Chantajistas subvencionados

Federico Jiménez Losantos
Es intolerable la matonería que a propósito de la cacareada Huelga General vienen exhibiendo los Secretarios Generales de UGT y Comisiones Obreras, en particular el borroso Fidalgo, que ha decidido convencernos a todos y de paso a sí mismo de que manda en el sindicato. Pero tampoco Cándido Méndez, el por lo común simpático émulo del Oso Yogui, le anda a la zaga en eso de ahuecar la voz y asustar a los niños que han llegado a ministros.

Pues bien, va siendo hora de recordar a estos chantajistas subvencionados, tan añeja y profesionalmente de izquierdas, lo que tanto le recordaron a Manuel Fraga: que la calle no es suya. Y que su amenaza de paralizar por la fuerza la vida económica y social de un país de la Unión Europea en el año 2002 es una pretensión de mafiosos con ínfulas totalitarias que España ni puede ni debe admitir. Ya es hora de terminar con esa forma socialmente aceptada de extorsión que constituyen estos sindicatitos artificialmente engordados en el pesebre presupuestario, a los que casi nadie se afilia y en los que nadie paga sus cuotas, salvo alguno de los infinitos “liberados” que viven sin dar golpe más que en algún piquete y siempre a costa del contribuyente, al que además, con la complicidad del Gobierno, se permiten agredir.

Ni Méndez ni Gutiérrez tienen razón para perpetrar una huelga general contra más de cuarenta millones de personas. Pero es que, aunque la tuvieran, de ninguna forma puede concedérseles legitimidad para hacerlo. El monopolio de la violencia en un régimen democrático lo tiene en exclusiva el Estado y los grupos que se enfrentan a él organizadamente tienen o deben tener en todo el mundo civilizado trato de bandas callejeras u organizaciones terroristas. Si todavía en algunos países europeos, bien por ser brazos propagandísticos de frágiles gobiernos de izquierdas, bien por haberse convertido en poderes y casi gobiernos paralelos a lo largo de la guerra fría son capaces de paralizar un país, allá el país. En el nuestro, que tiene la mejor situación económica del último cuarto de siglo, que vive el mejor período de creación de empleo en decenios, que no ha dado nunca trabajo fijo legalmente y con protección social a tanta gente como ahora, una modesta y razonable reforma de las condiciones para cobrar el seguro del desempleo no es argumento suficiente para una Huelga General ni para nada. De hecho, nada habían hecho hasta ahora contra este Gobierno que tan gentilmente los ha tratado y tan generosamente los ha alimentado. ¿Por qué empezar ahora? ¿A qué viene esto?

Pretender ponerse por encima del Parlamento y afrentar al Gobierno de la Nación con una violenta verbena de piquetes precisamente el día en que termina la presidencia española de la Unión Europea es un gesto de sectarismo abyecto, de falta de patriotismo o de educación y, ante todo y sobre todo, un desafío a la legalidad vigente que el Gobierno no puede aceptar. Probablemente una dieta de sobornos –falsos cursos de formación, forcenes, sicilianas “peonás”– sería un argumento inteligible por estos obesos sindicatos, tan verticales en su financiación como los de Franco pero horizontalmente hechos a la violencia impune. En todo caso, debe dárseles exactamente el mismo trato que a los movimientos antiglobalización, de los que forman parte, y que no son sino movilizaciones de nostálgicos del Gulag y despistados crónicos contra los gobiernos legítimos y los derechos ciudadanos de los países liberales y democráticos a cuyas expensas viven. Si la amenaza no les sale gratis, seguramente la cancelarán. Y si no lo hacen, hay que evitarla de raíz. No hay violencia tolerable ni terrorismo callejero sin importancia. Déjese el Gobierno de “diálogo” vacuo y palabrería “social”. Recurra a la información y a la policía, que para eso están. Porque querrán fastidiar a Aznar por politiquería, pero a quienes atacan es a los ciudadanos. Y eso sí que no se debe tolerar.

¿Para cuándo una Ley del Derecho de Huelga?
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