La Comisión de la Verdad (1)

José García Domínguez

El presidente Sánchez acaba de anunciar en Sudamérica la creación de una extravagante Comisión de la Verdad cuya misión última sería fijar una versión canónica de la historia de España que abarque desde el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 hasta la muerte del dictador, el 20 de noviembre de 1975. Extravagante, decía, porque esas llamadas comisiones de la verdad obedecen casi exclusivamente al ámbito político latinoamericano, más en concreto a Argentina, Uruguay y Chile, los países del Cono Sur que sufrieron la barbarie militar a finales del siglo pasado. Allí, esas figuras tenían sentido en la medida en que con ellas se trataba de llevar a cabo una pesquisa judicial para esclarecer decenas de crímenes cometidos en un pasado muy inmediato por sus respectivas dictaduras castrenses. Así, ni en Chile ni en Argentina ni Uruguay se pretendió en ningún momento fijar desde el Estado, y en concreto desde su Poder Ejecutivo, un relato oficial de la historia contemporánea de sus respectivos países. Esa misión, como no puede ser de otro modo, se les deja a los historiadores, los únicos competentes en la materia. Nada que ver, pues, con nuestro caso, el español. Entre otras razones de peso, porque la represión violenta contra los vencidos en la guerra civil de 1936 se concentró, como es lógico, en la inmediata posguerra, y de aquello pronto hará un siglo.

¿Una Comisión de la Verdad con enviados de la ONU para establecer quién mató a Durruti? ¿Qué sentido tiene eso? No ha habido comisiones de la verdad en Europa; en ninguna Europa, ni en la Occidental ni en la Oriental. No la hubo en Portugal, donde la ruptura con el orden autoritario fundado por Salazar se produjo de un modo brusco y revolucionario, esto es, sin contar para llevar a cabo la transición con el concurso del personal político de la dictadura. Pero tampoco se produjo en ninguno de los antiguos países del socialismo real, incluida la llamada en su día República Democrática de Alemania, el territorio donde nació y vivió hasta la primera madurez la canciller Ángela Merkel. Y la razón fundamental de que no las hubiese obedeció en todos los casos al mismo motivo. Porque tanto en el Este como en Portugal, la longevidad de sus respectivas autocracias, al igual que sucedería en la España de Franco, llevó a que el Estado y el régimen se mezclaran y confundiesen entre sí de modo inextricable. Ante esa realidad ingrata pero insoslayable, proceder a una depuración política a fondo tras la caída del sistema implicaría desmantelar el Estado. Porque las sociedades polaca, húngara o checa no eran comunistas, pero las columnas vertebrales de sus Estados sí lo era y hasta el tuétano, además. Y lo mismo sucedía en Portugal y España con sus respectivos autoritarismos de derecha.

La fantasía de la ruptura frente a la reforma de Suárez, el mito que alimenta la frustración de esa parte de la izquierda española que aún hoy sigue soñando con lo que pudo ser y no fue tras la muerte de Franco, se sustenta en una incapacidad crónica para entender eso; para entender que la ruptura habría sido imposible en cualquier caso, como imposible fue también en Portugal, porque nos hubiera llevado a una situación como la de Irak tras el derrocamiento de Sadam, cuando los norteamericanos incurrieron en la supina estupidez de crear el caos más absoluto por la vía de licenciar a todos los funcionarios estatales que procedían del partido Baaz. La verdad histórica, y sin necesidad de comisión ninguna, es que en la Transición ocurrió lo mejor que nos podría ocurrir. Continuará.

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