La trampa contra Madrid del fondo de competitividad

José María Rotellar

El sistema de financiación autonómica actual está diseñado de una manera enrevesada, con múltiples ponderaciones de distintos indicadores, que distorsionan el sistema; con la aplicación de una metodología en el reparto de determinados impuestos que impide conseguir unos resultados que sean los que más se ajustan a la realidad, y con unas limitaciones arbitrarias que distorsionan el objetivo final de compensar la financiación per cápita tras una mayor aportación por tener una superior capacidad fiscal.

Pues bien, siendo muy mejorable todo el sistema en su conjunto, hay un punto en el que es injusto de por sí, pues su redacción hace pensar que buscaba perjudicar a una región, concretamente, la Comunidad de Madrid. Es el límite establecido en el fondo de competitividad.

El fondo de competitividad es un mecanismo que se establece para reducir las diferencias en financiación homogénea per cápita entre comunidades autónomas, según se puede leer en la ley, y se puede acceder a él por dos vías distintas.

La primera es tener una financiación per cápita ajustada inferior a la media, primera trampa, porque se emplea la población ajustada y no la real, de manera que al perder más población —en términos relativos— que ninguna otra región al ajustarse, hace que Madrid no pueda entrar al reparto por este camino, cuando al emplear la población real queda claramente por debajo de la media en financiación. Al utilizar población ajustada y no población real es lo que determina que Madrid no entre en el reparto por esta vía: aunque su financiación por habitante es inferior a la media, si se divide la financiación por los "habitantes ajustados", la financiación per cápita así calculada queda en la media en 2019, último ejercicio liquidado de manera definitiva.

De esta manera, con la población real, Madrid queda casi cien euros por debajo de la media, con 2.738 euros frente a los 2.829 euros de la media.

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Elaboración propia a partir de datos oficiales del SFA y del INE

Sin embargo, con el artificio de la población ajustada —término discutible pero, sobre todo, criticable por la forma de calcularlo con el actual sistema, diseñado para beneficiar a una región y para perjudicar a otras—, Madrid queda, ficticiamente, en la media, lo que le impide entrar a participar en el fondo de competitividad por la primera vía.

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Elaboración propia a partir de datos oficiales del SFA y del INE

Eso se debe a que Madrid es la que más población real pierde respecto a la ajustada, pese a que el envejecimiento de la población madrileña ha hecho que pierda menos que en los primeros años del sistema. Si entonces perdía 352.449 habitantes —en términos de financiación sanitaria llegaban a los 600.000—, que suponía un 5,43% menos de financiación en 2011 —primer año liquidado del nuevo sistema—…

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Elaboración propia a partir de datos oficiales del SFA y del INE

ahora sigue siendo la que más pierde: 216.197 habitantes en 2019, con un 3,2% frente al 2,7% de Valencia, el 2,4% de Andalucía, el 2,1% de Murcia o el 2% de Cataluña.

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Elaboración propia a partir de datos oficiales del SFA y del INE

No obstante, Madrid puede entrar por la segunda vía, cuyo requisito para acceder a ella es tener una financiación por habitante ajustado inferior a la capacidad fiscal por habitante ajustado, medida por un índice definido expresamente en la ley. La elevada capacidad fiscal de Madrid hace que participe por esta segunda vía. Sin embargo, aquí se encuentra la trampa, porque se establece un límite en la participación que fue diseñado solo contra Madrid. De hecho, durante muchos años solo le afectó a Madrid. Ahora, le incide algo a Baleares y algún año testimonialmente a Cataluña.

Ese límite se diseñó porque Cataluña quería participar en dicho fondo y, al estar por encima de la media en financiación per cápita, se quedaba fuera. Por eso se ideó la segunda vía, pero era obvio que, al ser dos regiones económicamente parecidas, si esa segunda vía beneficiaba a Cataluña, también lo haría a Madrid, y más, por su mayor capacidad fiscal. Por eso, se estableció el límite en 1,05 para 2009 y 2010 y 1,06 para 2011 y años del índice de capacidad fiscal por habitante ajustado —resultado de sumar 0,75 al producto de 0,25 por el cociente de la región formado en el numerador por la capacidad fiscal de la región entre su población ajustada y en el denominador el total de capacidad fiscal de las CCAA de régimen común entre la suma de la población ajustada de todas las regiones de régimen común—. Ese límite cuadra con el índice de capacidad fiscal de Cataluña, mientras que deja fuera al de Madrid, para que no se beneficie igual que la región catalana.

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Elaboración propia con datos oficiales del SFA. El eje de ordenadas comienza en 1, que es el registro que le da acceso a la segunda vía cuando sobrepasa su capacidad fiscal a su índice de financiación per cápita ajustada.

Esa trampa contra Madrid hace que, en los diez años liquidados de manera definitiva del sistema (2009-2019), Madrid haya dejado de recibir entre 450 millones y 850 millones cada año, hasta sumar, en esa década, una pérdida de 6.400 millones de euros, frente a 297 millones de Baleares y solo cuatro millones de Cataluña, al principio, en 2010, cuando el límite estaba en 1,05. Al subir a 1,06 nunca más ha vuelto a perder nada por este concepto.

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Elaboración propia a partir de datos oficiales del SFA

Fondos que dejan de llegar a Madrid y que no van a ninguna otra región, sino que se queda la Administración General del Estado. El problema no es tanto que Madrid no los reciba, sino que se diseñase para que no pudiese beneficiarse de lo que otras sí podían, todo por motivos políticos, no técnicos. Es la trampa del fondo de competitividad contra Madrid diseñada por el Gobierno del presidente Rodríguez Zapatero, que sigue en vigor actualmente y que es lo primero que habría que eliminar en la reforma del nuevo sistema, para acabar con esa discriminación por motivos políticos.

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