El error del Gobierno al querer subir impuestos

José María Rotellar

El Gobierno de coalición entre socialistas y comunistas, que sigue siendo el mismo por mucho lavado de cara que quiera ahora Sánchez hacer, sigue empeñado en llevar a cabo una importante subida de impuestos. Ya Montero lanzó una advertencia a comienzos de 2020, cuando dijo que consideraba que había margen para incrementar la recaudación vía subida de impuestos hasta que España alcance una presión fiscal similar a la de la media de la eurozona, de la que nos separan seis puntos sobre el PIB. A lo largo de estos meses, desde entonces, han repetido esa misma cantinela, que ahora mantienen. Esos seis puntos equivalían en 2020 a 64.582 millones de euros.

No contentos con eso, en el documento "España 2050", proponían incrementar la presión fiscal todavía un punto más. Esos casi siete puntos equivalen a 80.580 millones de euros, teniendo en cuenta una estimación de PIB para 2021 de 1,185 billones de euros.

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Por si no fuera poco, el ministro Escrivá lanzó una propuesta de modificación de las cotizaciones a la Seguridad Social de los autónomos que supone una elevación de las mismas que, en muchos casos, será inasumible.

De esa manera, presentó un plan de reforma de las cotizaciones que afecta especialmente a los autónomos. En su propuesta, que ni siquiera fue consultada antes con los agentes económicos o al menos no con las organizaciones empresariales, quería implantar una subida de las cotizaciones a los autónomos que terminaría por arruinar a dichas personas. Aunque momentáneamente han dejado en suspenso dicha subida, sus componentes son terribles:

Planteaba un período transitorio, a aplicar entre 2023 y 2030, y una aplicación definitiva de su modelo a partir de este último año. En el período transitorio, elevaba las cotizaciones, de manera que quien ganase menos de alrededor de 3.000 euros pagaría unos 200 euros mensuales, es decir, casi la totalidad de lo que ingresase (el 80%).

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Quien generase unos ingresos con su actividad como autónomo de alrededor de 49.000 euros, pagaría a la Seguridad Social, como cotización, 400 euros al mes. En 2030, el ajuste en la parte baja se iría a una cantidad algo inferior, 90 euros, pero en el resto de tramos llegaría a ser absolutamente confiscatorio, pues quienes ingresasen más de 48.000 euros tendrían que pagar unas cotizaciones mensuales a la Seguridad Social de 1.220 euros.

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Una persona que gane 48.000 euros brutos obtiene, de forma neta, unos 2.800 euros al mes, aproximadamente, dependiendo de las circunstancias personales y familiares de cada contribuyente. Pues bien, Escrivá quería arrebatarle otros 962 euros, de manera que pasaría a ganar menos de 2.000 euros netos al mes, es decir, una reducción del 34,43%.

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Si al pago de 1.220 euros por cotizaciones a la Seguridad Social le sumamos el tipo medio efectivo de IRPF que tendría esta persona, que puede rondar el 20% o incluso algo superior, nos encontramos con que mucho más de la mitad de lo conseguido con su esfuerzo iría a manos del Estado. Esto es confiscatorio y, además, es un error económico, un disparate, pues desincentivaría el trabajo y aumentaría el fraude.

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Como digo, de momento, han aparcado dicha subida, pero la retomarán más pronto que tarde, me temo, con el perjuicio añadido para la economía. De hecho, lo óptimo es no subir ningún impuesto si es posible, pero si no quedase más remedio para equilibrar las cuentas ante la rigidez del gasto generado, habría que bajar mucho los impuestos directos -IRPF, Sociedades y, aunque formalmente no es un impuesto, también Cotizaciones a la Seguridad Social- y compensarlo con el IVA, que distorsiona menos a la economía y hace que la política tributaria sea neutral. Y no es cierto que eso sea regresivo, ni que se vaya a recaudar menos, porque impulsaría más la actividad y el empleo, se ganaría, por tanto en renta disponible y poder adquisitivo para todos -proporcionalmente, mejorarían más quienes menos tienen- y subiría la recaudación. Como digo, es preferible no tocar ningún impuesto, pero si hay que sacrificar unos por otros, hay que bajar los impuestos directos y las cotizaciones de manera importante y urgente.

Sin embargo, el Gobierno sigue empeñado en subir todos los impuestos, especialmente los directos, que tendrán un efecto muy negativo en la economía e imponer a Madrid una armonización fiscal que le obligue a incrementar los impuestos. En este sentido, Sánchez no resiste la comparación con la región madrileña, donde sus ciudadanos se ahorran una parte importante gracias a esa política de impuestos bajos, que permite crecer más, tener más empleo, recaudar más y ser más solidario con el resto de regiones.

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Es decir, la política de impuestos bajos, como se demuestra con la política de Madrid o como se ha demostrado cada vez que se ha aplicado en el conjunto nacional, es bueno para todos. Pues bien, Sánchez, si homogeneiza, acabará con todo ello y disminuirá la prosperidad de todos, al tiempo que se acercará a un nivel casi confiscatorio si ejecuta su plan de subida generalizada de impuestos.

El Gobierno equivoca dos cosas: la primera es que nuestra presión fiscal puede ser inferior a la de la eurozona, pero no así nuestro esfuerzo fiscal, que es el indicador que mide la presión fiscal en términos de PIB per cápita, con lo que una nueva subida de impuestos sólo conseguirá estrangular más al conjunto de españoles. La segunda es que puede subir los impuestos todo lo que quiera, pero de ahí a que consiga el efecto de recaudación deseado, media un gran trecho. Con una economía que descendió a tumba abierta en 2020 y con la necesidad de una recuperación rápida en 2021, llevar a cabo una política fiscal contractiva con semejante subida de impuestos lo único que conseguirá es paralizar más la economía, incrementar todavía más el desempleo y aumentar, así, el efecto de los estabilizadores automáticos: más gasto en prestaciones por desempleo, menos recaudación por caída de actividad (y desincentivo a la misma) y, por tanto, más déficit y deuda.

Todas estas subidas de impuestos dañarán a la economía sin conseguir los objetivos de recaudación que prevén, con lo que también se incrementará, en este caso, el déficit y la deuda. Es el inicio de un camino tortuoso con un horizonte económico nada halagüeño, pues, de llevarse a cabo, nos introducirá en un período de estancamiento -tras el fuerte rebote cíclico inicial-, mientras los autónomos y el conjunto de contribuyentes sufren un nivel más de asfixia tributaria.

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