El símbolo desaparece, la institución continúa

Federico Jiménez Losantos
Enrique Sarasola ha muerto cuando aún no había pasado un año de su comparecencia en el juicio por las abundantes y multimillonarias irregularidades en Caso de las Torres de KIO, que desembocaron en la declaración de culpabilidad de los Albertos pero en su absolución por “prescripción” del más grave de sus delitos. Sarasola había actuado, una vez más, como “conseguidor” ante La Moncloa y como “intermediario” o comisionista por esa función en una de las operaciones más desvergonzadas de las muchas que se realizaron en el mundo bancario bajo la presidencia de Felipe González: el trueque de unos terrenos en la Plaza de Castilla, ventajosamente recalificados, por un paquete de acciones del Banco Central que debían facilitar su “toma” por los Albertos. Se trataba de una operación a imagen y semejanza de la de Conde y Abelló en Banesto, pero sustituyendo la audacia financiera por la desvergüenza política. Los Asiaín y Toledo (Bilbao y Vizcaya), banqueros de confianza del felipismo (también lo fue Miguel Boyer en el abordaje contra Escámez), fallaron en su asalto a los grandes bancos nacionales —Banesto, Central, Hispano— pero en su lugar aparecieron aventureros como Conde, De la Rosa, o los primos Cortina y Alcocer, que aspiraron a casi todo arriesgando casi nada, gracias a las corrompidas costumbres de una clase política más caribeña que europea.

Sarasola, un hombre hecho a sí mismo pero mayormente en Colombia, representaba perfectamente la “caribeñización” de nuestra vida pública. Sus únicos avales eran ser del PSOE y de González, pero le bastaron para hacerse multimillonario entre escándalo y escándalo, juicios y más juicios. Al lado de Sarasola, hasta Jesús Gil era un financiero escrupuloso, pero el favor político y ciertas mañas adquiridas en los anchísimos márgenes de la legalidad iberoamericana le permitieron evadir la cárcel una y otra vez. Su mayor enemigo fue Juan Tomás de Salas, desaparecido también recientemente, a quien ayudó en la creación de Cambio 16 y con el que rompió por motivos políticos y personales, cuando el Grupo 16 se convirtió en el primer ariete de las denuncias contra la corrupción felipista. Pocos años después, su “bestia negra” fue en exclusiva Pedro Jota Ramírez, precisamente el director que hizo importante a su “Diario 16”, pero antes Salas llegó a acusar a Sarasola de relaciones con el narcotráfico colombiano. Ahí queda la publicación de una foto del amigo de González en el Hotel Palace en la célebre noche del 28-0 del 82, acompañado por uno de los más famosos “señores de la coca”. Pero ni fotos ni datos consiguieron derribar a un hombre más allá del alcance de la Justicia española, como el propio Felipe González.

“Pichirri” Sarasola se convirtió en un símbolo de los “pelotazos” a la sombra del PSOE, sin que las comisiones multimillonarias cobradas por su intermediación en el negocio de armas, las operaciones financieras o las aventuras americanas de las empresas públicas españolas tuvieran clara desembocadura, pese a lo nítido de su origen. Su desaparición física podría hacernos creer que, con el hombre, queda relegada al recuerdo, y muy pronto al olvido, su función. Es decir, que con la salida de González de la Moncloa, el “sarasoleo” o el “sarasolismo” habrían desaparecido de la vida nacional. Nada más lejos de la realidad. Incluso antes del 96, Juan Villalonga fue contratado como “conseguidor” (“door opener”, en la cursi angloparla financista) ante Aznar. Y, sobre todo, Pedro Arriola ha supuesto la actualización modificada de esa forma de lotería que siempre le toca a quien puede exhibir una indudable cercanía personal al presidente del Gobierno. Esa cercanía, a efectos de los grandes negocios que necesitan el “placet” político, es un grado muy superior al de la veteranía en la milicia. Que la muerte de Sarasola coincida con el estallido del caso Arriola no es casualidad sino, más bien, una prueba casi institucional de continuidad.

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