La apoteosis de la mentira en España

Pedro de Tena

La Constitución dice en su artículo 20, apartado d, que los españoles tenemos derecho "a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión". Como está incluido en un artículo general referido a la libertad de expresión, parece que sólo los periodistas tenemos la obligación de informar verazmente. Pero ¿y los partidos? ¿Y los gobiernos de cualquier nivel? ¿Y los empresarios, los sindicatos, las universidades, las asociaciones civiles y demás entidades que influyen en los ciudadanos con sus comunicados y mensajes? Ni siquiera los testigos en procedimientos judiciales mantienen su obligación de decir verdad, y muy raros son los casos en que los jueces deducen testimonio contra los testigos mentirosos. Seguramente, por no estar contemplada en el ordenamiento jurídico español, ni en la moralidad ciudadana, la importancia de la verdad para el ejercicio de la democracia. De hecho, en España vivimos, no una decadencia de la mentira, sino su apoteosis.

¿Ha mentido o no el presidente del Gobierno cuando ha presentado su tesis doctoral como documento original? ¿Mintió cuando afirmó que iba a convocar elecciones de forma inmediata? ¿Ha mentido cuando dijo que no iba a subir las tasas sociales de los trabajadores autónomos? ¿Mintió Íñigo Errejón con su contubernio de algo así como una beca en Málaga? ¿Mintió Pablo Iglesias cuando defendió una conducta austera frente a los excesos de los ricos de la derecha? ¿Miente el PP cuando defiende el gobierno de la mayoría hasta que no le conviene, como ahora? ¿Mintió Rivera cuando dijo luchar contra la corrupción y apoyó lo que ha apoyado en Andalucía? Y lo de la ministra Celaá, con sus ocultaciones de patrimonio, ¿es mentir o no? Hay, desgraciadamente, millones de ejemplos mayúsculos y minúsculos en la política y en la sociedad civil. Ya no son sencillamente mentirijillas o tergiversaciones groseras, sino que estamos alcanzado el nivel de engaños con un "sano y natural desprecio de toda clase de pruebas", que subrayó Oscar Wilde.

La cuestión de la veracidad es fundamental para la salud de la democracia. La información, venga de donde venga, no sólo de los periodistas o los testigos judiciales, debe ser veraz por la sencilla razón de que conforma la opinión y la conducta de los ciudadanos y el sentido de sus votos. Es sabido que Jean-François Revel describió la mentira como la primera de todas las fuerzas que dirigen el mundo. Pero distinguió, y eso ya no se recuerda tanto, entre mentiras simples y complejas, siendo éstas muy destacadas en la izquierda pertrechada por el marxismo. En su libro El conocimiento inútil dice: "La mentira simple, voluntaria, conscientemente empleada como medio de acción, es una práctica corriente en la esfera política, ya emane de los Estados, de los partidos, de los sindicatos, de las administraciones públicas o de otros centros de poder". Me detengo en ella.

No sé si será posible dar el paso auténticamente civilizatorio de extender el uso democrático de la verdad frente al imperio incivil de la mentira. Lo que sí sé es que sin información veraz no es posible que un ciudadano ajuste su comportamiento a los hechos cabales, y que si la información que recibe está trufada por falsedades sus decisiones, que pueden cambiar de rumbo a toda una nación, pueden ser manipulables.

Por eso, creo que es precisa una reconsideración de la mentira en nuestra sociedad y una regulación, por mínima que fuese, que impidiese que un partido, gobierno o asociación civil mienta con descaro a quienes luego, con sus votos, deciden el destino común. Si no lo hacemos, podríamos tener en el futuro un ataque de lucidez retrospectiva lamentando no haberlo hecho a tiempo. Pero ya será tarde.

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