "responsable principal y último de lo ocurrido con los 200 inmigrantes llegados a Granada" desde Canarias en unas condiciones de "dudoso trato humanitario y sanitario".

En el Congreso, el Partido Popular pidió ayer, a través de los diputados nacionales Carlos Rojas y Pablo Hispán, su "comparecencia urgente" en el Congreso de los Diputados, "de inmediato y con la verdad por delante".

"Las imágenes difundidas en redes sociales y denunciadas por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) sobre la llegada de los inmigrantes al aeropuerto granadino son un fiel reflejo de la política de inmigración del Gobierno y pone de relieve que el trato dado por Interior a estas personas se asemeja más al que se les da a las mercancías que a seres humanos", ha recriminado Rodríguez.

El líder del PP de Granada añadía que "se desconoce" el paradero de estos inmigrantes, "si están abandonados a su suerte sin la más mínima sensibilidad desde el punto de vista humanitario. Es una dejación de funciones, una actuación absolutamente negligente por parte del Gobierno, con la connivencia de la Subdelegación, que hayan podido ser trasladados a una provincia como la nuestra, donde el índice de inmigración irregular es altísimo, con vías de entrada a través de nuestra costa", ha reprochado.

"Exigimos saber si se les ha realizado la prueba PCR correspondiente, puesto que en Granada estamos viviendo unas circunstancias sanitarias muy difíciles y solo esperamos que el Gobierno y la Subdelegación no hayan permitido que 200 personas están circulando por Granada sin saber en qué condiciones sanitarias se encuentran", reclamó.

Poco después Vox y Juan Marín, vicepresidente de la Junta y líder de Ciudadanos insistían en la irregularidad de lo ocurrido. Vox pedía explicaciones a la Junta de Andalucía por el vídeo que demostraba la llegada descontrolada de inmigrantes procedentes de Canarias . "No es de recibido que la segunda región más castigada por la inmigración ilegal sea ahora también el principal destino de aquellos inmigrantes que acceden de forma irregular al archipiélago canario", añadía Vox.

El alcalde de Granada, Luis Salvador, de Ciudadanos, se ha referido al vídeo difundido sobre el viaje anómalo de inmigrantes sin control desde Canarias a Granada corroborando los hechos de que venían sin control, que no los esperaba nadie y que cuando se les preguntaba si se les habían hecho las pruebas PCR, ellos mismos decían que no.

Juan Marín, por su parte, que además de vicepresidente de la Junta de Andalucía es consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, acusó por después al gobierno de Pedro Sánchez de "deslealtad" por no comunicar "absolutamente nada" a la Junta sobre los vuelos llegados desde Canarias con unos 200 inmigrantes.

Marín dijo a Canal Sur TV que, tras visualizar él mismo los vídeos difundidos sobre la llegada al aeropuerto de Granada de unos 200 inmigrantes procedentes de las islas Canarias, para la incorporación de los mismos a las redes de acogida, los remitió al consejero de Presidencia e Interior, el popular Elías Bendodo, porque el Gobierno andaluz tenía conocimiento de vuelos de este tipo hacia los aeropuertos de Sevilla y Málaga, pero no se le había "comunicado absolutamente nada" de este vuelo a Granada procedente de Canarias.

Recordó Marín que hay un cierre perimetral de Andalucía decretado por el Gobierno andaluz frente a la pandemia de covid 19, lo que restringe la entrada de personas a Andalucía a los motivos estrictamente "esenciales". "Desconocemos con qué autorizaciones han venido estas personas a Andalucía, vengan de donde vengan y sean quienes sean", recalcó Marín.

La Junta de Andalucía, a través del delegado de la Junta de Andalucía en Granada, Pablo García, ha solicitado este martes a la Subdelegación del Gobierno dependiente del gobierno de Pedro Sánchez, una explicación por la "irresponsable" llegada "por sorpresa" de un vuelo con "más de un centenar" de inmigrantes procedentes de las Islas Canarias.

"El Gobierno de España ha ignorado las normas sanitarias en vigor para salvar sus intereses, realizando un traslado de inmigrantes con absoluta opacidad y sin comunicar, a la Junta de Andalucía", afirmó Pablo García.

El delegado de la Junta recordó que para entrar en Andalucía y en Granada es necesario poseer una autorización administrativa expresa y en este caso concreto es exigible que estas personas dispongan de una PCR negativa y califica de "grave irresponsabilidad cuanto menos" el desvío a Granada de vuelos con personas de las que "se desconoce su estado de salud y la justificación legal para entrar en un territorio con restricciones sanitarias".

"El Gobierno no puede faltar al respeto de esta forma a los granadinos y creer que las provincias son su reino de taifas para solucionar un problema migratorio que ellos han generado y que son incapaces de resolver", insistió añadiendo que "es una grave irresponsabilidad autorizar vuelos de este tipo para dispersar por territorio nacional a personas cuyo estado de salud y motivo de desplazamiento desconocemos".

Acusan al SUP de xenofobia

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno de España, José Luis Escrivá, criticó ayer, no el hecho del tráfico gubernamental de inmigrantes sin control a Granada sino que el Sindicato Unificado de Policía (SUP) haya levantado "sospechas infundadas" acerca de si se han hecho o no pruebas PCR a los inmigrantes llegados recientemente a Granada.

"Ligar inmigración y pandemia alienta la xenofobia. ¿Por qué se levantan sospechas infundadas sobre inmigrantes cuando es conocido que los protocolos existentes garantizan que cualquier inmigrante llegando a costa es sometido por las autoridades sanitarias autonómicas a un PCR?", respondía en un tuit a la pregunta del SUP acerca de si se habían hecho o no los PCR para advertir de los riesgos de contagio a los propios policías, en primer lugar, y a los ciudadanos en general posteriormente.

Según Interior, y así lo cita La Razón, "las reubicaciones se realizan de forma puntual y siempre priorizando perfiles de protección internacional y de colectivos vulnerables".

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