"Elucubraciones doctrinales"

José García Domínguez

Parece que el Gobierno acaba de descubrir con muy desolada indignación que los magistrados del Tribunal Constitucional se alinean con los partidos de la derecha cuando la mayoría de ellos fueron promovidos al cargo por los partidos de la derecha, a diferencia de lo que casualmente ocurre cuando a quienes deben la ascensión a tan ilustres empleos resultan ser ellos mismos, los partidos de izquierda. "Qué escándalo, qué escándalo, he descubierto que aquí se juega", que diría el tan cándido y virtuoso comisario Renault. El Tribunal Constitucional, órgano estrictamente político que pese a su muy rimbombante nombre no forma parte del Poder Judicial, es una instancia cuyo alumbramiento, vista su eficacia, los constituyentes se podrían haber ahorrado sin mayor perjuicio para nadie. A fin de cuentas, ¿para qué nos sirve poseer un tribunal constitucional si el deporte favorito de los parlamentos locales de las diecisiete autonomías, que no solo la vasca y la catalana, consiste en invadir por rutinaria costumbre competencias de titularidad estatal? Normas intrusas y furtivas que, una vez aprobadas y puestas en marcha, podrán mantenerse vigentes durante largos años –de ahí la alegre afición a cometerlas por parte de sus autores periféricos– hasta que la parsimoniosa, lentísima maquinaria del Tribunal llegue algún día remoto a anularlas, con los consiguientes estragos, tantas veces irreparables, ya causados.

¿Qué sentido tiene que a una administración regional, verbigracia la Generalitat, se le antoje prohibir el uso normal del idioma español en determinados ámbitos sometidos a su control y que, ante tal ataque contra los derechos individuales amparados por la Carta Magna, no pueda tratar de defenderse judicialmente ningún español, absolutamente ningún español, excepción hecha del presidente del Gobierno, 50 diputados, 50 senadores y el Defensor del Pueblo? ¿Para qué demonios necesitábamos al Tribunal Constitucional, aparte de para que el Gobierno le riña en público cuando no se muestra obediente en el grado extremo que de él siempre se espera? Quizá los norteamericanos, decanos tanto de la democracia liberal en el mundo como del federalismo efectivo llevado a la práctica, tuvieron buenas y poderosas razones para prescindir de esa figura en su ordenamiento. Con el Supremo y los jueces ordinarios, van que chutan. Tomemos ejemplo.

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