Furtivos y corruptos

Miguel del Pino

Cuando la pasada semana comentábamos la muerte, a manos de furtivos, de "Scarface", el oso grizzli más conocido y admirado por los visitantes del Parque Nacional de Yellowstone en el estado norteamericano de Wyoming, uno de nuestros lectores discrepaba de nuestra simpatía por la legislación que contemplaba penas de prisión para este tipo de furtivos.

"Poner entre barrotes" a los causantes del desaguisado no le parecía liberal a nuestro comunicante, que me remitía como autor del artículo a escribir en una publicación de corte animalista. Aunque fue suficientemente respondido por otros lectores, creo interesante una reflexión al respecto.

Varios tipos de furtivos

Existen diferentes tipos de furtivos: los que cazaban para comer en tiempos pasados tenían todas las disculpas a su favor. Durante las primeras décadas del pasado siglo las piezas de caza formaban una parte no desdeñable del componente proteico de la mesa de los habitantes del medio rural español, y algunos no tenían más remedio que infringir las leyes para llevar carne a sus hogares. Nada, o casi nada hay que objetar sobre su conducta.

En la actualidad, el furtivismo no tiene ni razón ni disculpa posible. Canalizar legalmente la actividad cinegética a través de la posesión de las correspondientes licencias y del escrupuloso cumplimiento de la Ley está al alcance de todos, y elegir terrenos o cotos adecuados a las posibilidades de cada uno forma también parte de la práctica de la caza sostenible, para la naturaleza y para el bolsillo.

Quien ejerce el furtivismo en un coto legal, es sencillamente un ladrón, que está afectando a la línea de flotación de la sostenibilidad económica de la zona en la que opera. No entremos en si las cuotas son caras o excesivas en cada caso, sino en la injusticia que supone el aprovechamiento del furtivo respecto a quienes pagan dichas aportaciones económicas para el aprovechamiento cinegético de la zona acotada.

Con dichas cuotas debe mantenerse la función de guardería, de limpieza del territorio para evitar incendios, las medidas de control veterinario, las labores de repoblación en su caso; en definitiva, el mantenimiento de una serie de puestos de trabajo del patrimonio natural y de la biodiversidad de la zona.

El ecologismo con base racional y científica no está en oposición a este tipo de caza si cumple las reglas elementales que estamos comentando, muchas veces puestas en riesgo por los furtivos. Sí está manifiestamente contra la caza el animalismo radical, pero eso es otra historia.

Quien abate de manera furtiva animales protegidos, no digamos si además lo hace en el territorio de un Parque Nacional, no sólo es ladrón, sino también corrupto. Se convierte en tal cuando se apropia de manera alevosa de un animal que pertenece al Patrimonio Nacional, es decir, a todos nosotros, en este sentido hay que atajar sin contemplaciones la actividad de estos desaprensivos.

Para llegar a conseguir que quienes abaten especies protegidas sean considerados por la opinión pública como verdaderos delincuentes, sería necesario poner en valor los componentes de la maravillosa biodiversidad ibérica. ¿Cuánto vale un águila imperial? ¿Cuánto un lince ibérico? ¿Cuánto un sapo partero?, este último también, aunque muchos no lo sepan, protegido por las Leyes. ¿Cuánto valía el oso Scarface, símbolo del Parque de Yellowstone?

Cuestión de patriotismo

En un reciente artículo que dedicábamos a la protección del Parque Nacional de Doñana recordábamos que los eminentes científicos Francisco Bernis y José Antonio Valverde apelaron al concepto de patriotismo para conseguir que dicho entorno fuera salvado y posteriormente protegido: En nuestros días hay que hacer esa misma llamada a los indiferentes ante la destrucción del Patrimonio Natural de los países desarrollados.

Ante una determinada especie animal, dos tipos de ciudadanos pueden mostrar diferentes intereses: el cazador pretende ejerce un derecho de ocupación sobre la pieza, si se trata de un especimen no protegido; el simple observador pretende seguir contemplándola en la naturaleza.

El legislador tiene que conformar ambas actitudes exigiendo al cazador el riguroso cumplimiento de leyes y reglamentos, tanto en el espacio (lugares donde se pueda cazar) como en el tiempo (respeto a las épocas de veda).

Un tercer tipo de ciudadano supone el verdadero problema: nos referimos al indiferente: a él le da igual que haya o no animales salvajes. ¿Para qué hacen falta animales que nunca van a ser vistos por la mayor parte de los ciudadanos? Ésta y otras similares supuestas razones son muchas veces esgrimidas para justificar la extinción de las joyas de nuestra fauna.

Los cazadores nunca deben suponer un problema para la naturaleza; los furtivos, y sobre todo los indiferentes, se constituyen en verdaderas plagas.

Sabemos que los animalistas radicales estarán en fuerte oposición al anterior argumento. Para ellos la caza debe ser abolida sin reservas y los cazadores vilipendiados. Los verdaderos cazadores han dado suficientes pruebas de que no merecen este tratamiento, como demostró el estudio que concluiría en la elección de las fincas manchegas de Cabañeros como sede del Parque Nacional de Monte Mediterráneo que España necesitaba.

Dicho Parque Nacional pudo ubicarse en aquellos terrenos precisamente por la excelente gestión que habían llevado a cabo sobre ellas quienes regentaban sus cotos de caza. Cabañeros no estaba deteriorado y conservaba sus especies predadoras clave. En definitiva la caza se había practicado de manera sostenible y ello había evitado su deforestación para la práctica agrícola o para la urbanización de sus valiosos suelos.

En definitiva el oso Scarface era de todos los ciudadanos norteamericanos y pertenecía al Patrimonio Nacional de aquel país. No debe extrañar que su expolio se considere materia penal y sus autores, delincuentes.

Tampoco extrañe que quienes amamos la naturaleza sintamos como un verdadero atraco la pérdida de nuestras especies protegidas a manos de estos corruptos ambientales, y que pidamos a los cazadores que sean ellos los primeros en denunciar a quienes se amparan en su colectivo para practicar, o justificar el furtivismo.

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