Digan lo que digan

José María Albert de Paco

La sentencia del TC que anula la prohibición de las corridas de toros en Cataluña supone un triunfo de la democracia frente al antiespañolismo. Se trata, no obstante, de un triunfo simbólico. Sobre todo por tardío.

El dictamen llega más de seis años después de que el Parlamento aboliera la fiesta, esto es, cuando ya su extinción es irreversible. Para empezar, haría falta un empresario que se atreviera a desafiar al Gobierno de la Generalitat, que ya ha advertido, por boca de Josep Rull, de que los toros no volverán a Cataluña "diga lo que diga el Constitucional". Esa misma expresión, "diga lo que diga el Constitucional", es la que ha empleado Ada Colau, que ha debido de poner la anulación en la pila de las sentencias injustas, aquellas que son susceptibles de desobediencia. Empieza a ser preocupante, por cierto, cómo cualquier resolución contraria al ambiente merece el desprecio de los ambientistas. Cómo, en fin, cualquier político de medio pelo se declara en rebeldía cuando la ley no casa con sus convicciones, o declara sin ambages, como hoy un tal Terrades, del PSC, que "acompañará a la Generalitat" en la búsqueda de "una fórmula que haga imposible que en Cataluña se vuelvan a celebrar corridas".

Parece improbable, insisto, que los aficionados volvamos a ver toros en Barcelona. A lo sumo, y si aparece algún valiente en el horizonte que arrostre a los rulls, terrades y colaus (no, no creo que sea el caso de ningún Balañá), tal vez pudiera celebrarse un ciclo anual, acaso por la Merced. En previsión, sin embargo, de que nada, ni siquiera la sentencia del TC, restituya la fiesta, no estaría de más que toreros, apoderados, críticos taurinos y cuantos profesionales hayan sufrido los efectos de la prohibición plantearan una reclamación por el dinero que llevan perdiendo desde que no pueden ejercer su oficio. Si la reconversión de un sector industrial se resuelve con indemnizaciones a cargo del Estado, cómo una abolición (más, si cabe, una abolición que obedece a escrúpulos políticos, es decir, a un capricho) no habría de resolverse de idéntico modo. Prohibidos están los toros "diga lo que diga el Constitucional", de acuerdo. Ahora bien, que paguen.

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