La estafa tiene un precio

Luis Herrero

En su última comparecencia, el portavoz del Gobierno, con la pomposidad enfática con la que le gusta adornar sus afirmaciones más rotundas, ha dicho: "Le puedo asegurar tajantemente, y no creo que ninguno de los cuarenta y seis millones de españoles tenga ninguna duda, que este Gobierno jamás -ni antes, ni ahora ni después- dará ninguna contrapartida a ETA". Las hipérboles las carga el diablo. Hay una parte de esa afirmación que es falsa de toda falsedad y otra que está sospechosamente formulada. Es falso que los cuarenta y seis millones de españoles no tengamos ninguna duda. De hecho, mi impresión es exactamente la contraria: creo que son muy pocos los españoles que no la albergan. A las pruebas me remito.

El fantasma de la contrapartida ha planeado sobre todas las declaraciones posteriores a la difusión del comunicado etarra, en algunas ocasiones para darla por segura (caso de la Asociación Dignidad y Justicia, por ejemplo), en otras para desaconsejarla -lo que presupone admitirla como posible- (caso de la Fundación Víctimas del Terrorismo, la organización más próxima al Gobierno), y finalmente para desmentirla.

Es un hecho cierto, del que hay rastro sobreabundante en la hemeroteca, que el quid pro quo disolución de la banda a cambio de acercamiento de presos ha estado siempre encima de la mesa. El PNV ha llevado esa propuesta al despacho del presidente del Gobierno siempre que ha tenido ocasión de hacerlo. Nada más ser elegido lehendakari, en enero de 2013, Urkullu acudió a La Moncloa con ese ramo de olivo en el pico. La respuesta de Rajoy fue clarificadora. Antes de transferirle la competencia penitenciaria al Gobierno vasco -le dijo-, ETA tenía que seguir haciendo gestos. Entre otros, pedir perdón a las víctimas y reconocer el daño causado.

Esos eran los términos precisos de la operación que se puso en marcha. Desde entonces, los fontaneros del PNV no han dejado de trabajar para culminarla con éxito. Para su buen fin buscaron apoyos en Batasuna, en las organizaciones internacionales que se dedican a este tipo de enjuagues, primorosamente envueltos con adornos pacifistas, y en la jerarquía de la Iglesia. En enero de 2017, sin ir más lejos, Urkullu se entrevistó con el Secretario de Estado del Vaticano para pedirle que el Papa jugara un papel destacado en el epílogo etarra. La versión oficial es que monseñor Parolín rechazó el ofrecimiento. Oficiosamente, sin embargo, los obispos vascos siguieron allanando el terreno para que pudieran alcanzarse los objetivos que había establecido el acuerdo político previo.

Tres meses más tarde, es decir, hace exactamente un año, ETA emitió un comunicado anunciando que había facilitado la localización de sus arsenales armamentísticos para que un Comité Internacional de Verificación pudiera acreditar "el desarme unilateral e incondicional" de la banda. El lehendakari acudió presto y jubiloso a Moncloa para comunicarle a Rajoy, antes de que el comunicado se hiciera público, la gran primicia. Creía que tras el quid de los terroristas tenía que llegar el quo de los políticos. Cuentan las crónicas que el presidente del Gobierno no se dio por satisfecho. Hacía falta que los etarras llegaran más lejos. Tenían que pedir perdón a las víctimas y reconocer el dolor causado.

Los meses siguientes sirvieron para avanzar en esa dirección. A principios de año, el Gobierno vasco anunció que, de los siete objetivos que se había marcado para 2018, el primero de todos era "contribuir a la disolución unilateral, efectiva y definitiva de ETA, promover un proceso compartido de reflexión crítica sobre la injusticia del daño causado por las violaciones de derechos humanos provocadas por el terrorismo y la violencia y favorecer una nueva orientación de la política penitenciaria en materia de acercamiento de presos". Más claro, agua.

Hace un mes, Urkullu ya sabía que la primera parte de ese objetivo estaba a tiro de piedra. En un acto de homenaje a las víctimas declaró: "No sabemos si alguna vez ETA será capaz de expresar el daño que causaron a las víctimas y a la sociedad. No sabemos si lo harán, pero sabemos que deberían hacerlo. En todo caso, la sociedad y las instituciones vascas y sus representantes, sí podemos hacerlo".

Me apuesto el bigote a que cuando Urkullu pronunció esas palabras ya sabía que la declaración etarra pidiendo perdón "por el daño causado en el transcurso de su trayectoria armada" estaba en el horno. En su discurso no hacía otra cosa que allanar el terreno para que el comunicado de los terroristas, cuando fuera público, mereciera la mejor valoración social posible. ¿Cómo es posible, a la luz de todos estos antecedentes, que el Gobierno nos pida a los españoles que creamos a pie juntillas que se ha llegado hasta aquí a cambio de nada?

¿Acaso no es ya bastante sospechoso que ETA haya hablado inmediatamente después de que el PNV y el Gobierno hayan sellado un acuerdo presupuestario que permitirá que Rajoy agote la legislatura? ¿No es suficientemente mosqueante que los obispos vascos, en su vomitivo comunicado conjunto, afirmen sin pudor que ha llegado el momento de "atender las peticiones de los familiares de los presos inmersos en diversas necesidades humanitarias" y que el "retorno de los excarcelados a sus lugares de origen debe realizarse de forma que las víctimas del terrorismo no se sientan humilladas." ¿Pero es que cabe mayor humillación, señores prelados, que jalear las intenciones de quienes pretenden premiar con benignidad penitenciaria a los encarcelados que se niegan a colaborar con la justicia para que los culpables de los 379 asesinatos que aún están por resolver paguen por lo que hicieron?

En estas circunstancias, decir que ninguno de los cuarenta y seis millones de españoles tiene ninguna duda de que este Gobierno jamás -ni antes, ni ahora ni después- dará ninguna contrapartida a ETA es una provocación temeraria. Me temo que lo que Méndez de Vigo quiere decir -de ahí que una parte de su afirmación esté sospechosamente formulada- es que la contrapartida no se le da a ETA, sino al Gobierno vasco. ¿Le basta esa media verdad a Rajoy para poder decir que no miente? ¿Es a eso a lo que se refiere su vocero cuando dice que el Gobierno se mantiene al lado de las víctimas, que es donde ha estado siempre? Con compañías como esa conozco a muchos que preferirían la soledad. Al menos no se sentirían estafados.

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