Ley "antiokupas", ya

Javier Somalo

La insoportable costumbre española de que una ley permita el delito se ha visto algo aliviada esta semana ante una propuesta política referida a la usurpación de viviendas presentada por Pablo Casado. Si es como parece y no se contamina por el camino, es una buena noticia.

Tiene algo que ver con los famosos anuncios contra la piratería en la que se nos comparaba el hecho de ver una película bajada de internet con el robo de un bolso a una abuela o con reventar la luna de un coche para llevarse lo que hubiera en su interior. No entraremos ahora en la duplicidad o triplicidad de tasas que hemos pagado hasta ver, legal o ilegalmente, una película o escuchar un CD -si es queda alguien que lo haga todavía- porque ya lo hemos hecho profusamente en Libertad Digital desde hace dos décadas. El caso es que, según nos decían antes de ver una película, "Robar es delito y ahora la Ley actúa". Sin embargo, robar una casa, usurpar su propiedad, nunca ha parecido cosa grave y, en todo caso, nos lo han querido colar como una necesidad social fruto de una desigualdad. Y no, la Ley no actúa ni se la espera. Se ve que la propiedad intelectual tiene mejor prensa que la propiedad privada cuando deberían ser lo mismo. Lo que de forma legal es propio, no es de nadie más y debe defenderse.

A falta de conocerla con más detalle, la proposición de Ley de Pablo Casado contra la usurpación de viviendas, la 'okupación', recoge casi toda la problemática y aporta la única solución posible: que la Ley actúe devolviendo el bien a su propietario en el plazo de un día y que el delito sea perseguible de oficio.

La figura del 'okupa' en España está envuelta de demasiadas mentiras que conviene destapar y que conocen muy bien los que han sufrido años -no dos meses ni tres- la desprotección legal ya sea como afectado principal o como vecino del usurpador. Nos han vendido una amplia tipología de okupas que van desde el joven comprometido con diversas causas y que convierte un inmueble público abandonado en un centro social reivindicativo, hasta la familia numerosa que lleva años viviendo en la calle y se ve abocada a reventar una puerta, que no es de nadie porque es de un banco o porque no vive nadie más que en verano, para dormir bajo techo. Nunca se nos muestra en qué acaba el centro social de incalculable valor público o la realidad de esa familia que rechaza cada mes una casa de alquiler reducido.

Conviene prestar atención, y espero que la proposición de Casado lo haga, a los bancos, las inmobiliarias de los bancos, el propio SAREB y esas llamadas "apis" (agentes de propiedad inmobiliaria) que surgen como hongos y que son capaces de alquilar y hasta vender casas ocupadas ilegalmente o trapichear hasta el infinito tras un desalojo. Existe todo un entramado de ilegalidades, y supongo que de comisiones, en el que merece la pena meterse a fondo, si es verdad que asoma una nueva Ley, en vez de clavar al contribuyente con impuestos tan injustificados como el IBI -a ver si se atreven de una vez con este otro robo-, que van engordando ahora gracias también al vuelo indiscriminado de los drones del catastro. Pues bien, la omisión de denuncia inmediata por parte de un banco en el caso de ocupación ilegal de una vivienda de su propiedad también ha de ser perseguida. Porque sucede y mucho. Unas veces por proteger su "perfil social" y otras por simple cálculo, todos los grandes bancos -y aquí no se salva ni uno- mantienen pisos ocupados procedentes de desahucios previos.

Resulta desolador y constituye una inseguridad jurídica inmensa el hecho de que un banco ejecute una hipoteca por impago pero permita la ocupación ilegal posterior de alguien que jamás va a pagar y que, inmediatamente, queda protegido por la Ley para vivir dos años gratis en la casa de un hipotecado que tuvo dificultades. El nuevo inquilino-usurpador tendrá agua y luz sin contrato ni corte alguno y, por si fuera poco, recibirá ofertas de "alquiler social" que no le fueron facilitadas al propietario anterior, que pagó hasta que pudo. Surge aquí la figura -más que lógica dada la falta de ley- del 'auto-okupa' que, al día siguiente de su desalojo, cambia la cerradura y se declara usurpador oficial de su propia casa que no ha terminado de pagar. Al menos, tendrá dos años por delante amparado absurdamente por la ley.

Pero al banco le puede importar relativamente poco la usurpación de un inmueble ya que no deja de ser un impacto en su balance que permite cierto margen de demora en su resolución. El drama y la verdadera indefensión llega cuando a un ciudadano no le funciona SU llave en SU casa. Y aquí nos atropella otra de las grandes injusticias: las viviendas de particulares que se suelen ocupar son "segunda residencia", cosa intolerable. Si el término "propiedad privada" está demonizado, el de "segunda residencia" es ya el colmo de la desfachatez: no puede haber una persona sin casa y otra con dos, así que, como diría el pajarito de Maduro: "¡Exprópiese!".

El partido político que a estas horas todavía dirige el inquilino de la finca de La Navata ha sido el más claro en este sentido y, de hecho, buena parte de su propuesta política original venía de la ocupación ilegal, eso que llaman "colectivo okupa". Lo cierto es que fueron ocultando sus posicionamientos políticos a medida que iban adquiriendo inmuebles gracias a su entrada en la política o según iban aflorando los que siempre tuvieron y siempre tendrán… Algunos podemitas atesoran auténticas colecciones inmobiliarias. Pero en definitiva, Podemos ha fomentado la usurpación como política de vivienda social siempre que la propiedad privada no sea tan privada como suya. Y el resto de políticos de todos los partidos, detrás de la garita de seguridad de alguna urbanización inexpugnable, siempre se ha decantado por el derecho a una vivienda digna y por lo malo que es tener pisos vacíos con tanta pobreza como hay… y lo delictivo que es ver una película sin su carátula oficial.

Toda usurpación genera varios daños. El principal lo sufre el propietario sobre todo si es un ciudadano. Pero, en cualquier caso, siempre afectará también al vecindario que se ve obligado a soportar lo que conlleva una 'okupación' en el noventa por ciento de los casos: inseguridad, altercados, violencia y la insoportable sensación de ser un imbécil que paga casa, agua y luz al lado de otro que no lo hace ni lo hará jamás. El que haya sufrido algún episodio habrá escuchado a la Policía, a la Guardia Civil o a algún concejal del ayuntamiento de marras decir cosas como: "Nosotros no podemos hacer nada" o "es triste pero la ley les protege" o "prepárese para un año o dos" o "usted denuncie todo lo que pueda, que es mejor". En definitiva y, no dudo que con la mejor de las intenciones, el mensaje es tan castizo como la expresión y la propia realidad: "Hay que joderse". Pues no. El delito ha de perseguirse de oficio.

Es buena costumbre que los políticos conozcan la realidad sobre la que legislan. No hacen falta paseos ni aperitivos audiovisuales en los bares. Basta con que hagan su trabajo y encuentren, como parece haber sucedido con la propuesta de Pablo Casado, la solución a problemas cotidianos que pueden hacer la vida imposible a cualquiera. Votemos a unos u otros, votemos o no, nos ahorraríamos muchas campañas electorales inútiles.

Si la Ley actúa por un DVD, que desalojen a los okupas sin demora.

Y hablando de desahucios y okupas, hágase ya lo propio con Maduro, que toda protesta es poca y no hay que perder una sola oportunidad. Viva Venezuela Libre. Guaidó, Presidente.

Javier Somalo, director del Grupo Libertad Digital.

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