La señora Colau y los fondos de la enseñanza pública

Miguel del Pino

No lo hubiera creído de no haberlo escuchado con toda claridad a ella misma: la Señora Colau recomienda la enseñanza privada para quienes no coinciden con sus planteamientos sobre la cuestión de adjudicación de tiempos a la enseñanza de la lengua castellana en Cataluña.

Lo verdaderamente asombroso es que quienes son excluidos de los fondos públicos para la enseñanza por la recomendación de la alcaldesa de Barcelona son aquellos que piden que se cumpla en tal distribución horaria lo dispuesto constitucionalmente, que además acaba de ser refrendado por sentencia del mismísimo Tribunal Constitucional.

Comencemos por rebatir la declaración de la señora Colau en la que afirma que "quienes no estén de acuerdo en aprender a un tiempo ambos idiomas, catalán y castellano, tienen la enseñanza privada como remedio".

No es cierto: lo que reivindica determinado porcentaje de ciudadanos residentes en Cataluña es recibir un mínimo de tiempo y espacio para la enseñanza del castellano que consideran imprescindible para adquirir la llave idiomática que les permitirá en un futuro próximo acceder a la apertura de las puertas del mundo, especialmente en el terreno laboral, lo que no es incompatible con aprender catalán al propio tiempo.

Dicho más claramente, solo piden que sus hijos tengan acceso a un derecho constitucional que el ciego sectarismo manifestado por la señora Colau pretende negarles. Si lo quieres, te lo pagas; así de sencillo es el planteamiento de la señora alcaldesa.

Permítame presentarme: pertenezco por oposición libre al cuerpo de Catedráticos de Instituto, extinguido según la vieja obsesión de los gobiernos socialistas de los años ochenta, pero todavía con supervivientes, como quien suscribe, con una indomable vocación de servicio público y de apoyo especial a quienes más dificultades puedan encontrar en el acceso a su derecho a recibir una enseñanza de calidad, de manera que sus declaraciones me mueven a responderle como creo que merece.

Nadie puede en España limitar el acceso a la enseñanza pública y gratuita a ningún español en edad de escolarización obligatoria: por ningún motivo, menos aún por dictámenes o sugerencias marcadamente inconstitucionales nacidos de un asombroso e irracional fanatismo.

Son por otra parte derechos especialmente inherentes a los más desfavorecidos desde el punto de vista económico, como cabe pensar que sean muchos a los que sus increíbles declaraciones encaminarían a la enseñanza "de pago", como diríamos en vocablo castizo los madrileños.

El cuerpo de Catedráticos de Instituto, al que me honro en pertenecer desde mi acceso al mismo por oposición libre celebrada el año 1974, contando con treinta años de servicio activo, nació precisamente para defender a los más débiles en cualquier terreno; por eso me considero especialmente cualificado para oponer no solo mi más enérgica oposición a sus declaraciones, sino también para manifestar a todos los líderes de los diferentes Partidos Políticos españoles mi disponibilidad para colaborar en llevar el caso a los tribunales europeos. Su ofensa a los más necesitados es demasiado grave para que quede en la impunidad.

Me expresaré con gran claridad: saque sus manos fanatizadas hasta lo inconstitucional de los dineros públicos de la enseñanza; rectifique de inmediato sus declaraciones en las que remitía a lo privado a quienes discreparan de la adjudicación de tiempo para la enseñanza del castellano en el ámbito de la Comunidad de Cataluña.

Como alcaldesa debe mostrar verdadero ejemplo de ecuanimidad, objetividad y sentido de la justicia al emplear fondos públicos. ¿Mandar a la privada a quien discrepe de sus planteamientos sin salirse del terreno constitucional? Sí así lo recomienda y si así opina produce verdaderos escalofríos pensar que por su manos pasen cantidades ingentes de fondos públicos. Usted no debería tocar ni un duro (vuelvo al casticismo madrileño), porque manejar fondos con el sectarismo que demuestra en sus declaraciones no debería ser posible.

Durante muchas décadas los Catedráticos de Instituto garantizamos la igualdad de todos los estudiantes, tanto procedentes de la enseñanza pública como de la privada, al convocar a todos a los famosos exámenes, de Estado y de Reválidas, de grado inferior y superior, para que demostraran que sus conocimientos mínimos exigibles para recibir las correspondientes titulaciones no respondían al pago en centros privados, siendo estos como eran en general respetabilísimos. Justicia e igualdad para todos, como debe ser.

Durante los años de la democracia, nuevos retos vinieron a presentarse para los ya pocos y al borde de la extinción que sobrevivíamos entre los catedráticos por oposición: había que servir a los estudiantes procedentes de la inmigración, muchos de ellos en dificultades económicas o con penalización por sus diferencias entre su grado de origen y la programación española, y no digamos si además carecían de suficientes conocimientos idiomáticos. Allí hemos estado con tanta dedicación como entusiasmo y cariño hacia los más desfavorecidos.

Señora alcaldesa, no me hable usted de discriminar a niños y adolescentes porque lo que no parecen dispuestos a hacer los políticos sí lo haremos los últimos catedráticos supervivientes: denunciar con todas nuestras fuerzas y en todos los foros, incluidos los europeos, la magnitud de la injusticia que suponen sus declaraciones.

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