Disolver las fiscalías especiales

Federico Jiménez Losantos
Es incomprensible que el Ministerio de Justicia no haya disuelto, como aconsejó el mismísimo Fiscal General del Estado, ese foco de corrupción y politización de la acción pública que es la Fiscalía Anticorrupción. Es sencillamente intolerable que no haya disuelto ya, sin más dilación, la Fiscalía de Menores, pieza clave en esa continua afrenta a la ciudadanía que es la Ley del Menor.
 
Es posible, aunque indeseable, que los cambios legislativos deban esperar a las elecciones de marzo. Desde luego, mucha confianza muestra Michavila en su futuro cuando tanto fía a la continuidad de su persona o de su política. Pero hay un escándalo permanente que es incompatible no ya con una buena política sino con la más mínima sensibilidad ciudadana, y son los crímenes perpetrados diariamente al abrigo de la Ley del Menor. Esos crímenes se producen ante la pasividad o con la complicidad de una Fiscalía de Menores que debe ser al tiempo protectora y represora de sujetos que, al margen de su edad, suelen ser ladrones, violadores y asesinos desalmados, que utilizan como fondas los centros de internamiento previstos para que no delincan. Y por si la ley no les atara bastante las manos, ya se las atan solos estos fiscales especiales cuya figura más conocida es el infausto Javier Urra, que se hizo tristemente célebre como Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid... siempre que el menor fuera delincuente. Al menor víctima del menor delincuente, ni caso.
 
El informe publicado por Libertad Digital sobre las fugas sistemáticas de los supuestos centros de internamiento de esos delincuentes menores de edad, que son menores en muchos casos sólo por la favorable "recalificación" que hicieron los progres de su edad, cumplidísima para violar y matar, es una afrenta a todos los ciudadanos que pagan con sus impuestos ese monumento a la impunidad del delincuente. Es asombrosa la facilidad con que la demagogia de la Izquierda ha permeado el discurso oficial de la Derecha sobre la posibilidad de meter en la cárcel a estos delincuentes no por jóvenes menos peligrosos, sino más, y el empeño en mantener abiertos esos centros de recreo donde tienen aterrorizados a sus vigilantes y de donde salen cuando y cómo les da la gana.
 
Y esa situación insostenible, que requiere su reconversión en cárceles de verdad o su cierre es inseparable de la existencia de la Fiscalía de Menores, cuyo sectarismo y descontrol ha llegado hasta el extremo, públicamente denunciado y por nadie desmentido, de amenazar a la madre de Las Rozas que grabó los malos tratos que una desalmada doméstica infligía a sus hijos, porque dicen Urra y su cuadrilla, peritos en amedrentar medios de comunicación, que pudo utilizar indebidamente la imagen del menor. ¿Cabe mayor aberración? ¿Cómo le explicará a sus hijos el ministro Michavila que en una situación así su papá el señor ministro proteja a los malos y no a los buenos? La situación es tan siniestra que hay que recurrir ya a estos ejemplos para ver a qué disparates conduce la sumisión de la Derecha a las situaciones de hecho establecidas por la Izquierda. Y ya que estamos en época electoral, que sepa el Gobierno del PP que contribuye más a la sensación de creciente inseguridad ciudadana una actuación como la de la Fiscalía de Menores en el caso citado o la subsistencia de la Ley del Menor que veintisiete atracos a joyerías. Antes de Marzo debería disolverse la Fiscalía de Menores y después de Abril la Fiscalía Anticorrupción. Si Michavila no quiere hacerlo por España, hágalo por sus niños. Se lo agradecerán.
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