El golpe de los chusqueros (y las chusqueras) es ilegal

José García Domínguez

El golpe de los chusqueros, Borrell dixit, esa asonada palaciega orquestada al alimón por el diario El País y la Santa Patrona de los ERE, con los figurantes todos de la derecha madrileña haciendo los coros y hasta alguna danza, plantea un problema que, más allá de las obvias objeciones éticas y sobre todo estéticas del asunto, remite la bullanga a un conflicto jurídico. Querella legal que Díaz, la coronela con modales de sargento de reemplazo que quiso hacer pasar a su furriel Pérez, la ignota Pérez, por "única autoridad del PSOE", está llamada a peder en su día dentro de las salas de justicia. Decía Azaña, y decía bien, que la mejor manera de conservar un secreto en España es publicarlo en forma de libro. Y los Estatutos del PSOE, si bien modesto, no dejan de ser eso, un libro. De ahí que nadie, empezando por la propia coronela y acabando por los centenares de periodistas que peroran sin cesar sobre el asunto, haya acudido a sus páginas, siquiera con intención de echar un somero vistazo en diagonal. No es de extrañar, pues, esa muy ecuménica ignorancia que rige a estas horas sobre la normativa que debiera ordenar el funcionamiento de los órganos de gobierno del partido socialista.

Una cuestión, por lo demás, bien simple. A fin de cuentas, la única incógnita que beberían despejar los amotinados es la que resolviese el enigma de saber en qué artículo de los Estatutos del Partido Socialista Obrero Español se dice que la Comisión Ejecutiva Federal tendrá que ser relevada en sus funciones por una comisión gestora en el supuesto que la mitad más uno de sus integrantes presentase la dimisión. Interrogante que plantea, sin embargo un pequeño problema, a saber, que certificarlo les resultaría imposible porque ese ignoto artículo, sencillamente, no existe. Ocurre que en ninguna parte, y en ninguna parte significa en parte alguna, figura la exigencia de que el secretario general del PSOE y la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE tengan que presentar la renuncia por el hecho de que 17 o 18 de los miembros de ese órgano colegiado se marchen a sus respectivas casas dando un sonoro portazo. Tal cláusula punitiva únicamente rige dentro de las mentes calenturientas de la coronela y sus amotinados. Única y exclusivamente ahí.

A falta de uno, dos juristas de prestigio sobrado, los notarios Rodrigo Tena e Ignacio Gomá, acaban de airear un peritaje sobre la vigente norma estatutaria de los socialistas que no deja el menor resquicio a la duda en lo que respecta a ese extremo. Así, por mucho que la animosa furriel Pérez se sienta contrariada, Sánchez Castejón en ningún instante ha dejado de ser la única autoridad legal y legítima que representa al partido socialista. A esos espinosos efectos, cuanto prescriben al modo imperativo los Estatutos, y en concreto su artículo número 36, es lo que sigue: "Cuando las vacantes en la Comisión Ejecutiva Federal afecten a la Secretaría General, o a la mitad más uno de sus miembros, el Comité Federal deberá convocar Congreso extraordinario para la elección de una nueva Comisión Ejecutiva Federal.". Un congreso. Un congreso, solo un congreso y nada más que un congreso. Punto. Pero un congreso es justamente lo que quiere convocar Sánchez Castellón en caso de sobrevivir al tejarazo auspiciado por la Reina del Sur. Es un golpe de estado como la copa de un pino.

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