Normalicemos a los normalizadores

José García Domínguez

Se ponen tan nerviosos cuando les mentan la falacia de la lengua que hasta se les escapa la verdad. Le ocurrió el domingo al que ahora se hace llamar Artur Mas (antes, en los ambientes franquistas de Barcelona que tanto cultivó en su juventud, respondía por Arturo). Así, al verse apurado en Madrit con la rutinaria cantinela doméstica del aquí-no-hay-ningún-problema-con-el-idioma, nuestro ex-Arturito se sulfuró tanto que soltó lo que realmente piensa. "Que monten un colegio privado en castellano para el que lo pague, igual que montaron uno en japonés", le espetó a Pedro Jota. O sea, admitió, sin el menor pudor, que la mitad de sus conciudadanos poseen idénticos derechos civiles y políticos que un transeúnte japonés en Cataluña. Y cuidado, que este es el líder de los catalanistas tibios, sensatos, dialogantes, moderaditos, bien planchados, mejor peinados, encorbatados como Dios manda y con los calcetines oscuros.

Pronto han olvidado lo que ellos mismos pregonaban cuando gemía así Josep Benet, otro propio de Pujol: "Se tortura a nuestros niños durante los primeros años de escuela aprendiendo en una lengua que no es la materna". Atrocidad que le merecía los calificativos de "crimen" y "hecho inhumano". Eso era cuando los convergentes, al igual que el resto de la tropa catalanista, no cesaban de repetir ad nauseam la doctrina de la UNESCO: "Es axiomático que el mejor medio para enseñar a un niño es la lengua materna". Sin embargo, ahora, las cosas han cambiado: mandan ellos. Y hoy, en la Cataluña de los nacional–sociolingüistas lo axiomático es justo lo contrario: que quien no se sienta a gusto con la inmersión de sus hijos se largue al Japón, y punto.

Porque están decididos, con la complicidad impagable del bobo solemne, a aplicar su propia ley de extranjería a la población castellanoparlante. Al igual que antes promulgaran esa Constitución no escrita que fija una cuota máxima del cinco por ciento para los apellidos japoneses admisibles en el gobierno de Cataluña, el Estatut oficializará la prohibición del uso del español en todos los niveles del sistema educativo de la región. Pues, como los catalanistas son una nación, ha de haber dos tipologías claramente segregadas de ciudadanos: los catalanes-catalanes, y los catañoles realquilados con derecho a cocina. Ante eso, si el único partido nacional que resta en España albergara un mínimo sentido de la justicia poética, debería anunciar hoy mismo la reforma de la Ley Electoral a su vuelta al poder. Porque bastaría con elevar a cuatrocientos el número de diputados en el Congreso para convertir a ex-Arturo y los suyos en meros turistas japoneses de visita guiada por las Cortes. Aunque, de atreverse a hacerlo, el PP correría un gravísimo riesgo de Estado: se nos podrían crispar los señoritos del Círculo Ecuestre.

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