PP y Estatutos

Contra el sentido común

José García Domínguez

Lo peor de los socialistas es que a veces tienen razón. Por eso, cuando dediquen la campaña electoral a restregarle por la cara a don Mariano el Estatuto de la Realidad Nacional Andaluza, algunos casi lo celebraremos; más que nada, por la cosa del sentido común, que esta temporada está muy de moda y en Génova se lleva tanto como las corbatitas rosas. Y es que del PSOE ya sabemos que sólo cabe repetir aquello que sentenció Borges sobre sus primos hermanos, los peronistas: no son ni buenos ni malos, simplemente, son incorregibles.

Pero ¿qué decir de la coherencia doctrinal del PP en la cuestión del cuarteamiento del Estado? ¿Qué decir, por ejemplo, de la charlotada que escenificó ayer ante los magistrados del Tribunal Constitucional? Resulta que en Valencia el Partido Popular considera indiscutiblemente inconstitucional lo mismo que el Partido Popular sabe perfectamente constitucional en Sevilla, algo que un poco más arriba, en Barcelona, el Partido Popular vuelve a denunciar por gravemente inconstitucional.

Pues bien, ¿qué decir? ¿"Yo soy dos y estoy en cada uno de los dos por completo", en homenaje a la gloriosa memoria de San Agustín? Porque el Partido Popular recogió aquellos cuatro millones de firmas de aquellos cuatro millones de incautos por considerar inadmisible, egoísta, asimétrica y mezquina la disposición del Estatut que fuerza al Estado a invertir en Cataluña el equivalente a la aportación regional al PIB español.

Y, al día siguiente, el Partido Popular en pleno ya estaba movilizado en pos de lograr otros tantos millones de votos en el referéndum de Andalucía por creer muy razonable, ajustadísimo a derecho, digno de encomio y modelo a imitar el Estatuto de Chaves. Un Estatuto que obligará a ese mismo Estado a soltar de Despeñaperros hacia abajo un fajo exactamente igual a la aportación proporcional de... Cataluña al PIB español.

Pues ocurre que entre todos los catalanes, incluidos los que somos anticatalanistas, generamos anualmente el dieciocho por ciento del valor final de cuanto es producido en España. Razón de que vayamos a acaparar por nuestra incontestable voluntad, es decir, pasándonos por el arco del triunfo lo que opine el Parlamento de la Nación, el dieciocho por ciento de la inversión pública del Estado.

O sea, exactamente el mismo porcentaje que se reservará Chaves para sí con el aplauso del PP. Es decir, incurriendo todos juntos y en unión en una alegre violación de la presunta soberanía popular depositada en las Cortes similar a la que podrá cometer Camps -con el aplauso de Camps– cuando le dé la real gana de aplicar la Cláusula Idem. Y encima hay que llamarle sentido común.

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