¿El Gobierno debería indultar a Mas?

José García Domínguez

El proceso a que está siendo sometido el expresidente de la Generalitat Artur Mas, una causa muy seria que no debiera ser objeto de frivolización a ojos de la opinión pública, está abocado a colocar a las instancias rectoras del Estado ante la misma disyuntiva que se suscitó a inicios de la década de los ochenta, cuando la quiebra fraudulenta de Banca Catalana llevó a que se forzase desde La Moncloa un apaño absolutorio en los tribunales, de tal modo que la persona de su principal inductor, Jordi Pujol, se librara de las previsibles consecuencias penales que a buen seguro acarrearía el desenlace normal del juicio. Y todo con el único fin de buscar la manida concordia con el catalanismo. Concordia imposible, como los casi cuatro lustros transcurridos desde entonces se han encargado de certificar. Aquel gesto de medrosa negligencia pusilánime por parte del Estado, lejos de suscitar en la corriente dominante del catalanismo el menor sentimiento de lealtad hacia el orden constitucional español, ese mismo que pocos años atrás acababa de garantizar un marco de autogobierno a Cataluña nunca antes conocido en la Historia, los dotó de una novedosa conciencia de impunidad que llevaría a que incrementasen de modo exponencial la audacia de sus acciones. Esa profunda deslealtad de los catalanistas, que simularon de modo cínico su asentimiento al orden constitucional mientras se ponían manos a la obra de inmediato para tratar de destruirlo, debería servir de aviso a navegantes a cuantos anden ahora tentados de repetir el mismo error que se cometió con Pujol.

Que el pasado 9 de noviembre de 2014 la conducta del presidente de la Generalitat fue constitutiva de varios delitos tipificados, asunto que estos días se dirime en el Palacio de Justicia de Barcelona, resulta algo tan clamorosamente evidente que incluso quienes se esfuerzan por defender lo contrario, como es el muy significativo caso del señor Vidal Folch desde las páginas de El País, rematan sus escritos exculpatorios solicitando un indulto para el aún acusado. Cuán profunda e intensa tiene que resultar su muy íntima certeza de que Mas es culpable para que, antes de iniciarse siquiera la primera sesión del juicio oral, empezasen ya a rogar un indulto gubernativo. Sin embargo, y como diría Talleyrand, librar de su pena a un Mas condenado en firme por la Justicia sería algo mucho peor que un crimen: sería un error. Y no un error cualquiera, sino un error imperdonable que llevaría a que, esta vez sí, se consumase la ausencia del Estado dentro del territorio de Cataluña durante la jornada que al final se elija para terminar de quebrar la legalidad española. Y ello por una razón simple. Los golpistas necesitarán la obediencia, amén de la complicidad activa, de varios centenares de funcionarios de carrera en nómina de la Generalitat para poder arbolar una escenografía institucional que ofrezca una mínima, elemental apariencia de referéndum real ante los observadores internacionales que, presentes en Cataluña o desde las pantallas de televisión, estén atentos a todo lo que aquí ocurra durante esa jornada.

No se olvide que una eventual declaración de independencia requeriría como condición sine qua non para su posible viabilidad efectiva que se produjese algún tipo de reconocimiento exterior. Los golpistas de la Generalitat, huelga decirlo, son plenamente conscientes de ello. Y de ahí su nuevo foco de presión sobre los funcionarios sometidos a su mando. La insistente recomendación oficial para que solicitasen un día de permiso a fin de poder acompañar a Mas hasta los juzgados fue el inicio de esa campaña dirigida a los empleados públicos de cara al gran día. Sin centenares de funcionarios organizando y controlando la compleja logística del desafío abierto al Estado, el asunto quedaría en otra performance escénica más, otro número vistoso, sí, pero irrelevante. Por eso la inhabilitación judicial de Mas se antoja tan imprescindible para hacer que los hipotéticos cómplices materiales en la asonada comiencen a sentir el aliento del Estado en la nuca. Los pequeños colaboracionistas, los chusqueros del procés, tienen que saber que también habrá consecuencias personales para ellos. Y muy graves. A los chupatintas de la Generalitat procede hacerles entender que se juegan el sueldo y el empleo en este envite. Y la única manera de que lo entiendan, la única, será viendo a su caudillo inhabilitado. No nos podemos permitir otro error.

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