Contra el oligopolio

Federico Jiménez Losantos
La iniciativa de Álvarez Cascos que trata de romper el oligopolio de las grandes empresas constructoras para acceder a las concesiones de obra pública es, políticamente hablando, una noticia agradable. Debe a cambio vencer problemas técnicos de tipo financiero bastante complejos y también debe hacer frente a una posición de desconfianza, sin duda bien provista de argumentos, como los que exhibe Cristóbal Montoro desde el Ministerio de Hacienda. Vaya por delante que ambos, Fomento y Hacienda, hacen lo que se espera de ellos, incluso que Cascos y Montoro actúan de acuerdo con su carácter. Pero sus propuestas son tan diferentes que necesariamente hay que tomar partido. Y yo creo que quien más apoyo merece es Álvarez Cascos.

Es verdad que la solvencia financiera, la seguridad económica para los grandes proyectos parecen garantizarla sólo las grandes empresas. Pero no es menos cierto que esas tres o cuatro grandes se reparten de antemano las grandes obras por un sistema que funciona así: "tú no te presentas en Asturias y yo te dejo Jerez, éste no va a lo de Sagunto y yo tampoco voy a lo de Murcia, pero me dejáis Guadalajara y a cambio no presento en Santander". Resultado: un oligopolio de media docena de firmas, estrechamente ligado al poder político nacional, autonómico y municipal, copa desde hace un cuarto de siglo la obra pública española encareciéndola y, luego, subcontratándola a las empresas medianas y pequeñas, que son las que hacen el trabajo.

Es verdad que la solvencia de Entrecanales o FCC no la tiene Pérez o Martínez, pero no es menos cierto que el mérito esencial de las grandes firmas son los padrinos y el respaldo bancario, factor clave, mérito esencial que resulta menos meritorio cuando el propio banco tiene parte en la propiedad de la constructora. Y eso sucede muy a menudo.

Probablemente no pueda enfrentarse del todo un sistema, el oligopólico, con el más democrático, pero sí debe ser posible un acuerdo que concilie los dos sistemas de trabajo que, por otra parte, son perfectamente conciliables en la ejecución. Es preciso un debate que se refiera al fondo del asunto, incluidas la picaresca y la corrupción, aunque se centre en la eficacia y la solvencia como principios superiores. Pero así, de pronto, lo de Cascos en las obras públicas nos parece superior. Al menos ligeramente superior a la doctrina Montoro del "más vale malo conocido". Al malo, lo que queremos es perderlo de vista. O verlo lo justo, nada más.
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