Gibraltar

Una roca en el zapato

Emilio Campmany

La airada reacción del Gobierno español al levantamiento de un dique artificial por parte de las autoridades gibraltareñas ha constituido una agradable sorpresa. Al fin, un Gobierno español se decide a responder con hechos a las provocaciones británicas. Sin embargo, preocupan varias cosas. La primera es que el Gobierno se ha lanzado a desencadenar una crisis internacional en un momento de extrema debilidad. Cabe la sospecha de que, al estilo de una república bananera, el Gobierno esté tratando de aminorar su desprestigio enfrentándose con fingida gallardía a un enemigo exterior contra el que podría reunir muchos apoyos, especialmente entre sus votantes, mayoritariamente partidarios de una política de firmeza. Aunque también es cierto que el momento podría ser propicio por existir un agrio enfrentamiento entre Gibraltar y Londres a cuenta del propósito de David Cameron de que los residentes en las islas que utilicen los servicios de las casas de apuestas online con sede en Gibraltar paguen impuestos. No debe olvidarse que el juego en internet constituye el 15% del PIB de la colonia.

No parece por lo demás inteligente esgrimir normas medioambientales para oponerse a la construcción del dique. Gibraltar no tiene derecho a arrojar esos setenta bloques, desde luego, pero no por estar violando ninguna legislación verde, sino por la sencilla razón de que lo está haciendo en aguas territoriales españolas sin el permiso de nuestras autoridades. Gibraltar no tiene soberanía sobre el mar circundante porque el tratado de Utrecht hace de él una propiedad de la Corona británica, que es cosa distinta a ser un territorio de soberanía británica. Que España esté obligada a permitir el libre acceso de navíos al puerto de Gibraltar no significa que las aguas que lo rodean sean de su soberanía. Recurrir a lo verde puede estar bien para congraciarse con la opinión pública, pero hay que tener en cuenta que Londres nunca se permitirá dar marcha atrás por imponérselo una ley española. Le sería más fácil hacerlo admitiéndose obligado por un tratado internacional vigente suscrito por Gran Bretaña. Ahí es donde debería dar la batalla el Ministerio porque es donde por principio hay que darla y porque es donde es más fácil ganarla.

Pero, más allá de las cuestiones jurídicas, no estoy seguro de que el Gobierno haya medido bien sus fuerzas. Si los ingleses se deciden por la escalada, Santa Cruz necesitará, dentro y fuera, apoyos. Ya no podemos conformarnos con menos que no sea lograr que los ingleses retiren o costeen la retirada de los bloques que arrojaron. Carecemos, que yo sepa, de apoyos exteriores. Y, dentro, los medios de izquierda ya están acusando al Gobierno de chovinismo, intransigencia y estar dañando la economía del campo de Gibraltar. Y peor que no hacer nada es salir derrotados de la crisis.

Al fin, García-Margallo no se ha limitado a fanfarronear y en este asunto ha pasado a los hechos. Esperemos que no sea sólo un subidón de testosterona y sí la consecuencia de una firme y calculada decisión de llegar esta vez hasta el final. Crucen conmigo los dedos.

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