La auditoría sin auditores de Ahora Madrid

José Luis Moreno Casas

¿Sería posible diseñar un buen edificio sin arquitectos? ¿Impartir justicia sin abogados? ¿O realizar una obra de ingeniería sin ingenieros El Gobierno municipal de Ahora Madrid intenta colarnos un consejo asesor de auditoría de la deuda municipal compuesto por 9 miembros sin dar participación a la Intervención General, órgano independiente profesional responsable legal de las funciones de auditoría local. Es decir, un timo de auditoría sin auditores.

Y lo hace para dar cumplimiento, nos dice el Concejal de Hacienda ocho meses después, a una propuesta del Grupo Ciudadanos para realizar una auditoría de la gestión económica de los gobiernos municipales del Partido popular, apoyada por el PSOE y Ahora Madrid y aprobada por el Pleno del 22 de Julio de 2015.

Nuestro grupo votó en contra porque del debate previo adivinamos que se estaba preparando una encerrona sin garantías y sin objetividad alguna, como así ha sido después. La realidad de los hechos es tozuda. En otras ciudades como Zaragoza, una propuesta similar ha sido legalmente ejecutada en dos meses por la Intervención general local. Es verdad que en dicho caso la organización hermana de Ahora Madrid encargaba una auditoría sobre la gestión del PSOE.

El pasado nos ha enseñado que definir un escenario sectario no independiente es la antesala de un juicio sumario basado en documentos subjetivos generados por encargo desde el resentimiento. Y eso no queremos que pase en una ciudad abierta y cosmopolita como Madrid. Igual que un tribunal popular no es un Tribunal independiente con garantías para el juzgado, una auditoría popular no es una Auditoría en el sentido de un trabajo de revisión económica y financiera independiente, que sea objetiva y profesional.

La función de auditoría es una función necesaria en democracia y regulada en detalle en nuestro ordenamiento. Ser auditor exige contar con una independencia de criterio basado en el análisis de las cuentas y requiere años de experiencia así como un examen específico de acceso a la profesión.

En el sector público, además, por su importancia e impacto, son tareas encomendadas al Tribunal de Cuentas, el Ministerio de Hacienda y la Intervención General de la Administración del Estado. Los interventores son profesionales de prestigio por desempeñar una labor discreta de control de las cuentas públicas y privadas, un control siempre necesario.

Todo trabajo realizado por personas que no tengan ese perfil y ese mandato legal carece de valor para evaluar financieramente las decisiones tomadas por un Gobierno local, legítimamente elegido. Un Gobierno que tomó las decisiones, una a una, tras haber obtenido la autorización de los servicios jurídicos y la Intervención local.

Introducir la política tras la Justicia, haciéndola justicia política, o tras la Auditoría, convirtiéndola en auditoría política, es lo mismo que lo que me decía un compañero de la facultad de Económicas, "que la madre política no es madre, sino suegra".

José Luis Moreno Casas es economista colegiado en Madrid y Concejal del Grupo popular en el Ayuntamiento de Madrid Portavoz de Economía y Hacienda.

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