"No se debe legislar en caliente"

Santiago Abascal

Cuando todavía seguimos compungidos por el terrible asesinato de Diana Quer, otro execrable crimen por su vileza y crueldad sacude los corazones de todos los españoles. Desgraciadamente, la misma rabia e indignación que entonces sentimos volvemos a experimentarla ahora, agravadas por las incalificables reacciones desde ciertos ámbitos de la política y medios de comunicación, temerosos de que la reacción social ante el asesinato de Gabriel estropee su agenda partidista. Hemos visto a Ciudadanos cambiando por enésima vez su discurso hacia la prisión permanente revisable, dando muestras de que o no tiene una posición definida o, como en muchos otros temas, se posiciona a golpe de encuesta. También a Pablo Iglesias, que no pierde la ocasión de dejarse ver junto a presos etarras, negarle no solo la foto, sino la simple asistencia a una reunión a los padres de Diana Quer y Mª Luz Cortés. Incluso hemos comprobado cómo, en el colmo de la vileza y la maldad, algunos medios de comunicación, como La Sexta,salían en auxilio de la agenda política deslizando por boca del periodista Ignacio Escolar que el clamor social contra criminales tan abyectos como Ana Julia Quezada se debe a que se trata de "una mujer, inmigrante y negra"; como si la misma movilización social no hubiera existido hace escasamente tres meses cuando se detuvo al asesino de Diana Quer, "inmigrante, hombre y negro", como todo el mundo sabe. Y tampoco ha faltado ese lenguaje institucional patrocinado por el PNV y el PSOE, no por correcto menos insultante, que clama por no legislar en caliente, en un sutil intento por controlar el flujo de noticias para ganar tiempo y que todo se olvide, y que trata de vender la idea de que la política punitiva no es la solución porque no evitará que se cometan crímenes.

Si la política punitiva no es la solución, cabe entonces preguntarse por qué se utiliza la coacción en todo tipo de legislaciones, por ejemplo estableciendo cuantiosas multas para los excesos de velocidad, por no ponerse el cinturón al volante o por no presentar una liquidación de IVA en tiempo y forma. Sencillamente porque la política punitiva sí corrige comportamientos indeseados, y porque el miedo a las consecuencias sí es un freno a las malas acciones. Lo único que no es solución es una política penitenciaria donde los derechos del delincuente se antepongan a los de la víctima, donde la reinserción pase por encima de la reparación del daño y la protección de la sociedad. ¿Qué reinserción puede tener quien hace estallar un centro comercial en hora punta? ¿Qué reinserción puede existir para quien secuestra, viola, mata y oculta el cuerpo de una joven, sometiendo a la familia de la víctima al intenso dolor no ya de perder a un ser querido, sino de no saber qué le ocurrió ni dónde está? ¿Qué reinserción puede haber para esos monstruos capaces de asesinar a una joven y reírse durante una década de una familia que solo quiere saber dónde está el cuerpo de su ser querido para poder darle sepultura? ¿Qué reinserción puede tener la bestia capaz de asesinar a un niño de 8 años? Ni tienen reinserción posible, ni la merecen.

La reinserción es uno de los principios de nuestra política penitenciaria, un principio sensato y loable para la inmensa mayoría de las condenas, dado que por fortuna gozamos de un país donde los homicidios son cuasi excepcionales, aunque cierto es que con un repunte en los últimos tiempos que merecería una reflexión más profunda. Pero el principio de reinserción ni es el primero ni mucho menos el más importante. Antes que la reinserción está la reparación del daño, la función punitiva de la pena, y la protección de la sociedad. Por eso, la reinserción no puede dejar en segundo plano el saldo de la deuda del delincuente con la sociedad y ni por asomo eximir de responsabilidades. Es lo que hoy muchos desean, que el arrepentimiento sea suficiente para eludir la acción judicial, pero ni lo es ni puede serlo. Quien comete un delito debe en primer lugar pagar por el delito cometido, y para el caso de delitos tan extraordinariamente graves, con una carga de deshumanización tan notable, como son los delitos terroristas, los de los pederastas, las violaciones o los asesinatos en los que se llega a tal nivel de maldad que se alarga el sufrimiento de los familiares de la víctima mediante la ocultación del cuerpo, el Estado está en la obligación de contemplar la imposibilidad de reinserción.

No se trata de legislar en caliente, como tramposamente repiten para ganar tiempo esas fuerzas políticas que se niegan a que la coyuntura les estropee la agenda, sino de no derogar pasando el rodillo de la aritmética parlamentaria lo legislado en frío, cada uno por puro interés particular y haciendo oídos sordos al clamor de la inmensa mayoría de los españoles. El PNV, que fue quien inició los trámites parlamentarios para la derogación de la prisión permanente revisable con una proposición no de ley que solo fue aprobada debido a la incomprensible abstención de Ciudadanos, lleva décadas viviendo de recoger las nueces del árbol que agita ETA, lo cual explica su interés en tener este gesto de cara a la galería para con las bases batasunas. A ERC, otro de los partidos hostiles a la ley, la arrinconan los casos de pederastia. Bildu es simple y llanamente ETA. El PSOE, como buen exponente socialdemócrata, vive más preocupado de que los crímenes afecten a su ideal social de izquierdas que de resarcir a las víctimas, en línea con el tratamiento cortés y comprensivo que la socialdemocracia ha dispensado siempre a los crímenes del comunismo. Y luego están los de Podemos, para los que las cárceles simplemente son fascistas, salvo que las pongan ellos, en cuyo caso pasan a llamarse chekas o, como gustan llamar, centros de reeducación donde ejecutan sin más miramientos a todo aquel considerado hostil a la causa.

Ante el clamor social que exige justicia y protección, cabría esperar de los legisladores un proceso de reflexión y contrición que desembocara en la retirada inmediata de la proposición para derogar la prisión permanente revisable, pero dada su naturaleza de herederos de ese zapaterismo apuntalado por Mariano Rajoy que basa su acción social en la discriminación positiva, que es la forma más vil de cagarse de un plumazo la igualdad ante la ley, no podemos ser muy optimistas. El Parlamento está lleno de arribistas sedientos de poder y ávidos de reconocimiento de un certificado de intelectualidad que jamás estuvieron ni siquiera cerca de ostentar, y ellos son precisamente los que en la última década han conseguido convertir a España en un país donde los delincuentes se ríen de las víctimas, donde está mejor visto en esas supuestas élites mediáticas y políticas ser Otegi que Ana Iríbar, o donde un deleznable criminal como el Chicle puede echar cuentas tranquilamente de los pocos años que le tocará estar entre rejas y a su vez del dinero que ingresará su familia por las entrevistas en los medios de comunicación.

A la sociedad civil solo le queda por tanto aplicar alguna de las muchas enseñanzas que nos ha dejado el golpe de Estado separatista. Fue la sociedad civil, con iniciativas como la revolución de los balcones o las manifestaciones del 8-O, la que frenó en seco la maquinaria supremacista del separatismo. Y será la sociedad civil la que en nombre de la dignidad y la decencia colectiva deba actuar como dique de contención ante tanta ignominia. Desde Vox, como fuerza extraparlamentaria que todavía somos, no podemos más que, manteniéndonos en los postulados que siempre hemos defendido, sumarnos a la amplia demanda social plasmada en casi 3 millones de firmas a favor de la no derogación de la prisión permanente revisable, de la misma manera que también hemos liderado sin representación parlamentaria la respuesta judicial al golpismo catalán que ningún partido ha querido dar. Pero lo que sí juramos y firmamos en piedra es nuestro compromiso para hacer valer nuestra futura fuerza parlamentaria para conseguir una sociedad más segura y más justa, donde crímenes atroces como el sufrido por Gabriel no queden de facto impunes, y donde los criminales no puedan volver a reírse de sus víctimas.

A continuación