Una Cámara ilegal

Emilio Campmany

La recién estrenada presidenta del Congreso ha pospuesto a un momento posterior a las elecciones del próximo domingo la decisión acerca de si la Mesa del Congreso debe o no suspender a los diputados golpistas. La decisión tendría algún sentido si las normas dejaran algún margen a la interpretación. No hay tal. Lo que pretende el PSOE es posponer la resolución a un momento en que no pueda perjudicarle electoralmente. Los socialistas pretenden agarrarse a que, tratándose de una decisión de la Mesa, como el mismo Supremo ha reconocido, debe ser votada. Y si ha de ser votada será porque se puede votar lo que se quiera. Y si se puede votar lo que se quiera será porque se puede votar en contra de la suspensión. Que es lo que ellos quieren hacer. Pero quieren hacerlo después de las elecciones del próximo domingo. Si no fuera así, considerando lo mucho que les beneficiaría electoralmente fuera de Cataluña suspender a los diputados presos, acusados de rebelión, lo habrían hecho la misma tarde del martes amparados en la claridad con la que se expresa el Reglamento del Congreso.

El PSOE de Sánchez es lo que es, una sucursal del PSC, y poco se puede esperar de él. Por eso carece de sentido exigir a Ciudadanos (o al PP) que apoye su investidura. La disposición del PSOE a favor de la autodeterminación del supuesto pueblo de Cataluña no es una necesidad aritmética, sino una convicción estratégica.

La cuestión es qué harán Ciudadanos y PP. Mientras Junqueras y el resto de delincuentes golpistas sigan siendo diputados plenos, el Congreso tendrá miembros en situación ilegal. Que su situación procesal les impida votar no obsta para que el hecho de que tengan derecho a hacerlo sea groseramente ilegal. Y, claro, todo lo que esa cámara decida mientras tanto lo será también. No pueden esos dos partidos conformarse con perder una votación en la Mesa. No se vota la incursión en una circunstancia que hace que algunos miembros de la cámara no tengan derecho a ejercer como tales. O lo tienen o no lo tienen, con independencia de lo que diga el PSC. Junqueras y los otros tres golpistas, como Romeva en el Senado, no tienen derecho, hasta que sean absueltos, si es que llegan a serlo, a representar al pueblo español en las Cortes. Lo dice la Ley. Y lo dice con una claridad meridiana:

El Diputado quedará suspendido en sus derechos y deberes parlamentarios: (…) 2º) Cuando, (…) firme el Auto de procesamiento, se hallare en situación de prisión preventiva y mientras dure ésta.

Y encima a la norma le sobra justicia, porque sólo faltaba que pudiera representar en las Cortes al pueblo español aquél que está procesalmente acusado de querer destruir la nación que es patrimonio de ese pueblo. Aquí, el haber perdido las elecciones no justifica ninguna cobardía. No pueden los diputados del PP y Ciudadanos colaborar con la ilegalidad participando en la investidura de Sánchez como presidente del Gobierno por una cámara que reconoce como miembros plenos de la misma a cuatro diputados que legalmente deberían estar suspendidos. Es la Ley, que es precisamente el principal instrumento con el que combatir al independentismo.

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