Tres motivos por los que el Impuesto de Sucesiones debe morir

José María Rotellar

El Impuesto de Sucesiones y Donaciones grava las transmisiones que se producen por donación mortis causa, que son las sucesiones, o las inter vivos que son las donaciones en sentido estricto. Es decir, es un impuesto que grava la transmisión de bienes, a familiares en la mayoría de los casos, que el donante ha adquirido a lo largo de su vida gracias a los recursos que generó y por los que ya pagó impuestos.

Este impuesto es injusto, aunque no porque las CCAA puedan tener potestad sobre la fiscalidad de este impuesto estatal cedido a las regiones y puedan tener cada una distintos tipos de gravamen, ya que la competencia fiscal es sana y hace que el ciudadano pueda saber qué le ofrecen en cada lugar y llegar a votar con los pies. Es injusto porque es un impuesto que, en la práctica, se ha convertido en un atraco, dicho sea coloquialmente, pues es aberrante por confiscatorio. ¿Cuántas veces tiene que pagar en la vida un contribuyente por el mismo bien que da lugar a cada hecho imponible? Muchas, infinitas. Como bien describen Milton y Rose Friedman en Libertad de Elegir, el Estado, paternalista e intervencionista, nos ahoga con sus crecientes impuestos para sufragar el gasto de actuaciones que nunca deberían realizarse, y lo hace "de la cuna a la tumba".

Pues bien, en España, una persona que, con su esfuerzo, gana una renta, ha de pagar el IRPF. Si ahorra y acumula un pequeño patrimonio, habrá de pagar en muchas regiones, excepto Madrid y alguna otra que se ha unido recientemente, en todas, por el impuesto de este nombre, y al fallecer o legar en vida a sus hijos sus bienes, habrán de ser satisfechos los correspondientes Impuestos de Sucesiones y Donaciones. Por eso, es injusto. No porque no sea buena la competencia fiscal, que lo es, al poner ante el espejo la gestión de los políticos con el dinero público, sino porque es un impuesto, al igual que el de Patrimonio, arcaico y confiscatorio.

De hecho, los socialistas andaluces tuvieron que introducir en sus últimos tiempos una exención de un millón de euros en el Impuesto de Sucesiones para poder sacar adelante sus presupuestos junto a Ciudadanos, no por convicción, ya que ellos habrían deseado seguir sangrando a los contribuyentes andaluces con dicho tributo, como demuestra el hecho de que Montero quiera imponer ahora un mínimo común para toda España.

La hipocresía de la izquierda

Es curioso que ahora la izquierda quiera homogeneizar el impuesto, porque, cuando se debatió en el Congreso una proposición para eliminarlo, rápidamente, la izquierda y los independentistas votaron en contra de dicha propuesta alegando que va contra la autonomía fiscal, argumento de todos ellos- y que beneficia a los ricos y hace caer la recaudación, argumento adicional de la izquierda, especialmente-.

Pues bien, ni va contra la autonomía financiera de las CCAA, ni es una medida a favor de los ricos, ni va en contra de la recaudación. En primer lugar, tanto que se quejan ahora los independentistas catalanes de que esto iría contra su autonomía financiera y fueron ellos mismos los que renunciaron a ella el día en el que alargaron la mano para que el FLA (Fondo de Liquidez Autonómica) les cubriese todo su endeudamiento porque su nefasta gestión los tenía expulsados de los mercados, al estar sus cuentas al borde del colapso y su calificación crediticia ser la de bono basura. Yo se oyó entonces en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera quejarse a Cataluña, a Andalucía o a Asturias del FLA; más bien, todo lo contrario: estaban encantados de desistir de sus obligaciones de política financiera y ser rescatados por el Tesoro, mientras Madrid lograba financiarse gracias a la confianza que el mercado otorgaba a su gestión y a sus cuentas, pese a tener enfrente a casi todo el mundo desde el punto de vista político. Ésa es la realidad. Además, con la eliminación del impuesto, las regiones no perderían nada, pues la Ley de Financiación Autonómica, en virtud del principio de lealtad institucional, recoge que si la Administración General del Estado suprime un impuesto cedido y merma, con ello, la capacidad de financiación regional, ha de compensarlo automáticamente.

Por otra parte, la eliminación del impuesto no beneficia a los ricos. Quienes tienen un patrimonio muy extenso, o bien pueden optar por otras fórmulas que permiten, legalmente, una transición menos agresiva en cuanto al gravamen fiscal, o bien pueden asumir sin problema el pago del impuesto, aun siendo igual de injusto que para quienes menos tienen. Yendo contra todos, a quien más daño hace es a la clase media, a las familias que heredan una casa, unos pequeños ahorros, un par de coches, unas acciones o, incluso, títulos de deuda pública que su familiar pudo suscribir en el pasado para, encima, ayudar a financiarse al Estado, y que ahora le devuelve el favor con una estocada fiscal después de muerto. Son miles las familias que han tenido que renunciar a la herencia por no poder pagar el impuesto, ya que el pago de éste era muy cuantioso y los bienes no eran tan líquidos como lo apremiante que era Hacienda. De esa manera, el sector público, en este caso el autonómico, se quedaba con todos los bienes, no sólo con el aberrante impuesto, dejando a muchas familias o absolutamente sin nada, o endeudadas hasta las cejas para poder pagar los tributos a la Administración.

Ejemplos de la sangría

Eso sucedió en Andalucía durante mucho tiempo. Ahora, es cierto que hasta un millón de euros los familiares más cercanos no pagan nada, pero de no haber sido porque Susana Díaz necesitaba los votos de Ciudadanos o del PP, y porque el actual gobierno ya no es socialista, el Impuesto de Sucesiones habría continuado siendo monstruoso en la región andaluza.

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Como se puede comprobar, la diferencia es brutal: de no pagar nada ahora, a tener que abonar a la hacienda andaluza ni más ni menos que casi 30.000 euros, para lo cual, posiblemente, tendría que pedir un préstamo, malvender los bienes heredados o renunciar a la herencia.

Esa situación que había en Andalucía antes llevaba a que ante una herencia de una familia de clase media, por ejemplo una vivienda valorada en 420.000 euros, un madrileño tuviese que pagar una cuota de apenas 500 euros mientras que un andaluz pagaba entonces más de 50.000 euros.

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¿Y si se trata de una donación? En ese caso, por ejemplo, en Extremadura, que cuenta recientemente con bonificación en Sucesiones pero no en Donaciones, puede llegar a pagarse casi 130 veces más que en Madrid.

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Y, por último, no es cierto que se reduzca la recaudación. Madrid, que fue la que primero bonificó el ISyD al 99% para los familiares más cercanos, es la que más recauda junto con Cataluña, pese a tener un millón menos de población. Además, en los años en los que en ningún otro lugar existía dicha bonificación (hasta el año 2014), Madrid, con el impuesto más bajo de todas las regiones, era la que más recaudaba. De hecho, pese a tener Madrid entonces bonificado el impuesto al 99% y Cataluña no, Madrid llegó a recaudar 120 millones más al año que Cataluña.

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Los planes de Sánchez y Montero

Ahora, Sánchez y Montero quieren imponer un mínimo común a todas las regiones. Esa medida, realmente, va directamente contra la Comunidad de Madrid, ya que el intervencionismo no soporta mirarse al espejo madrileño que le demuestra que se pueden gestionar mejor gastando menos, dando los mejores servicios y con los menores impuestos de España.

Una vez más, la izquierda mete la mano en el bolsillo de forma grosera e inmisericorde a los ciudadanos. El Gobierno de Sánchez, pese a que su partido tuvo que bonificar a rastras el ISyD en algunas regiones, como Andalucía (Montero se vio obligada a hacerlo por Ciudadanos), en su deriva hacia la extrema izquierda de Podemos, no sólo se niega a eliminar un impuesto que reduce la renta de los contribuyentes, que, con ello, hace disminuir el consumo y el ahorro y, con este último, la inversión, y que, con todo ello, hace caer la actividad económica, la recaudación y el empleo, al tiempo que grava infinitas veces a los ciudadanos por lo mismo a lo largo de su vida, siendo un impuesto injusto, letal y confiscatorio, sino que quiere acabar con los lugares donde está bonificado al 99%, como la Comunidad de Madrid. Un verdadero "atraco", una aberración de impuesto.

Si a Puig o a algún otro intervencionista le molesta que la Comunidad de Madrid tenga los impuestos más bajos que sus regiones, ya saben qué tienen que hacer: bajarlos de la misma forma, porque tienen las mismas competencias que la Comunidad de Madrid. Si no lo hacen es porque quieren gastar cuanto más, mejor, mientras exprimen a los contribuyentes a base de más y más impuestos, y claro, para evitar que eso se note necesitan que Madrid no pueda demostrar que hay otra política económica posible. Esa medida que quieren imponer Sánchez y Montero sí que pretende eliminar la autonomía financiera, al limitar la capacidad de decisión de las CCAA sobre los tributos cedidos y desincentivar la corresponsabilidad fiscal. Un grave error que, de concretarse, sufriremos todos los ciudadanos, especialmente, los madrileños.

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