Comprar votos es un delito

Javier Somalo

La campaña electoral de Pedro Sánchez, no se sabe si con Yolanda Díaz de número dos, ha empezado ya y con fuerza. Después de vacunarnos sin preguntar qué habíamos votado —gravísima confesión que él mismo desveló—, promete ahora pagar la fiesta de puesta de largo de nuestros jóvenes: si cumples 18 años en año electoral ven a recoger tus 400 euros para tu ocio y mi negocio.

Es el botellón electoral. Videojuegos, sí; toros, no… Quizá museos, conciertos… Pero para leer, seguro que sí. Como si para leer hiciera falta una paga. Será que la razón por la que los que no leen no leerán es la falta de dinero. ¡A 400 el voto fresco, oiga!

Antaño se ofrecía bocata y refresco a los que iban a los mítines y hasta los hubo que cobraron fama de regalar relojes. Pero recibir a los votantes primerizos con 400 euros por cabeza es mucho más sincero. Si van en un sobre del PSOE o del Gobierno de España, aún mejor. Tendrá que aclarar Sánchez si con esto pasará como con la vacuna, que no se mirará la tendencia, que no habrá que devolver los 400 si el primerizo se desvía en las urnas, que todo se termina sabiendo, o se exhibe dudoso en redes. Él nos vacunó aunque fuéramos fachas y nosotros pagamos impuestos aunque no seamos comunistas y aunque sea para que use parte de la recaudación en montar fiestas de bienvenida a los españolitos que vienen al mundo electoral.

Dice el presidente que lo hace por la industria de la cultura y del ocio. Con la cultura, pase lo que pase, siempre vamos a golpe de subvención y siempre ligada a un tipo de cultura que curiosamente coincide con el programa de un partido de izquierdas, aunque gobierne la derecha, culturalmente siempre en Babia. Al que se salga del canon se le cambia la ayuda por boicot y a seguir patrocinando entre todos lo que nos digan, que no habrá forma de oponerse. ¿Puede alguien negarse a pagar radios y televisiones públicas nacionales, autonómicas y locales? No, así que a callar, que entre todos apoyamos el cine y la cultura española y lo que sea menester como esporas que somos del Gran Ente Público y de sus múltiples hijuelos.

Y que el ocio sea negocio está mucho más relacionado con los impuestos que con paguitas públicas. Se ha visto con claridad durante la pandemia, cuando lo único que podía ayudar a bares y restaurantes era la facilidad para abrir terrazas, al estar prohibida o muy limitada la estancia en el interior. Y no hubo mejor ayuda que agilizar permisos, abaratar licencias y conceder todas las posible siempre que se cumpliera con unos mínimos exigibles que no tienen que convertirse necesariamente en tasa sino en permiso.

Las terrazas invernales de Madrid, repletas de abrigados y embozados clientes bajo esas estilizadas estufas de butano que parecen sombrillas de calor, fueron el mejor mensaje de que la buena política tiene más que ver con la voluntad que con el afán recaudatorio. Sí, es aquello de que el dinero está mejor en el bolsillo del ciudadano porque además no suele quedarse ahí sino que tiende a salir para generar más actividad económica y eso lleva a una mayor recaudación sin castigos innecesarios. Con los impuestos bajos se gana más dinero, se crea más empleo y se abren más negocios. Es algo que defienden teóricamente los salvajes neoliberales pero que también se demuestra prácticamente, por ejemplo, en Madrid y en Andalucía.

Andalucía ya se había puesto a la altura de Madrid bonificando al 99 por ciento el impuesto de sucesiones y donaciones entre padres e hijos, cónyuges y abuelos. Ahora añade una bajada considerable en favor de hermanos, tíos y sobrinos. Madrid eliminó los impuestos propios, que serían pocos pero eran, y en 2022 bajará de forma sensible el IRPF. Y el dinero que no va directamente a impuestos vuelve a circular y acaba propiciando crecimiento económico sin afectar a la recaudación. La simplificación burocrática, la seguridad jurídica y el ahorro por eliminación de impuestos contribuyen además a que se reduzca también la economía sumergida, que algunas veces lo es también por mera subsistencia, no sólo por vicio.

En ese mismo año 2022, lo que perseguirá Sánchez, y presume de ello, será todo lo contrario: marcar un máximo histórico en recaudación tributaria, y no con cualquier impuesto sino precisamente con el IRPF, el peor castigo al mayor número de personas. Si esto fuera diezmar estaríamos contentos porque no nos quitan uno de diez sino mucho más. ¿A los más ricos? Mentira. A las clases medias y medias-bajas. Así que mientras unos preparan una reducción de impuestos, el gobierno central buscará el mayor sablazo posible porque no sabe hacer otra cosa.

¿Puede llamarse Gobierno a un ente que sólo sabe gastar el dinero de los demás, que se limita a recaudar sin probar otras fórmulas de gestión? ¿Puede llamarse reactivación económica al mero hecho de recibir dinero ajeno, de los ciudadanos y de fondos europeos, para asignarlo de forma errática y encima usar una parte en captación, peor, en compra, de votos? Es lo que hace, en el mejor de los casos, el PSOE.

La pandemia acabó, además de con muchas vidas, con muchos negocios. La gestión socialista de la pandemia redondeó al alza la tragedia. Ahora que llegan los fondos hay que inventarse dónde meterlos, pero mientras, entre digitalizaciones y verdismos pueriles, nos hacen los presupuestos "más sociales de la historia", o sea, gastamos más que nunca y reservamos una partida a la compra directa de voto de jóvenes e indirecta de pensionistas y funcionarios. Los que se dejen, claro.

No está Carmen Calvo pero, en manos del PSOE, queda claro que el dinero público sigue sin ser de nadie aunque sea nuestro. Y de lo que no cabe ninguna duda es que si estuviéramos en un país serio, cualquiera diría que la paga de bienvenida a los nuevos votantes es contraria a derecho y que nadie en el Gobierno lo desconoce. Algo así como una prevaricación. Y no faltaría quien advirtiera que, además, se malgasta dinero público para un fin ajeno a su función. O sea, malversación. A mí es que todo esto me parece, sencillamente, un delito. Bueno, uno más.

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