Por un nuevo encaje de Cataluña

Pablo Molina

La catarata de traiciones de los dirigentes independentistas a los necios que les creyeron ha convertido el proceso de secesión de Cataluña en una ópera bufa que aún asombra al mundo por la ausencia de sentido del ridículo de sus protagonistas. Faltaba la bajada de pantalones de su principal impulsor, Puigdemont, pero tras la reciente entrevista con un diario belga en la que éste renunciaba a la independencia y abría la puerta a una nueva relación de Cataluña con (el resto de) España puede afirmarse con rotundidad que la secesión se ha ido al guano, mientras sus líderes enfilan el camino hacia las cárceles de Soto del Real y Estremera. Como debe ser.

Ahora bien, los separatistas catalanes no renuncian a cambiar el marco jurídico de sus relaciones con el Gobierno de España y ahora lo plantean como una concesión del "pueblo catalán" para solucionar la crisis. Desde luego, el resto de España no tiene por qué aceptar un nuevo agravio de los separatistas, y menos como un gesto magnánimo de los que han vulnerado todas las leyes, destruido la economía y hecho añicos la convivencia. España puede seguir otros tres siglos bregando con el problema catalán con total tranquilidad, sobre todo porque después del fracaso estruendoso de la intentona golpista y de la manera en que ha quedado retratado el nacionalismo catalán ante el mundo. A partir de ahora las amenazas del separatismo solo pueden ser tomadas a guasa.

Sin embargo, es cierto que hay que buscar un nuevo encaje de la Generalidad en el armazón institucional español. Obviamente, en sentido diametralmente opuesto al que exigen los separatas. Así pues, esta intentona golpista debería servir para que al Gobierno regional catalán no se le permitan excesos como crear embajadas, entregar dinero público a los majaderos que promueven el racismo o seguir haciendo de la educación pública una maquinaria de odio antiespañol. El nuevo encaje de Cataluña ha de basarse en la solidaridad con el resto de las comunidades y la lealtad a las instituciones españolas.

No puede ser que la rebelión independentista sirva para aumentar las ventajas de una clase política corrupta y desleal a costa del resto de España. De ser así, el sufrimiento de los catalanes ajenos a la locura separatista y el daño provocado a nuestra economía y a la imagen de España habrían sido en vano.

A los golpistas no solo hay que pararlos; también hay que hacerles ver que nunca conseguirán sus objetivos, aunque con ello nos toque aguantar otro siglo el llamado "problema catalán".

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