El Supremo nos niega hasta el derecho a la injusticia

Federico Jiménez Losantos

Una decisión, dividida o despiezada, de la que ha hecho méritos más que suficientes para llamarse Sala Dolores Delgado de lo Tendencioso Administrativo (o Bar del Balta y la Lola), ha negado el derecho a pedir justicia contra los golpistas catalanes de los partidos políticos opuestos a la rebelión de la Generalidad, de los diputados catalanes que se le opusieron en el Parlamento regional, de entidades como Convivencia Cívica Catalana y de los que, como simples ciudadanos, han buscado el amparo de la Ley.

Esa Sala, en abierta negación del orden constitucional, ha negado la legitimidad para pedir justicia de partidos políticos que representan a once millones de españoles, de los diputados que, en el parlamento regional, se opusieron al golpe, y de los ciudadanos corrientes que les pagan el sueldo, aunque, los pobres, no pueden garantizarles el ascenso. No es que esa Sala haya tomado una decisión injusta. Es que prohíbe a los españoles hasta el derecho a la injusticia. El Supremo ha alcanzado la suprema indignidad.

Una justicia cada vez más bolivariana

La demolición de las democracias liberales en Iberoamérica sigue el patrón de la Venezuela de Chávez que trato en La vuelta del comunismo. Desde dentro de las instituciones, a través de oenegés y fiscalías especiales, de tribunales ideológicos asociados a la imposición de una Memoria oficial, de reivindicaciones indigenistas, feministas, ecologistas o animalistas, se destruye la idea de ciudadanía basada en la igualdad ante la Ley, y de los derechos humanos, siempre individuales, en favor de supuestos derechos colectivos, ancestrales, de género, históricos o ambientales.

El fruto es una maraña institucional que es a la vez el Estado y su negación, la abolición de la Ley y la imposición del permiso, sin Ley de Leyes o Constitución que garantice su coherencia y continuidad. Si los comunistas (porque son comunistas, no, como dicen las mafias mediáticas, populistas, radicales, ecologistas o indigenistas) llegan al Gobierno, actúan como si siguieran en la oposición. De hecho, gobiernan contra ella y contra los sectores de la sociedad que se les opongan, porque el Gobierno es sólo un escalón para alcanzar el Poder absoluto, totalitario. En Perú y Argentina, países muy distintos, se vive idéntico abuso de poder. En Chile, se admitió una constitución nazi-soviética, en la que la voluntad del pueblo, expresada en el Partido, es perpetuamente constituyente. Ya no existe la Ley en Chile.

¿Es distinto el caso de España? Cada vez menos. Y en algunos ámbitos, como el de la Fiscalía, no hay diferencia, por ejemplo, con la fiscalía del Perú, que cuida las espaldas jorobadas de Sombrero Luminoso. De hecho, fue a las elecciones y se proclamó vencedor gracias a la forma torticera en que se aplicó la Ley antes, durante y después de las elecciones. ¿Qué diferencia hay entre Dolores Delgado, Fiscal General del Estado en España, y su homóloga en el Perú? Que la peruana desaparece de los casos complicados para el Ejecutivo y la española aparece en todos los casos que a toda costa quieren sacar adelante el Gobierno o sus socios. La de Lima peca por ausente y la de Madrid, por omnipresente. Mejor la de Lima. Zoraida Ávalos se desvanece antes los casos comprometidos. Dolores Delgado se entromete incluso en los menos complicados. Mejor Zoraida.

El salón-comedor de lo tendencioso-administrativo

Muchos jueces de lo contencioso-administrativo del Supremo, se han echado las manos a la cabeza viendo a una sala de los suyos declarando no legitimados para pedir justicia a partidos políticos o simples ciudadanos. No hay ley que pueda negar la posibilidad de pedir Justicia en un tribunal superior. Aunque exista el remoto precedente técnico de Eligio Hernández, otro fiscal general del Estado al servicio particular del gobierno del PSOE, es evidente la gravedad del golpe de Estado en Cataluña y el daño que su parcial impunidad legal ha causado en el orden político y en los derechos civiles de los ciudadanos españoles de Cataluña, sujetos a una permanente vulneración de sus libertades por las mismas entidades golpistas de 2017.

Hay que estar muy ideologizado o muy encanallado para declarar no legítimos a los partidos, entidades cívicas y ciudadanos que piden justicia. Porque, insisto, lo que ha negado el Salón-Comedor Dolores Delgado, con la fiscalía al frente, es la legitimidad de pedir justicia contra los golpistas.

No es la primera vez que una Sala de lo Contencioso del Supremo se convierte en Salón-Comedor y sirve su famoso pato laqueado politizado. La última, un plato especial en honor a la deidad local, la Lola del Balta. La declaró perfectamente elegible para el cargo por acreditar sobradamente la independencia y apartidismo que legalmente debe tener el Fiscal General. ¿Cómo puede dudar nadie de la imparcialidad de una señora que acaba de ser ministra de Justicia del Gobierno, es diputada del partido del Gobierno, ha dado mítines, en el escaño y en la calle, en favor del Gobierno y que, tras acreditar en todas sus actuaciones un sectarismo apenas matizado por su ignorancia, se exhibe públicamente con un juez expulsado de la carrera por prevaricación y que es el principal abogado del cartel de los Soles, o sea, el Gobierno venezolano, la mayor banda narcotraficante del mundo?

Había otra razón para declarar a Delgado inelegible para el cargo. Impulsado por ella, el teniente fiscal Navajas negó a los españoles la mera posibilidad de demandar al gobierno por los daños sufridos por el Covid19. Pese a las clamorosas improvisaciones del Gobierno Sánchez, que negó al principio el virus para convocar el 8M, siguió negando la necesidad de mascarillas, prosiguió sin comprar vacunas, y, tras intervenir ilegalmente Madrid, acabó entregando sus competencias a las comunidades autónomas, hete aquí que Delgado, la Lola del Balta, la ministra de Sánchez, la novia del Abogado del Narco, les niega a los españoles, a través de uno de tantos profesionales dispuestos a lo que sea para coronar una carrera en el guano, el derecho a demandar al Gobierno por una serie de incompetencias que se saldaron con la muerte de 140.000 ciudadanos. Muchos, de forma atroz.

De Zoraida Ávalos a Dolores Delgado

Pero todo el mundillo judicial sabe que Delgado tiene en el área de lo Contencioso-Administrativo del Supremo una zona liberada, como las de los narcos en la selva. Y que allí reina la Ley de Acomodamiento al Gobierno Sánchez. Se demostró en el asalto a la tumba de Franco, cuando obligaron por unanimidad a la familia a enterrarlo donde dijo el Gobierno. Semejante atrocidad con los vivos y los muertos no se había producido en España ni siquiera durante las guerras carlistas, sucesión de atrocidades. Ya dediqué entonces uno de estos comentarios a aquella fechoría, que además firmaron jueces muy píos, del Opus Dei, escupiendo al hombre que más ha hecho por los católicos españoles desde que llegó aquí el mensaje cristiano.

¿Qué diferencia, pues, a una fiscal bolivariana de cualquier país bajo la férula comunista, por ejemplo, esa del Perú con el suntuoso nombre de Zoraida Ávalos, de la garzoniana y cantaora Dolores Delgado, La Lola?

Cuesta admitir que, por mucho que uno busque, prácticamente nada

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