El juez eleva a la Audiencia de Sevilla la causa contra el sobrino de Felipe González

El fiscal pide para Juan María González Mejías, implicado en el caso Invercaria, tres años y medio de prisión.

Pedro de Tena

El juez Juan Gutiérrez Casillas ha elevado a la Audiencia de Sevilla, para la celebración del juicio, la decimotercera pieza del macrocaso Invercaria, que pasa más desapercibido a pesar de su idéntica gravedad a la de otros más sonados como los ERE o el fraude de la formación profesional. En esta pieza separada, está procesado Juan María González Mejías, sobrino del expresidente del Gobierno Felipe González, lo que da mayor notoriedad al solicitar el fiscal tres años y medio de prisión para él.

Junto a él están imputados el expresidente y ex consejero delegado de Invercaria, Tomás Pérez-Sauquillo, el ex director financiero, Antonio Nieto Garrido y el exdirector de Promoción, Cristóbal Cantos, que fue precisamente quien denunció el caso Invercaria.

Las otras doce piezas, que recuerda el grupo Joly, son las ayudas a Fumapa, Juana Martín, Lolita Canalla, Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (FIVA), Own Spa, Operadores Aéreos Andalus, Servivation, Aceitunas Tatis –cuyo juicio se celebrará a partir del próximo día 16 de septiembre en la Sección Primera de la Audiencia–, Electronics Devices Manufacturer (EDM), CEDS S.A., Med & Check y Keepfresh.

En todos los casos, el meollo es siempre el mismo: la concesión de dinero público sin justificación a entidades para las que ni siquiera, como se demostró durante la instrucción y las pruebas aportadas por Cristóbal Cantos, se disponía de informes técnicos veraces sobre la situación real de las empresas y personas beneficiadas.

De todos modos, todo quedará pendiente de la Audiencia Provincial de Sevilla que ya devolvió ocho de las trece piezas cerradas por el juez Casillas –y lo destaca El Mundo–, por no motivar suficientemente los autos de procesamiento atribuyendo delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias y le ha afeado ocho veces que sus resoluciones están "estereotipadas".

La Fiscalía Anticorrupción pide seis años de prisión y nueve de inhabilitación para el expresidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo; lo mismo para Antonio Nieto Garrido; y tres años y medio de prisión para los ex directores de Promoción Cristóbal Cantos y Juan María González Mejías. Además, en concepto de responsabilidad civil reclama que Juan María González abone 29.928,25 euros; 12.960 euros en el caso de Cristóbal Cantos; 232.446,32 euros Antonio Nieto; y 90.224,16 euros a Tomás Pérez-Sauquillo.

En un auto dictado el día 29 de marzo, el magistrado Gutiérrez Casillas dio comienzo al proceso al entender que los cuatro investigados podrían haber participado en un delito continuado de prevaricación del artículo 404 del Código Penal en concurso medial con un delito continuado de malversación de caudales públicos del artículo 432 del Código Penal.

Aunque el sobrino de Felipe González pidió el archivo de la causa por delito inexistente, según el juez, González Mejías, a la finalización de su relación laboral con Invercaria, debía 27.406,25 euros de los que Invercaria le había prestado", y que el ex presidente y el ex director financiero de la sociedad pública le habían condonado de hecho.

Cuando González Mejías en mayo de 2010, fue nombrado consejero delegado de Invercaria, concertó con la empresa, justo al día siguiente de su nombramiento, la concesión de un préstamo personal de 30.000 euros a devolver en 60 meses de sus retribuciones mensuales, pero no lo devolvió en su totalidad. El mismo caso se dio en la persona de Cristóbal Cantos que recibió los mismos 30.000 euros pero que devolvió alrededor de 13.000 antes de que la dirección de la empresa le condonara el resto.

El juez considera que el presidente de Invercaria, Tomás Pérez Sauquillo, no seguía procedimiento legal ni reglado alguno a la hora de contratar arbitrariamente a quien le parecía ni al atribuirle sueldos y retribuciones por lo que no respetaba los límites salariales de las leyes de Presupuestos. Es más, él mismo se subió el sueldo -llegó a cobrar 152.006 euros al año, el doble que los presidentes de la Junta- y se los subió a quien quería sin justificación alguna.

Según el juez, Sauquillo contrató a Antonio Nieto como director financiero y ambos actuaron en concierto en las contrataciones de Cristóbal Cantos y Juan María González y en la concesión a ambos de los préstamos referidos, que les fueron condonadas en parte al abandonar la empresa simulando devengos como "complemento de destino" en el caso de Cantos y "horas extra" en el de González.

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