¿Encarcelar a los inmigrantes ilegales?

José García Domínguez

Todos los siglos poseen su gran tema central, la materia frente a la cual todas las demás cuestiones no dejan de constituir notas secundarias a pie de página. Así, el asunto del XIX fue la irrupción en escena de la revolución capitalista, con su rosario añadido de infinitas convulsiones sociales. El del siglo XX, centuria brevísima que empezó en 1914 y se derrumbó de modo súbito en 1989, fue el comunismo. Y el del XXI, algo claro a estas alturas, va a ser el de las migraciones de masas intercontinentales. Una cuestión, la estelar de la época que le ha tocado vivir a nuestra generación, frente a la que la izquierda –o lo que queda de ella– no tiene nada importante que decir. De hecho, no tiene nada, ni importante ni no importante, que decir. De ahí que, si el protagonismo intelectual durante la segunda mitad del XX correspondió a los socialdemócratas, ahora sea la derecha quien establezca los argumentos hegemónicos, frente a los que los demás se ven forzados a tomar postura.

Boris Johnson, que es lo mismo que decir la derecha anglosajona, que siempre va veinte años por delante de la española en las grandes cuestiones del debate ideológico, hace mucho tiempo que se olvidó del doctrinarismo economicista propio de los ochenta, el que ellos mismos pusieran de moda en su día, para centrarse en la cuestión de la inmigración como leitmotiv de su acción política toda. Ese es el contexto dentro del que cabe interpretar que los conservadores acaben de llevar una propuesta de ley a la Cámara de los Comunes en cuyo articulado se prevén penas de hasta cuatro años de reclusión penitenciaria para los inmigrantes ilegales que accedan de modo irregular a territorio británico. Y en el trasfondo de esa dureza, la suprema paradoja del instante presente en Europa Occidental. Porque el Estado del Bienestar, la gran seña de identidad colectiva de la izquierda democrática europea desde 1945, resulta que solo posee hoy como defensor real y efectivo en el continente a una derecha que, como la británica, se niega a destruir su sostenibilidad financiera por la vía suicida de abrir las fronteras nacionales a la mano de obra barata del Tercer Mundo. Cosas veredes.

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