El cuento belga de los "presos políticos"

Manuel Llamas

El independentismo ha puesto el grito en el cielo desde que la Audiencia Nacional decretó prisión provisional para el expresidente de la Generalidad Oriol Junqueras y siete exconsejeros, acusados de un presunto delito de rebelión, sedición y malversación de dinero público, con penas máximas de hasta 25 años de cárcel. Este hecho, sumado al encarcelamiento de los Jordis, líderes de las organizaciones ANC y Ómnium, acusados también de sedición, ha servido de excusa al movimiento separatista para alimentar su tradicional discurso victimista y, de este modo, denunciar la existencia de "presos políticos" en España.

El argumento de los independentistas, encabezados por Carles Puigdemont desde Bruselas, es muy simple: han sido encarcelados por sus ideas –no por incumplir la ley–; la independencia judicial no existe y, por tanto, se trata de una decisión política; y acusarles de rebelión constituye una aberración jurídica, puesto que la proclamación de independencia de Cataluña se ha llevado a cabo sin violencia en las calles. Todo ello demostraría el alto grado de represión que ejerce el Gobierno, a imagen y semejanza de la época franquista. En resumen, España vendría a ser una especie de dictadura que viola derechos y libertades fundamentales y carece de las garantías jurídicas básicas, según los separatistas.

¿En serio? Veamos qué dicen los principales organismos y expertos en la materia a nivel mundial. España tiene, sin duda, muchos problemas estructurales que urge corregir, pero si se amplía un poco la perspectiva y se abandona por un momento la ácida y constante autocrítica que tanto nos caracteriza como sociedad, el único dato objetivo es que es una de las pocas democracias plenas que existe a nivel global, con todo lo que ello implica -elecciones libres, estado de derecho, igualdad ante la ley, respeto a los derechos fundamentales...-.

En concreto, España ocupa el puesto 17º en el Índice de Democracia que elabora anualmente el prestigioso The Economist Intelligence Unit, de un total de 167 países analizados, encuadrándose así en el privilegiado grupo que forman las 19 democracias plenas vigentes en la actualidad. Con una puntuación total de 8,30 puntos, tras el análisis de 60 indicadores, la democracia española se sitúa por delante de Japón, Estados Unidos, Italia, Francia e incluso la tan admirada Bélgica (puesto 35), calificada por Puigdemont y los suyos como el gran referente europeo de garantías y derechos.

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Y uno de los frutos de esa democracia tan consolidada es que los derechos y libertades fundamentales gozan de una elevada protección. ¿Quién lo dice? En primer lugar, la ONU, que ha ratificado por activa y por pasiva el compromiso y cumplimiento de España con los diferentes tratados internacionales de derechos humanos. En segundo término, Amnistía Internacional, que no considera a los Jordis ni a los exconsejeros "presos de conciencia", ya que "están acusados de actuaciones que pueden constituir delito" y, por tanto, no pueden entrar dentro de la categoría de presos políticos.

Y, por último, el Índice de Libertad que elabora anualmente Freedom House, una entidad sin ánimo de lucro de origen estadounidense que se dedica a la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo desde 1941, reconocida a nivel internacional como fuente de autoridad en esta materia. Su ranking mide el cumplimiento de la Declaración Universal de Derechos Humanos en la mayoría de países.

El siguiente mapa refleja la pertenencia de España al mundo libre, con una puntuación total de 94 sobre un máximo de 100, por encima de Francia o Italia, por ejemplo, y a la altura de la tan dichosa Bélgica (95). En materia de derechos políticos, la nota es de 38 sobre un máximo de 40, y de 56 sobre 60 en cuanto a libertades civiles. El respeto a la libertad de expresión es casi plena (15 sobre 16) y lo mismo sucede con la libertad de asociación o los derechos individuales, entre otros aspectos.

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En cuanto al Estado de Derecho, entre cuyos principios esenciales destaca la independencia judicial, España también saca una nota de 15 sobre 16, según Freedom House. Además, la Comisión Europea estudia en detalle el sistema judicial de los estados miembros y, a diferencia de la mala percepción general que tienen los españoles, el análisis estructural arroja una sólida independencia por parte de los jueces.

El siguiente gráfico refleja los órganos y autoridades que proponen el nombramiento inicial de los jueces de primera instancia y las autoridades que los confirman en sus cargos. Asimismo, muestra si la contratación de jueces se realiza a través de un examen o concurso al efecto o bien mediante una convocatoria de vacante sin un examen específico. Curiosamente, España (ES) y Bélgica (BE) presentan similares garantías para evitar la injerencia política sobre los jueces.

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Y este otro muestra que el poder político en España carece de discreción alguna a la hora de elegir, cesar o trasladar jueces -cosa distinta es la cúpula del poder judicial, una reforma que todavía esta pendiente-, a diferencia de lo que sucede en otros países –aunque en estos no se incluyen las salvaguardas pertinentes para evitar injerencias–.

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Sobre la pertinencia o no de acusar de rebelión a la cúpula independentista, la decisión final corresponderá a las autoridades judiciales, pero es evidente que no es necesario levantarse en armas para llevar a cabo un golpe de estado, puesto que también existe la figura del autogolpe, muy prolija a lo largo de la historia, que es donde se encuadraría más bien el procés.

Así pues, por mucho que les pese a los separatistas y a la extrema izquierda, España goza de una democracia avanzada y un sistema judicial independiente donde el respeto a los derechos y libertades básicos de los individuos está garantizado. Puigdemont, por el contrario, se parapeta en Bélgica bajo el apoyo del partido nacionalista flamenco N-VA, cuyos antecesores, como la Liga Nacional Flamenca, colaboraron estrechamente con los nazis en la ocupación de Bélgica durante la II Guerra Mundial. Cuando menos, curioso...

No, en España no hay presos políticos, sino políticos presos que están imputados por graves delitos y que, además, presentan un alto riesgo de fuga, tal y como evidencia la huida de Puigdemont y sus cuatro exconsejeros a tierras belgas.

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