Todos dignos de toda sospecha

Federico Jiménez Losantos
No falla: cada nuevo compareciente de la CNMV en la Comisión del caso Gescartera deja su prestigio, el que le quedase, por los suelos. Y de paso, coloca el de la Comisión un piso más abajo del sótano. El Supersecretario y Superconsejero doctrinal y práctico de la CNMV en la fallida intervención de Gescartera, Alonso Ureba, confirmó cualquier precaución, desconfianza o sospecha que sobre él se albergase y añadió unas cuantas paletadas de estiércol al maloliente cerro excrementicio que rodea al órgano supervisor desde las primeras declaraciones arrojadizas de unos contra otros.

Alonso Ureba --hermano del abogado de Gescartera, aunque haya dudas sobre quién es más abogado de los dos-- desacreditó todavía un poco más a Fernández Armesto, adjudicándole la base manuscrita de la redacción del acta que al final no reflejó lo que se discutía, que era la intervención de Gescartera. Si la participación de Armesto no se limitó a la firma sino a la preparación del pastel, queda todavía más en evidencia, pero sólo un poco más.

Y este es el asunto de fondo que Blas Calzada debería afrontar cuanto antes con el concurso de los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE, que, como hemos visto recientemente con otros tribunales y órganos supervisores, son los proveedores de material humano para estos órganos de control que no controlan nada. El desprestigio de la Comisión es tan absoluto, su descrédito tan atroz, se halla tan en entredicho ante la opinión pública y ante los inversores en Bolsa que la única solución eficaz sería la dimisión de todos y que se diera carta blanca a Calzada para proveer los cargos con gente independiente. Pero independiente de verdad, no independientes para que elija el Gobierno, como en el CGPJ.

Todo lo que no sea la limpieza y, si fuera posible, la fumigación moral de todos los rincones de la CNMV servirá para muy poco. Ya que el actual presidente cuenta con la aceptación general, debería conferírsele un mandato para cambiar de arriba abajo la CNMV. Es lo que le conviene incluso al Gobierno, pero como Rato, Montoro y el propio Aznar están actuando testarudamente contra su propio interés político desde que estalló el Caso Gescartera, es improbable que lo haga. En este desdichado asunto todos están bajo sospecha, unos por corruptos y otros por tontos. Sin que, obligatoriamente, una cosa excluya a la otra.
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