La puñetera verdad sobre el dinero de las autonomías

José García Domínguez

Los impuestos, que son el precio de la civilización, también acostumbran a devenir la madre de todas las demagogias cuando los partidos entran en estado de celo electoral. No hace mucho, Monago, el de Extremadura, se empeñó en demostrar lo fácil que resulta ejercer de liberal con el dinero del prójimo. Así, en un alarde de desprendida generosidad que pagaremos a escote entre los madrileños, los catalanes, los valencianos, los baleares y algunos otros, se aprestó a bajar los tributos a sus votantes. Ah, qué dulce la pólvora del Rey. Caso distante y distinto, sin embargo, es el de Madrid, que ahora nos ocupa. La Comunidad de Madrid, esa extravagancia administrativa nacida para mutilar Castilla, es uno de los grandes contribuyentes netos del sistema fiscal español. Porque Madrid paga, y mucho. Nada que ver, pues, con las cuentas del Gran Capitán de Badajoz.

En consecuencia, si los madrileños prefieren renunciar a ciertos servicios públicos a fin de rascarse menos el bolsillo, habrá de ser asunto suyo y solo suyo. El metro de la capital, aunque dotado de muchas y muy extensas líneas, no posee ninguna con parada y fonda en Ítaca. Avatar que hace mucho más llevadero el coste de la Administración. La Generalitat, en cambio, ha de mantener en nómina a una legión de ulises y de garibaldis, patriotas profesionales de los de catorce pagas más trienios, que cuestan un dinero. Sin ir mas lejos, solo en los últimos cinco años las subvenciones a fondo perdido con destino a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales ascendieron a 2.500 millones de euros (415.000 millones de pesetas). Nadie se extrañe entonces de que, mientras Madrid da un respiro a los contribuyentes, Artur Mas anuncie la inminente resurrección del impuesto sobre la muerte.

Al parecer, la media docena de nuevas tasas alumbradas tras los pactos con la Esquerra ya saben a poco. Por tanto, además de disfrutar en vida del tipo marginal del IRPF más alto de España, los habitantes del país petit lo pagarán caro si se les ocurre morirse. Sucesiones, el impuesto, por cierto, cuya eliminación fuera la gran promesa de Mas antes de reencarnarse en el Moisés del Llobregat. Pero los viajes a Ítaca es sabido que salen por un ojo de la cara. Por lo demás, simplemente es falso que la causa de los desequilibrios presupuestarios que arrostran las autonomías nazca de la caída de los ingresos, pretendida consecuencia fatal de la crisis. Mentira y de las gordas. A día de hoy, su gasto real, o sea descontando la inflación, es superior al de 2003. Ergo disponen de presupuesto suficiente para ofrecer un nivel de prestaciones similar al que brindaban en los ejercicios 2004 o 2005. Ocurre que el 80% del déficit autonómico resulta ser fruto exclusivo del alegre incremento del gasto corriente. ¡El 80%! Y que apenas el 20% restante obedece a la disminución de ingresos acontecida tras el inicio de la recesión. De ahí el incremento del 33% en el gasto por habitante entre 2003 y 2009. Ésa es la puñetera verdad, la que ni los Mas ni los Monago de turno admitirán jamás.

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