El acoso fiscal a Madrid que planean Sánchez y Montero

José María Rotellar

Tanto el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, como la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, han dejado claro que quieren acabar con la política de impuestos bajos de la Comunidad de Madrid. Tenían dos maneras de hacerlo: la primera de ellas, consiguiendo gobernar en la Comunidad de Madrid, cosa que no sucedió. La segunda, imponiendo desde el gobierno central lo que ellos llaman armonización u homogeneización, que consiste en obligar a las regiones a subir todos los impuestos imponiendo un mínimo tipo de gravamen en todas las comunidades.

Pese a que el PSOE se proclama federalista, parece que ahora quiere limitar la capacidad fiscal de las CCAA para decidir sobre los impuestos propios, sobre aquellos otros que tiene cedidos con capacidades de gestión y quién sabe si incluso llega a plantearse cambiar, modificar o anular la tarifa autonómica del IRPF.

Acabar con dicha capacidad fiscal es un grave error, porque supone olvidar que el sistema tributario existe para poder cubrir el coste de la prestación de los servicios públicos que se ofrecen. En el caso regional, como las regiones tienen cedidas las competencias de muchos servicios, como, por ejemplo, es el caso de la Sanidad, la Educación, los Servicios Sociales o, en muchos casos, el Transporte, es lógico que reciban una financiación para ello, tal y como marca la LOFCA.

Esta financiación queda regulada, además de en la ley de cada tributo, en el Sistema de Financiación Autonómica, que establece los mecanismos y bases de cálculo sobre el que poder establecer el montante que ha de recibir cada autonomía para prestar esos servicios.

Por ello, si se suprime la capacidad de decisión que tienen las regiones sobre los ingresos, se eliminará cualquier incentivo para ser más eficientes en el gasto, porque, en definitiva, eliminar esa capacidad fiscal es tanto como decir que ya proveerá el Gobierno central si se produce un desequilibrio en las cuentas autonómicas.

Sin embargo, esta vía de supresión o, al menos, de cercenamiento de la capacidad fiscal de las CCAA es la que defienden, desde hace algún tiempo, los socialistas en España. Díaz, en su momento lo sugería; Puig, después, lo pidió; y Sánchez y Montero, ahora, han dicho que lo harán si gobiernan.

Los socialistas siguen instalados en la creencia de que a mayores impuestos, mayor recaudación, que es lo que siempre han aplicado en los lugares donde han gobernado. Y en todos ellos ha quedado probado que justo sucede lo contrario: cuanto más suben los impuestos, menos crece -si es que no decrece- la actividad económica y, por tanto, el empleo, y menos se recauda.

Pues bien, esa "armonización", es decir, esa subida de impuestos, la quieren llevar a cabo no porque les preocupe el efecto de una bajada en otras regiones, sino porque saben que quien aplica decididamente una política de impuestos bajos es Madrid, y no toleran que Madrid, con políticas liberales, consiga un mayor nivel de actividad económica y empleo que el resto.

Un sistema tributario que roza lo confiscatorio

De hecho, hace unos días BBVA Research actualizó sus previsiones para Madrid, señalando que la región madrileña sería la única comunidad que superaría el 2% de crecimiento en 2020, creciendo 7 décimas más que el conjunto nacional en 2019. Al tiempo, concentraría el 21% de toda la creación de empleo en España entre 2019 y 2020, muy por encima del peso que Madrid tiene sobre la población (alrededor del 13,5%), lo que da muestras del mayor dinamismo de la región madrileña.

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Y esa mejor marcha de la actividad económica en Madrid se refleja, como decimos, también en el empleo. En lo que va de año 2019, el empleo ha crecido un 3,5% interanual, 8 décimas más que la media nacional (en términos de afiliación a la Seguridad Social).

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Esto les molesta a los socialistas. Ya Ángel Gabilondo planteó una fuerte subida tributaria para Madrid en caso de gobernar, cosa que, finalmente, no sucedió. Puig pidió, como decimos, que se acabase con la competencia fiscal. Y ahora van a tratar de acabar con ella de una vez por todas.

Quieren acabar con ella porque sólo conciben la política fiscal por el lado del aumento del gasto y las subidas de impuestos, como hacen en Valencia con Puig o como hicieron en Andalucía cuando gobernaban allí. Bajo el mantra tan extendido por la izquierda según el cual toda subida de impuestos sólo la sufren lo que ellos llaman "ricos", se esconde la cruda realidad: las subidas de impuestos planteadas por los socialistas y sus socios de extrema izquierda gravarán a todos, con especial fuerza a la clase media.

¿Qué plantean? Aplicar el modelo socialista en materia tributaria. ¿Y cuál es ese modelo? El que tuvo en vigor el PSOE en Andalucía mientras gobernó. El mismo que quiere extender ahora Sánchez a todas las regiones.

¿Y en qué se concreta ese modelo? En un sistema tributario que roza lo confiscatorio. De este modo, al aplicar el modelo que tenían los socialistas en Andalucía, la subida de impuestos será exponencial, dadas las diferencias existentes entre el nivel de tipos impositivos en la Comunidad de Madrid y los que aplicaban los socialistas en Andalucía:

  • Un IRPF casi cinco puntos superior al de la Comunidad de Madrid.

  • Un Impuesto de Sucesiones confiscatorio hasta que tuvieron que suavizarlo para sacar adelante los presupuestos regionales, pero que seguía en tasas elevadísimas al sobrepasar el millón de euros, hasta la rebaja fiscal actual del PP.

  • Un Impuesto de Donaciones igualmente confiscatorio, con tipos muy elevados.

  • Un Impuesto de Transmisiones Patrimoniales cuatro puntos superior al de Madrid.

  • Un Impuesto de AJD que era el doble que el de Madrid.

  • Un Impuesto de Patrimonio que llegaba a aplicar con los socialistas el 3% en Andalucía, frente a la completa exención en la Comunidad de Madrid.

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Ése es el modelo de Sánchez y Montero. Un modelo en el que se gravarán con fuerza las Sucesiones de personas que hayan trabajado duro y acumulado una vivienda en Madrid desde hace más de cincuenta años y unos ahorros conseguidos con esfuerzo a través de toda una vida laboral, con el agravante de que lo que ha permitido generar el hecho imponible habrá estado gravado antes hasta en dos ocasiones: por renta y por patrimonio.

Un modelo en el que, si también "armonizan" el IRPF, subirá el impuesto de la renta a toda la clase media, que es la base sobre la que se sustenta la recaudación del impuesto.

Un modelo que gravará la compra de una vivienda de segunda mano cuatro puntos más, con un coste adicional de hasta 12.000 euros para una vivienda de 300.000 euros.

O el modelo que elevará el coste de AJD -que aunque Sánchez haya hecho sujeto pasivo a los bancos, terminará siendo repercutido a los clientes, con lo que la subida del impuesto también lo pagarán los ciudadanos- al doble que el coste que supone ahora.

1.900 euros más al año en impuestos

Con ese acoso fiscal a Madrid, cambiando la normativa para obligarle a subir impuestos, al tiempo que Sánchez suba todo lo que sea competencia estatal, hará que los madrileños tengan que pagar casi 1.900 euros más al año cada uno en impuestos, que se compone de los 1.150 euros anuales que se ahorra cada madrileño por las rebajas de impuestos regionales, más los 735 euros por el ahorro en el IRPF estatal producido por las rebajas aplicadas cuando el PP estuvo en el Gobierno de la nación.

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Ese ahorro es notable, por ejemplo, en IRPF, respecto a lo que pagaría un contribuyente madrileño de aplicarse en Madrid el tipo nacional, más alto.

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Es decir, que los socialistas se quitan ya para siempre aquella careta impostada de Zapatero donde decía que "bajar impuestos era de izquierdas", cosa que enseguida se vio que era falso, para aplicar la más rancia política intervencionista de derroche en el gasto, impuestos altos, déficit recurrente y creciente, deuda abultada y, con todo ello y con la intromisión en la actividad económica, poner, así, trabas al crecimiento económico.

Eso hará retroceder a Madrid tanto desde el punto de vista del dinamismo económico, como del empleo, de la inversión en infraestructuras necesaria para articular económicamente la región o de la atracción de personas que quieran desarrollarse en Madrid.

Esas políticas socialistas pueden llevar a Madrid a conseguir los mismos resultados que obtenían dichas políticas cuando gobernaban en Madrid. Es decir, eso puede hacerle retroceder a Madrid a 1995, cuando todavía gobernaban los socialistas en la región madrileña.

Madrid, entonces, no era tan atractiva para la inversión extranjera, donde ahora ejerce un claro liderazgo en el conjunto de España.

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Todo eso, repercutía en 1995 en un menor nivel de crecimiento económico.

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Y ese menor nivel de crecimiento económico provocaba un menor nivel de empleo.

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Y todo ello desembocaba en un menor nivel de bienestar y prosperidad de los madrileños, como podemos comprobar con los datos de PIB per cápita.

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Con este acoso fiscal, Sánchez quiere tapar que las políticas intervencionistas funcionan peor que las liberal-conservadoras. No quiere que Madrid pueda ser el espejo en el que se mire el resto de regiones, no quiere que Madrid pueda demostrar que se puede gobernar mejor aplicando políticas liberal-conservadoras.

Si Sánchez hace eso, maltratará tributariamente a los madrileños -además de al conjunto de españoles con las subidas que aplique en los impuestos estatales-, frenará el crecimiento de Madrid y la creación de empleo, y empeorará la economía madrileña, y al ser ésta el motor económico de España, también empeorará más la economía del conjunto nacional.

Ahora, si eso sucede, entonces la Comunidad de Madrid debe ser ágil, ser más eficiente y lograr, así, empezar a acumular superávit año tras año que permita ir amortizando deuda. Como la deuda es una clase de impuesto diferido en el tiempo, ésa podrá ser una buena manera de seguir bajando impuestos en Madrid, aunque su aplicación no se vea hasta el medio y largo plazo. Y contra eso, Sánchez nada podrá hacer.

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