Ricos y malvados

Sergio Brabezo

Todos los países europeos han presentado varios paquetes de ayudas directas a empresas con el fin de mantener a flote el mayor número de empleos posibles, y una importante reducción de impuestos para facilitar el comercio. Estas medidas son el común denominador de todos los países europeos, incluidos aquellos que tenían Gobiernos socialistas hasta hace pocos días, como Portugal e Italia. 

Sin embargo, la izquierda española es la única que sube los impuestos y multiplica los tributos, dando así la espalda a sus socios europeos. PSOE y Podemos parecen desconocer las teorías económicas básicas e ignoran los hechos empíricos probados que demuestran que aumentar impuestos daña el intercambio libre y voluntario de bienes y servicios; es decir, más impuestos acabará dando la puntilla final a miles de empresas, trabajadores y emprendedores. 

Profundizando en este grave error, el partido de Íñigo Errejón ha propuesto un impuesto que denominado “Tasa Covid”-y este miércoles el FMI lo plantea de forma temporal para los países avanzados-. El fin de este gravamen es cargar con un tributo especial a un sector de la población que vive en España, en concreto al 1% de la población con mayores fortunas. Es una medida que podría ser extremadamente dañina para nuestro país, Por ello, quiero poner de relieve los cuatro grandes problemas que conllevaría esta discriminación a un grupo concreto de ciudadanos.

El primer escollo es que se trata de una medida injusta e inmoral. La izquierda suele obviar dos propiedades fundamentales de los gravámenes en nuestro país: la igualdad y la no confiscatoriedad. Por lo tanto, no es posible gravar a una parte de la sociedad de manera indiscriminada ya que provocaría una desigualdad de los españoles frente a la ley. Además, sería escandaloso señalar a una parte de la sociedad como culpable de esta crisis; asumiendo que la riqueza necesariamente tiene que ver con privilegios y no con su mayor habilidad a la hora de generarla.

Se trata de una grave imprudencia. Los Presupuestos Generales del Estado no pueden depender del 1% de la población ya que es poner en jaque el futuro de la administración pública. Si los más ricos decidiesen irse de España o perdieran sus fortunas, las cuentas generales del país quedarían quebradas porque no habría posibilidad de financiar el gasto del estatal. Por otro lado, en el hipotético caso de ejecutar este impuesto estaríamos dando un mayor poder a aquellos que se les tilda de ricos y malvados ya que serían conscientes de la dependencia financiera que tendría el Estado de sus impuestos.

En tercer lugar, es una medida económicamente inviable. Es muy complejo determinar quién es rico ya que es posible tener un gran patrimonio, pero carecer de liquidez; o es posible tener una fortuna en acciones que pierdan su valor de un día al otro en la Bolsa. Además, la única manera de asegurar un ingreso con la “Tasa Covid” sería aumentando los impuestos al trabajo a los que más ingresan. En España hay poco más 90.000 contribuyentes españoles que ingresan más de 150.000 euros según la Agencia Estatal Tributaria. En otras palabras, solo se podría llegar a ingresar un máximo de 13.500 millones de euros en el caso de que se le cargara un IRPF del 100%. Este impuesto confiscatorio solo generaría un ingreso extraordinario que ni siquiera cubriría el déficit originado en el 2019 por el gobierno socialista de 35.000 millones de euros.

Por último, generaría una gran inestabilidad. En este momento convulso los ciudadanos necesitamos estabilidad política y económica. Por lo tanto, atacar con impuestos a un sector de la población como represalia de la crisis lanza un mensaje muy peligroso, y es que a cualquier persona le podrán quitar el fruto de su trabajo según le convenga a un grupo de políticos. Además, nuestra economía necesita incentivos para atraer inversión y así aumentar la actividad económica, en vez de dar motivos para salir corriendo y empobrecer nuestro país; la “Tasa Covid” es un arma que solo genera inseguridad jurídica, fuga de empresas y destrucción de empleos.

En conclusión, culpar a una parte de la población de la crisis económica y sanitaria es desleal con los ciudadanos, está basado en falsedades fiscales y sería una temeridad hacer depender la viabilidad de las finanzas del país del 1% de la población que algunos consideran “ricos y malvados”. El futuro de España pasa obligatoriamente por generar crecimiento, riqueza y bienestar para todas las personas.  Estos objetivos solo se consiguen mediante la unión de todos los ciudadanos en vez de su división y el enfrentamiento social, algo que provocaría la “Tasa Errejón”. La tasa de la ruina y de la injusticia.

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