¿A qué tienen miedo los políticos?

Federico Jiménez Losantos
1: España vive del turismo. 2: El turismo quiere seguridad. Y 3: La inmigración ilegal en la Comunidad Valenciana amenaza la seguridad del turista y, por tanto, la prosperidad de la región. La consecuencia lógica que se deriva de estas premisas es que las autoridades políticas y administrativas de la Comunidad Valenciana están trabajando a toda prisa y sin contemplaciones por eliminar este problema antes de que se haga de dominio público, alarme a los turistas que tienen casa de alquiler, se larguen a otra parte del mundo más segura y el desastre no tenga remedio.

Sin embargo, la extraordinaria información que la revista EPOCA publica sobre la “okupación” de segundas viviendas por inmigrantes ilegales en determinadas zonas de la costa levantina acredita una inacción tan incomprensible como preocupante por parte de los responsables. La discreción se entendería, porque hay que evitar el escándalo. Pero la falta de reacción es, sencillamente, suicida. Y los datos sobre las distintas modalidades delictivas que está tomando esta delincuencia relativamente “tolerada” muestran que el problema es indudable y de importancia creciente.

Dos obstáculos se oponen a la lógica y necesaria represión de esta modalidad delictiva. Uno, de tipo técnico, es la inadecuación de las dotaciones policiales a los pueblos que en invierno se quedan con una muy pequeña parte de la población veraneante y reducen la plantilla de agentes o guardias, que se refuerza en verano. Aquí hay que recordar que la propiedad privada no se toma vacaciones. Y que la policía no puede abandonar esa protección de la institución esencial en una economía y una sociedad libres. Pero hay otro obstáculo, que cada día se ve más claro y resulta más preocupante: la parálisis de los políticos españoles ante los desmanes de los magrebíes y musulmanes en general, para que no los tilden de “intolerantes” los progres de turno y las ATIMES de guardia. Lo han demostrado ya Gallardón y Pujol. Sería muy lamentable que Zaplana se sumara a esta recua de irresponsables políticos dispuestos a meter a España en una situación terrorífica con tal de evitarse un titular feíto o un editorial de “El País” y demás medios “progres”, estúpidos custodios de todos los dislates contra la tradición cristiana y la integridad nacional española siempre que tengan patente de progresía tercermundista.

Si no por virtud, al menos por conveniencia, Zaplana debería acordarse de cuando era alcalde de Benidorm y acabó con los cacos en la playa. Pues los cacos han vuelto. Y los bañistas están a punto de vender el chalé.


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