¿Qué hacer con Cataluña? (2)

José García Domínguez

Tras la sublevación catalana del 1 de octubre, y transcurridos ya más de cuarenta años desde su puesta en marcha, el Estado de las Autonomías, algo que en puridad fue una creación jurídica sui generis ideada por la II República para tratar de encauzar a los nacionalismos catalán y vasco dentro de un marco constitucional por lo demás unitario, ha demostrado que su principal defecto, el querer parecer en todo un Estado federal pero sin ser de verdad un Estado federal, ha terminado siendo una de las principales causas, si no la principal, de la crisis nacional que arrostra España durante este primer tercio del siglo XXI. Dejando al margen aquel efímero disparate que fue la Primera República, es evidente que España nunca podrá ser un genuino Estado federal, por la simple razón de que cualquier Estado federal fundamenta su propia existencia en la premisa de la lealtad de las partes hacia el todo. Una lealtad que aquí, huelga decirlo, no existirá nunca por culpa de Cataluña. Un lastre crónico, la reiterada deslealtad histórica de Cataluña, que nos ha abocado a la definitiva inviabilidad de la fórmula autonómica en su actual configuración, esa peculiar fórmula hispana de crear un Estado compuesto.

Y es que la idea autonómica, concepto que en principio no estaba concebido para su final extensión a todo el territorio del país, adolece de una carencia básica que no se da ni en Estados Unidos, ni en Alemania, ni en Canadá, ni en Suiza ni en ningún otro Estado federal conocido. Porque todos los Estados federales, sin excepción alguna, disponen de un amplio abanico de facultades legales coercitivas al alcance del poder central a fin de hacer real y efectivo el sometimiento de las partes a las normas comunes. Justo lo contrario de cuanto sucede en el diseño autonómico español. La muy contrastada impotencia para hacer que se ejecuten en tiempo y forma por las Autonomías las leyes emanadas del Parlamento es una extravagancia solo española. Eso no ocurre en ninguna federación. Porque el hecho de que la competencia para elaborar las normas y la de llevarlas a la práctica recaigan en poderes políticos distintos es algo que forma parte de la normalidad rutinaria en cualquier Estado compuesto. Lo que ya no resulta ni medio normal, sin embargo, es lo que ocurre aquí, a saber, que la autoridad central haya sido desposeída de los mínimos instrumentos que garanticen el acatamiento de sus normas en cualquier rincón del territorio.

Esa carencia hispana sería algo inimaginable en la Federación alemana, pongamos por caso. Completamente inimaginable. Porque allí jamás podría ocurrir que un Land decidiera a su libre albedrío cómo y cuándo llevar a la práctica una norma emanada del Parlamento. Algo que entre nosotros acontece cada dos por tres en cualquier autonomía. Y no hablemos ya de negarse a aplicarla, esa tradición tan catalana. Porque en los Estados federales, en todos ellos, el Gobierno dispone de la potestad para enviar inspectores que en cualquier momento verifiquen sobre el terreno la efectiva aplicación de las leyes comunes a lo largo del país. Y, llegado el caso, el ordenamiento constitucional también faculta al poder central para impartir órdenes de obligado cumplimiento a las autoridades regionales reacias a implementar tal o cual normativa. Ningún policía regional ni ningún profesor de instituto de Baviera se podría reír jamás de Merkel. Jamás.

O España se decide a avanzar por ese camino o dentro de bien poco ya no habrá ningún camino.

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