Los separatistas y el brazo desarmado de la ley

Guillermo Dupuy

La comparecencia de Francesc Homsante el Supremo por la ilegal consulta secesionista del 9-N ha puesto por enésima vez en evidencia que la desfachatez de los separatistas no tiene límite. Por un lado, el dirigente nacionalista ha fingido no ser consciente de la comisión de delito alguno, mientras que al mismo tiempo ha desafiado abiertamente al tribunal que lo juzga asegurando: "No nos van a amedrentar".

Por mucho que Homs haya tenido la poca vergüenza de considerar que la sentencia del Tribunal Constitucional que prohibía la consulta "no estaba clara", que solicitaron una "aclaración" y que, ante la falta de respuesta, optaron por cumplir con el "mandato del Parlament", lo cierto es que las repetidas sentencias que el TC emitió contra la consulta secesionista de marras, que fueron nada menos que tres, estaban tan claras como clara era la pretensión de los separatistas de hacerles caso omiso. Ya lo había advertido Artur Mas en 2012: "No nos pararán ni los tribunales ni la Constitución". Y, ciertamente, no los pararon.

Pero el colmo de la impostura ha sido cuando Homs ha justificado su negativa a responder las preguntas del fiscal alegando que "la Fiscalía es el brazo armado del PP". Nunca un partido político ha recibido un piropo tan inmerecido como este que le ha lanzado Homs con la intención de denigrarlo. El partido de Rajoy, por ser el partido que ocupaba el Gobierno, debió haber sido el primero en denunciar los hechos con la gravedad que merecían y el primero en instar a la Fiscalía que actuase en contra de los autores. Pero no lo hizo. Lo cierto es que Rajoy –que tiene tanta o más caradura que los separatistas– tuvo la frescura de esperar tres días para comparecer ante los medios para dar luego una versión tan edulcorada y complaciente de los hechos que llegó al extremo de afirmar que la ley se había "cumplido" y que el referéndum que él dijo que no se iba a celebrar "no se había celebrado".

Ya he afirmado en más de una ocasión que quien rehúye su obligación de hacer cumplir la ley está abocado a ocultar la existencia del delito tanto como el que lo perpetra. Y lo cierto es que la versión de Rajoy respecto del 9-N, en aras de hacernos creer que la ley se cumplía en Cataluña, fue tan condescendiente que la exvicepresidenta de la Generalidad Joana Ortega no tuvo inconveniente poco tiempo después en referirse a ella para defender ante el TSJC su "sensación" de no haber hecho "nada contrario a Derecho" ni ser consciente de haber "desobedecido al TC ni a ninguna otra autoridad del Estado".

Y es que el juicio del 9-N no se lo debemos al Gobierno de Rajoy, sino a la iniciativa propia de un fiscal general del Estado –Eduardo Torres Dulce– que decidió muy poco tiempo después presentar su dimisión. Desde su relevo no se ha vuelto a procesar a ningún golpista, a pesar de las muchas y clamorosas desobediencias que se han venido repitiendo desde el 9-N de 2014. Es más, como recordaba hace poco, la Fiscalía ha retirado de forma absolutamente vergonzosa los cargos por malversación contra Artur Mas.

Si los golpistas catalanes gozan de impunidad es precisamente porque el Poder Ejecutivo ha desarmado al Poder Judicial. A la Dama de la Justicia se le personifica, no por nada, con los ojos vendados, empuñando en una mano una balanza y en la otra una espada. Si el Ejecutivo de Rajoy no se atreve a imponer por la fuerza lo que dictan las leyes y las sentencias, estas servirán para tan poca cosa como para lo que han servido hasta ahora contra quienes por confesión propia han decido emprender un "proceso de desconexión con el Estado". Y como la Justicia es también, como decían los romanos, dar a cada uno lo suyo, habrá que decir que lo de violar la ley será cosa de los separatistas, pero que desarmar a la Justicia y rehuir la obligación de hacer cumplir la ley es cosa del Gobierno de España.

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