Lo que no puede ser y el derecho a decidir

José T. Raga

Como viene de antiguo, nos coge sobre aviso, incluso a algunos en situación de resabio, es decir, resabiados. Que sobre muchas materias se puede pactar buscando proteger de la manera más expeditiva los intereses de las partes –estamos suponiendo que hablamos de intereses privados y privativos– no hay duda posible, pero depende de qué materias y, en cualquier caso, de aquellas que como máximo pertenecen al ámbito privado de los individuos, sin repercusión alguna sobre quienes nada tienen que ver en el pacto, por lo que tampoco han intervenido en su consecución.

Por ello, me parece fuera de toda racionalidad la subrepticia idea de un posible pacto entre el Gobierno de España y el presidente de la Generalidad de Cataluña, tal y como dejó caer la Sra. Sánchez Camacho, en un tono con visos de sugerencia, como para que los españoles fuéramos haciéndonos el ánimo. El pacto al que hacía alusión tenía poco de novedoso. Es más, siendo más concluyente, es el de siempre: decía algo así como que Cataluña podría conseguir mayor financiación si el señor Mas renunciara a la consulta.

Y, ahí es donde yo digo: ¡alto! En esta opinión, no creo ser el único. Es más, creo que somos muchos los españoles que, habiendo sufrido este tipo de negociaciones, estériles para España, porque nada se ha conseguido, sabemos que han estado cargadas de perjuicios para los españoles afincados en otras comunidades autónomas.

Cuando la ley contempla el interés común de una nación, no caben más pactos que imponerla, utilizando para ello los instrumentos del Estado de Derecho, que al parecer para algunos son desconocidos, incluido en última instancia la aplicación de la fuerza contra los transgresores.

Si dos años sin trabajar en la cosa pública, dedicados a hablar de secesión, de independencia, de federalismo asimétrico, etc., se resolvieran con un acuerdo de financiación más generosa aún, me ofrezco como controlador del tumulto que se iba a organizar por todas las Administraciones autonómicas, municipales y provinciales en busca del pacto financiero con renuncia a la independencia.

Soy partidario de que Cataluña no saque provecho alguno de este pulso con el Estado; antes al contrario, soy partidario de que, como al hijo díscolo se le penaliza con la legítima estricta, también a quien violenta reclamando la independencia se le conceda lo estrictamente justo, sin generosidad añadida.

¡Ah! Y si se llegara a la ansiada independencia, que lo fuera de verdad. Como dijo alguno de sus apóstoles, que las relaciones entre España y Cataluña fueran equivalentes a las que se dan entre España y Chile. Que no nos vengan con eufemismos de Estado Asociado, o Estado Privilegiado, que son fórmulas para seguir disfrutando de la sopa boba.

En estas materias, tanto la del pacto financiero como la de las relaciones tras la independencia, los españoles, todos, también tenemos derecho a decidir. Faltaría más.

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